Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio se concentraron en San Juan
El Pleno aprobó una moción alternativa relativa a la aplicación de cláusulas sociales en los contratos administrativos
- MARÍA JOSÉ ATIENZA
- IRUN
Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), se concentraron el miércoles por la tarde en la plaza de San Juan, minutos antes de acudir al Pleno, donde tomaron la palabra en el turno de ruegos y preguntas y tras la presentación de una moción relativa a la aplicación de cláusulas sociales en la contratación administrativa. El SAD es un servicio que, a través de una subcontrata, el Ayuntamiento presta a personas con dependencia o riesgo de dependencia, que han sido previamente valoradas por los servicios sociales municipales. Este servicio está sujeto a un copago marcado por ley, por parte de los usuarios.
La moción, presentada de urgencia por el sindicato ELA, a través de SPI y EH-Bildu, pedía garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores subcontratados, mediante la subrogación en caso de cambio de empresa; la aplicación, como mínimo, del último convenio provincial del sector y la necesidad de prever sanciones para las empresas que no cumplan con las dos claúsulas mencionadas.
El equipo de Gobierno, ante las dudas jurídicas que le planteaba el texto de ELA, presentó una moción alternativa, que fue la finalmente aprobada. En dicha moción, se señala que el Ayuntamiento de Irun ha sido «pionero en materia de cláusulas sociales, introduciéndolas desde 2003». En la actualidad, «se está elaborando un borrador de Instrucción en la aplicación de cláusulas sociales» y, una vez entregado éste a los grupos municipales, «el Ayuntamiento se compromete a abrir un periodo de consultas con los agentes sociales, de cara a incorporar sus consideraciones».
Tanto los portavoces de SPI y EH Bildu como las trabajadoras del SAD, mostraron su desacuerdo con el rechazo a la moción de ELA, entre otros motivos porque ha sido aprobada en varios ayuntamientos.
Situación actual del SAD
Una de las empleadas del servicio tomó la palabra en el turno de ruegos y preguntas. «Hemos luchado durante muchos años para tener unas condiciones de trabajo dignas», dijo. «Ahora resulta que no hay horas suficientes para trabajar y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos que, desde Servicios Sociales, se ofrecen empresas privadas, que realizan el servicio a precios más atractivos, sin aplicar convenio alguno, con dudosas condiciones de trabajo y de capacitación profesional».
Las trabajadoras acusaron al Ayuntamiento de «fomentar la precariedad laboral» y emplazaron a la institución «a que haga una apuesta real por este servicio y no lo deje morir de forma vegetativa».
El delegado de Bienestar Social, Sergio Corchón, intervino para explicar la situación actual del SAD, un servicio en el que intervienen ayuntamientos y diputaciones y que «está perdiendo usuarios en toda la Comunidad Autónoma Vasca».
El Ayuntamiento de Irun «lleva muchos años prestando este servicio», añadió Corchón. «Cuando se aprobó la Ley de Dependencia, en 2006, se regularon una serie de prestaciones para las personas solicitantes, tras una valoracion técnica de dependencia. Para los Servicios Sociales es de obligado cumplimiento informar a los usuarios de los servicios que ofrece la ley. En la práctica, ocurre, por desgracia, que las personas usuarias prefieren acceder a los recursos de la Ley de Dependencia y gestionar su atención de manera más autónoma, ya que pueden contratar a empresas del sector, que están homologadas y que ofrecen tarifas más baratas que las del SAD».
Corchón señaló que la situación actual del SAD «invita a una seria reflexión, preocupa a los ayuntamientos y diputaciones, porque es un servicio de vital importancia y lo vamos a abordar en la mesa interinstitucional de los Servicios Sociales de Gipuzkoa».
El delegado de Bienestar Social aseguró que el Ayuntamiento de Irun «tiene claro que el SAD es uno de los servicios más valiosos que tiene. Es de sentido común precuparse por este servicio. Tenemos un SAD con unas condiciones reflejadas en un contrato y un contrato en vigor no se puede rescindir. El análisis lo estamos haciendo y lo haremos cuando toque renovar el contrato, con el argumentario derivado de la mesa interinstitucional y entendiendo que la situación ha cambiado a partir de la Ley de Dependendencia».
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