La cláusula social enfrenta a Gobierno y oposición en Irun
SPI y EH Bildu afirman que “tras un año y medio, se ha hecho un corta y pega”
XABIER SAGARZAZU - Miércoles, 1 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:09h
IRUN - Tras enzarzase la semana pasada a costa de los permisos de las terrazas de hostelería de la plaza San Juan, el borrador de la instrucción con la que Irun quiere introducir las cláusulas sociales en su política de contratación pública vuelve a enfrentar a Sí Se Puede Irun y EH Bildu, por un lado, y al Gobierno municipal PSE-PNV, por otro.
El lunes, estas dos formaciones de la oposición comparecieron de forma conjunta para denunciar que, “tras año y medio de trabajo para elaborar el borrador de la norma sobre las cláusulas sociales, el gobierno ha presentado un documento que es un corta y pega de una norma elaborada por la Junta de Castilla-La Mancha”.
David Soto y Jokin Melida, portavoces de SPI y EH Bildu, lamentaron que “además de dejar pasar un año, desechar la propuesta formulada por ELA y avalada por SPI y EH Bildu en el Pleno, y luego presentar una copia de otro documento”, el borrador de esta instrucción “no contempla algunos aspectos fundamentales, como son las prohibiciones para contratar o la reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de formación”.
El Gobierno afirma que “el borrador de la norma local contiene aspectos de otras, siempre adaptadas a la ley y con aportaciones locales”
Los dos ediles señalaron que ambas formaciones van a “hacer sus propias aportaciones y propuestas”, tomándose el tiempo “necesario para un asunto que es serio” y señalaron que “no es de recibo que el Gobierno tarde más de un año en preparar el borrador y luego a los grupos políticos se les dé un plazo de sólo catorce días”, razón por la cual no han hecho llegar aún sus propuestas de cambio y mejora.
RESPUESTA Por su parte, el gobierno municipal, a través de una nota de respuesta a las acusaciones de estos dos grupos de la oposición, lamentó ayer que “SPI y EH Bildu vuelvan a utilizar los medios de comunicación para su relación con el Consistorio, en lugar de hacerlo por los cauces adecuados”.
En respuesta a las acusaciones vertidas, el Gobierno municipal explicó que “el borrador de la instrucción sobre cláusulas sociales se entregó a los grupos en una junta de portavoces del 16 de diciembre, y éstos dispusieron de este documento hasta la junta del pasado 25 de enero, en la que ni SPI ni EH Bildu dijeron nada de lo que luego han dicho ante los medios; ni hubo críticas, ni aportaciones ni se pidió más tiempo”.
SEGURIDAD JURÍDICA En cuanto al documento en sí, desde el Consistorio aseguraron que “el asunto es de una complejidad que justifica el tiempo necesario para su elaboración, para buscar y garantizar la máxima seguridad jurídica”.
El Gobierno matizó que el borrador contiene “aspectos de la instrucción elaborada en Castilla-La Mancha y también los de ciudades como Gasteiz, Madrid y Barcelona, además de los de instituciones como el Gobierno Vasco, siempre adaptados a la realidad local y a la legislación”.
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