Acubi advierte que eliminar la factura en papel sin consentimiento vulnera la ley
Se lo hizo saber a Servicios de Txingudi en una reunión en la que propuso alternativas para reducir el consumo de papel sin perjudicar los derechos de los usuarios
Servicios de Txingudi, primero por carta directa a sus clientes, después mediante nota pública, ha anunciado que desde este año las facturas de la empresa pública, correspondientes a la gestión de residuos y el consumo del agua, ya no se remitirán en papel. Alegando «beneficios ambientales» por la reducción en el consumo de papel y «un importante ahorro que va a revertir en la ciudadanía», Servicios de Txingudi ha tomado esa decisión.
Acubi, la Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa, anunció ayer que en estos últimos días ha registrado varias consultas sobre la información que recogía la circular de Servicios de Txingudi. «Muchas de las consultas son de personas mayores que no tienen acceso a internet y a las que se les pide que mensualmente confirmen telefónicamente su deseo de recibir la factura en papel», contaban desde Acubi. Para la asociación se trata de «un perfil de 'consumidor vulnerable' que engloba no sólo a quienes nunca utilizan internet, sino también a todos aquellos que se ven perjudicados por razón de su edad, sus escasos conocimientos tecnológicos, la falta de conexión de calidad, la falta de señal de internet o, sencillamente, tienen hábitos y costumbres adquiridas a la hora de revisar las facturas en formato papel». Para Acubi, «asignar a esos consumidores un formato de facturación eléctronica por defecto» los deja «fuera del flujo de la información» porque no reclaman por falta de conocimiento de los derechos que les asisten.
Explicó Acubi que, en este caso, esos derechos, quedan recogidos en el artículo 63 la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: «En los contratos con consumidores y usuarios, estos tendrán derecho a recibir la factura en papel. En su caso, la expedición de la factura electrónica estará condicionada a que el empresario haya obtenido previamente el consentimiento expreso del consumidor. La solicitud del consentimiento deberá precisar la forma en la que se procederá a recibir la factura electrónica, así como la posibilidad de que el destinatario que haya dado su consentimiento pueda revocarlo y la forma en la que podrá realizarse dicha revocación».
En una reunión con la gerencia de Servicios de Txingudi, Acubi mostró su disconformidad, defendió el contenido de la ley y argumentó que «una mejor 'gestión medioambiental evitando la generación de residuos', como decía la circular, no puede vulnerar los derechos de los consumidores».
Acubi planteó la posibilidad de que, al pasar ahora a una facturación mensual, el extracto bancario que recibe el consumidor tuviese «la máxima información posible, con el fin de conocer los consumos sin recibir la factura mensual, siempre y cuando se pudiese recibir una factura trimestral en papel con toda la información». Desde la asociación recordaron la «diferente casuística de usuarios que necesitan recibir su factura en papel» para presentarla a instituciones, para presentar reclamaciones o porque no tienen domiciliado el pago de sus facturas. También anunció que trabaja con Servicios de Txingudi en unas sesiones informativas para que, con toda la información y conociendo sus derechos, «cada usuario decida en qué modo quiere recibir su factura».
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