IRUN
La solución para los vecinos de Aguerre se presentará en 15 días
El Pleno aprobó crear una mesa de trabajo «que acabe con la incertidumbre». El Gobierno convocará un encuentro en el plazo de dos semanas «con una propuesta de solución para su debate entre todas las partes»
28.02.14 - 00:11 -
Ya no se creen nada, pero se sienten obligados a intentar que alguien les dé una solución. Llevan 40 años viendo como diversos planes municipales han dibujado futuros muy distintos para la calle en la que se encuentran sus viviendas sin que ninguno haya llegado a hacerse realidad. Lo poco que sí se concretó fue la creación de algunas fábricas cuando el Ayuntamiento, en los setenta, consideró que aquella zona residencial podría convivir con actividades industriales.
La calle Aguerre (y los cercanos caserío Aguerre Txiki y casa Guevara Borda) ha vivido un calvario desde entonces, siempre fuera de ordenación, sin poder vender las viviendas, con perpetuas promesas de solución y recomendaciones de no invertir; sin servicios municipales, sin inversiones... Una zona en permanente degradación, caldo de cultivo de actividades en los márgenes de la ley, de comportamientos lejos de los mínimos del civismo... Es, en resumen, el cuadro que pintaron en la sesión plenaria del miércoles María Jesús Arandigoyen, Domingo Merino y José María Llorente, tres de los afectados que hablaron en representación del colectivo presente en el pleno, en una cifra en torno a la veintena.
A través de los grupos de la oposición, presentaron una moción instando al Gobierno local a constituir una mesa en la que participen, además del propio Gobierno, todos los grupos municipales, los vecinos afectados, las asociaciones vecinales de San Miguel y Anaka, y la Federación de AAVV Oiasso 2000, todo con el objetivo de encontrar una solución a un problema que lleva tanto tiempo sin resolverse que ha ocupado la práctica totalidad de la vida de algunos de estos irundarras. La moción se aprobó por unanimidad.
Voluntad de solucionar
No va a ser sencillo de resolver. Principalmente porque los propios afectados quieren una solución «individual y colectiva», es decir, que se trabaje caso por caso y sin dejar a nadie fuera. Pero no todos ellos piden lo mismo. «Lo importante es dar una solución que satisfaga lo máximo posible», apuntó Manuel Millán (EB), que recordó que en el Pleno de presupuestos su grupo ya mostró «preocupación por esta situación injusta».
Juana de Bengoechea (PP) vaticinaba que «será laborioso, pero debemos resolver el calvario de estos vecinos antes de que acabe el mandato. Pediría al resto de irundarras que si en la búsqueda de la solución cometemos un agravio, entiendan la situación vivida por estos vecinos durante tantos años», añadió. Juan Mari Unanue (Bildu), también apuntó algo de eso cuando pidió «generosidad por parte del equipo de Gobierno para compensar sus penurias con justicia y generosidad de la oposición para no cuestionar las medidas que el gobierno tome para resolver el problema». «Es el momento de hacerlo», señaló Xabier Iridoy (EAJ-PNV), «porque el plan para el ámbito está en revisión y ahora podemos plantear soluciones. Va a ser complejo porque hay que ir caso por caso, pero pondremos todo nuestro empeño».
El portavoz del grupo socialista y delegado de Urbanismo, Miguel Ángel Páez, reconoció que «desde que estoy en Urbanismo es un problema que hemos intentado resolver, en el que hemos dado pasos, pero la coyuntura de estos años ha llevado a trastocar los planes». La demanda de VPO tradicional (San Miguel-Anaka se destina en un 80% aproximadamente a vivienda protegida) ha caído al mínimo. «Ahora se demanda vivienda pública de alquiler, lo que dificulta aún más la gestión de estos terrenos», admitía Páez. Insistía en la necesidad de conjugar ese «derecho colectivo de la ciudad con el de estos vecinos y con la solución a esta injusticia que han padecido. Nos corresponde, como Gobierno, llevar propuestas a esa mesa y espero del resto de grupos y de los vecinos más propuestas que enriquezcan el debate y ayuden a llegar a conclusiones en el corto plazo».
El alcalde cerró las intervenciones en el Pleno reconociendo «una etapa larguísima en la que no se ha llevado a cabo lo que el Ayuntamiento, siempre de buena fe, quiso hacer. Me comprometo a terminar con la incertidumbre. El Gobierno tomará la iniciativa; responderá al interés general y a los indudables daños a particulares producidos durante años». Ayer, tras el Pleno, Santano anunció que se hará «con rapidez. Convocaremos la mesa en un plazo de 15 días y presentaremos para su debate una propuesta en la que ya estamos trabajando».
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