El Ayuntamiento de Irun podrá personarse como acusación contra los hurtos multirreincidentes para "acabar con la impunidad en las calles"
El Consistorio irunés ejercerá la acusación particular contra los ladrones multirreincidentes y dotará a la Policía Local de acceso directo al registro judicial SIRAJ para agilizar las medidas penales y atajar la delincuencia en la calle.
El Ayuntamiento de Irun ha diseñado una nueva estrategia penal y policial para combatir la multirreincidencia delictiva en la ciudad. La alcaldesa, Cristina Laborda, ha anunciado este miércoles que el Consistorio ejercerá "la acusación particular en los casos de hurtos continuados", una medida que se complementará con el acceso directo y excepcional de la Policía Local al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). Con este doble paso, la administración local busca "dotar de mayor seguridad al espacio público", protegiendo especialmente "al comercio y a la hostelería frente a la reincidencia delictiva".
Acceso excepcional al registro judicial SIRAJ
La primera de las medidas operativas consiste en la incorporación de la Policía Local de Irun al sistema informático SIRAJ, una base de datos del Ministerio de Justicia que permite consultar "de forma inmediata los antecedentes penales, las medidas cautelares y las órdenes de alejamiento vigentes sobre un individuo". Laborda ha recordado que el acceso a esta herramienta estatal "está reservado por norma general a municipios con más de 75.000 habitantes, un umbral que la localidad irundarra no alcanza al contar con unos 64.000 vecinos censados".
Sin embargo, el Gobierno de España ha autorizado finalmente esta incorporación tras estimar "la petición de excepcionalidad" que la propia regidora trasladó personalmente al secretario de Estado de Justicia hace unos meses. El argumento "clave" para lograr esta validación ha sido "la singularidad transfronteriza del municipio", caracterizado por una alta movilidad y un volumen de personas de paso que eleva sustancialmente la actividad real de la ciudad por encima de sus registros demográficos habituales. Desde el ejecutivo local se defiende que este recurso resultará "fundamental para agilizar los procedimientos policiales y perfeccionar la redacción de las diligencias" que se remiten diariamente a las autoridades judiciales.
Personación municipal como acusación penal
Más allá de la mejora en la recopilación de información, el Consistorio irundarra ha decidido explotar las posibilidades que ofrece la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A través de un contrato específico recién aprobado, el Ayuntamiento de Irun "se personará formalmente en los juzgados para ejercer la acción penal" en aquellos procedimientos donde se identifique un patrón claro de multirreincidencia en hurtos de carácter agravado.
Esta vía judicial no se utilizará de manera indiscriminada, sino que se reservará para aquellas situaciones que generen una especial alarma social. La alcaldesa ha detallado que, "tras analizar la situación actual junto a los mandos de la Ertzaintza y de la Policía Local, ya se han detectado entre cuatro y cinco perfiles activos en la ciudad sobre los que se podría actuar de forma inmediata" bajo esta nueva fórmula de acusación pública. La implicación municipal pretende salvar la falta de continuidad que se produce cuando las víctimas particulares deciden no denunciar o no personarse en el juzgado, "asumiendo la institución local ese papel para garantizar que los delitos continuados no queden sin sanción penal".
Medidas de alejamiento para proteger el espacio público
El objetivo final de este despliegue jurídico es "lograr resoluciones judiciales más contundentes" que superen el marco de la simple sanción económica administrativa, abriendo la puerta a la aplicación de penas privativas de libertad o a la imposición de órdenes de alejamiento. Estas restricciones de movimiento, contempladas por el marco legal actual para los delincuentes reincidentes, podrán aplicarse tanto para proteger a comercios específicos que sufran robos constantes como para restringir el acceso del infractor a barrios concretos o a la totalidad del término municipal de Irun.
Laborda ha insistido en que "la seguridad y la convivencia pacífica constituyen la prioridad central de su mandato", por lo que continuará exigiendo "todos los recursos técnicos y policiales necesarios a las distintas administraciones", incluyendo una mayor presencia y refuerzos de patrullas de la Ertzaintza en las calles de la ciudad.
