Noticia publicada en Diario Vasco sección Bidasoa,el viernes día 5 de Febrero de 2016.

SPI quiere que el Gobierno explique cuáles son los criterios para adjudicar tarjetas de OTA gratuitas

• I.M.
 
• IRUN

5 febrero 201600:05

El grupo municipal Sí se Puede Irun ha hecho pública la lista de las tarjetas oficiales de OTA expedidas por el Ayuntamiento de Irun, que son gratuitas y facultan al usuario para dejar el vehículo en cualquier zona de aparcamiento regulado de la ciudad.

Según ese documento, firmado por la delegada de Movilidad, Cristina Laborda, como respuesta a una solicitud de información, 39 de las tarjetas se concedieron a personal del Ayuntamiento de Irun; 9 a centros escolares y Berritzegune; 85 a Osakidetza (centros de salud de Dunboa y Centro y Servicio de Hospitalización Domiciliaria); 12 a la Policía Nacional; 28 a la Ertzaintza; 34 a la Guardia Civil (de Donostia e Irun); 3 a Irunvi, Servicios de Txingudi y telefonía empresarial; 3 al servicio de Urgencias Sociales de la Diputación Foral; 4 a la Comandancia de Marina de Hondarribia y 18 más a un amplio grupo con alcaldes de otros municipios y varias empresas.

Desde SPI valoran que la concesión de esas tarjetas oficiales «sin zona determinada y totalmente gratuitas», podrían entrar «dentro de la lógica siempre y cuando se estableciesen unas limitaciones». Entre las posibilidades para ello citaban que las tarjetas en cuestión «se pongan en las áreas de trabajo y se usen sólo para el trabajo concreto» que haya sido causa de la concesión o que la entrega de estas tarjetas lleve acarreado «un coste anual, como las del resto de ciudadanos».

Sistema en revisión

Laborda explicó ayer que «en 2016 no se ha renovado ninguna de esas 238 tarjetas, que si bien han podido funcionar en años anteriores, desde enero no son válidas», aunque advirtió que todas ellas responden a «servicios sanitarios, sociales, policiales, educativos o a personal municipal concreto, empresas u otros organismos que pudieran necesitarlas para su actividad».

Según la delegada, en el área se ha abierto «una reflexión sobre este asunto», por un lado, por las «posibilidades tecnológicas del nuevo contrato de la OTA, que han permitido detectar algún mal uso», y por «la petición de información de trabajadores municipales que, a través de la Junta de Personal, habían aportado alguna idea que se está valorando». Laborda afeó a SPI que no haya preguntado por el cauce debido, «les hubiéramos informado y explicado la situación».