Noticia publicada en Diario Noticias de Gipuzkoa,el lunes día 6 de Marzo de 2023
El Ararteko pide información a seis municipios sobre su plan de zona de bajas emisiones
Bilbao, Vitoria-Gasteiz , Donostia, Getxo, Barakaldo e Irun no han cumplido la La Ley de Cambio Climático y Transición Energética que marca que los municipios de más de 50.000 habitantes debían tener aprobado su plan de movilidad urbana antes de 2023
El Ararteko ha solicitado a los seis municipios vascos de más de 50.000 habitantes, Bilbao, Vitoria-Gasteiz , Donostia, Getxo, Barakaldo e Irun, información sobre la creación en estas localidades de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que restringen el tránsito de los vehículos más contaminantes.
La defensoría del pueblo en Euskadi ha iniciado una actuación de oficio a raíz de la información recabada por varias asociaciones ciudadanas dedicadas a la promoción de la movilidad sostenible que han puesto de manifiesto el retraso de algunos ayuntamientos vascos en la regulación de las ZBE.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada por las Cortes Generales en 2021, prevé la obligación de que los municipios de más de 50.000 habitantes tengan aprobados, antes del comienzo del 2023, los correspondientes planes de movilidad urbana sostenible en su término municipal.
Restricciones para los vehículos más contaminantes
Esa norma entiende por zona de baja emisión un ámbito territorial delimitado en cada municipio en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes, para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
La oficina del Ararteko ha señalado que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero resulta clave en la lucha contra el cambio climático, según se desprende del Acuerdo de París, dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.
El Ararteko plantea que la regulación de las ZBE se lleve a cabo de manera "pública y transparente, permitiendo una adecuada participación ciudadana y evaluando las consecuencias de los costes y beneficios, tanto económicos como sociales, que puedan llegar a producir las medidas".
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