Noticia publicada en Diario Vasco,el viernes día 2 de Noviembre de 2018.
Las mafias que trafican con personas se desplazan a los puntos calientes del fenómeno migratorio para hacer negocio. Sus tentáculos invisibles llegan a cualquier zona del mapa donde encuentren personas como 'mercancía', aprovechando la desesperación humana. La frontera de Irun, punto neurálgico de las rutas hacia Europa, principalmente a Francia, no ha escapado a esas redes. La operación policial que desmanteló en verano una organización ilegal que habría ayudado a cruzar a casi 300 migrantes desde Donostia al otro lado de la muga destapó la capacidad sin escrúpulos de estos grupos. Esta semana, otra redada ha dejado al descubierto esas zonas sombrías. La Policía francesa, en colaboración con la española, ha detenido a dos personas acusadas de ayudar a pasar la frontera a inmigrantes palestinos, que pagaban unos 8.000 dólares por completar el periplo por varios países. Se cree que podrían haber introducido en Francia a medio millar de migrantes.
La pista principal la dio un vehículo interceptado en Hendaia el pasado mes de marzo por la policía de fronteras, según el diario Sud-Ouest. En el turismo viajaban cuatro ciudadanos palestinos que aseguraron que se dirigían desde Madrid al norte de Francia. El conductor se mostró poco locuaz y de inmediato los agentes sospecharon que se trataba de un traficante de personas, según recoge el diario francés. Desde entonces, agentes de uno y otro lado de la frontera -en concreto en colaboración con la Unidad contra redes de inmigración y falsedades documentales (Ucrif) de la Policía Nacional- estrecharon el cerco sobre los investigados. Las detenciones se desencadenaron la semana pasada. Una pareja de origen palestino residente en Amiens (norte de Francia) y uno de los intermediarios vecino de Madrid fueron arrestados.
Las pesquisas sacaron a la luz un sistema de entrada por el que los inmigrantes pagaban unos 8.000 dólares y los colaboradores se llevaban unos 700 euros por cada clandestino que hacían pasar la frontera. El resto del dinero se lo llevaban los cabecillas de la red, el matrimonio formado por un hombre de 38 años y una mujer de 28, en cuyo domicilio, cerca de la frontera con Bélgica, se localizaron 12.000 euros en metálico y documentación sobre importantes transacciones internacionales. La Fiscalía de Baiona tiene abierta una investigación, que de momento ha permitido descubrir que los inmigrantes que querían llegar a Europa viajaban primero a Líbano o Etiopía, desde donde cogían un avión a Brasil. De allí cruzaban a Bolivia y desde el país del altiplano solicitaban un visado para viajar a Turquía con escala en Madrid, ciudad donde eran desviados en coche hacia Burdeos y desde allí al norte de Francia.
El pasado día 24 de octubre, cuando se desplegó el operativo policia para arrestar a los sospechosos, los agentes sorprendieron a cuatro personas y a dos inmigrantes irregulares que acababan de llegar a Amiens.
Un taxista condenado
El precedente de la red asentada en Gipuzkoa que la Policía Nacional desmanteló en verano confirmó la existencia de mafias dedicadas al tráfico de migrantes. Esa organización ilegal operaba con pisos clandestinos donde hacían esperar a los migrantes, llegados de las costas del sur de España, hasta que intentaban pasar la frontera. Utilizaban un taxi, cuyo conductor fue arrestado en el marco de la operación policial. Se trata de un guipuzcoano con licencia de taxi en Pasaia, condenado a cuatro meses de cárcel, según informa Euskadi Irratia. Se habría embolsado 9.000 euros en total por los viajes realizados, unos siete al día, desde la estación de autobuses de Donostia, donde recogía a los inmigrantes clandestinos siguiendo las indicaciones de otros miembros de la red y los transportaba hasta Francia, donde esperaban otros intermediarios. Esta misma semana, además, la Gendarmería ha arrestado a un vecino de Baiona acusado de introducir en Francia a cuatro inmigrantes en su vehículo.
Esta semana también ha sido arrestado un vecino de Baiona acusado de trasladar a migrantes
Los arrestos se producen en un contexto de fuerte control migratorio en la frontera. El Ministerio del Interior francés ha elevado la presión policial ante el incremento de llegadas de inmigrantes irregulares. Las expulsiones desde Francia a España han crecido un 60% este año, según datos oficiales. «Me preocupa la frontera española», ha manifestado el titular de la cartera gala Christophe Castaner, que ha anunciado el nombramiento de un alto funcionario que ejercerá de «coordinador de seguridad de la frontera para organizar mejor los controles y el diálogo con las autoridades españolas».
A este lado de la muga, la Delegación del Gobierno en Euskadi mantiene una «estrecha» colaboración con las autoridades francesas, con el objetivo de desmantelar las mafias que estén traficando con personas. Esta semana, el delegado Jesús Loza ha visitado las instalaciones de la comisaría conjunta entre la Gendarmería y la Ertzaintza en Hendaia.
Queda pendiente una reunión entre Loza y el prefecto de la Gendarmería francesa para tratar el tema de las devoluciones en caliente, que incumplen los acuerdos internaciones, casos «puntuales» según las autoridades oficiales, una realidad constante, según las ONG.
Martindozenea asiste las 24 horas y flexibiliza los criterios de admisión
Desde ayer, el albergue de Martindozenea de Irun, habilitado como recurso de emergencia para la atención de migrantes, presta servicio durante las 24 horas del día. A primera hora de la mañana miembros de la Red de Acogida acompañaron a una veintena de migrantes hasta el centro, donde pudieron comprobar que la Cruz Roja, encargada de su gestión, no disponía del personal suficiente para prestar la atención durante la jornada completa. Un hecho que confirmaron fuentes municipales consultadas, que lo achacaron a un problema de descoordinación con el Gobierno Vasco.
No obstante, aquellos migrantes que cumplían con los requisitos de admisión pudieron acceder al edificio, si bien desde Cruz Roja señalaron que el servicio de 24 horas estará activo a partir del lunes.
Por otro lado, tal y como explica Ion Aranguren, miembro de la Red de Acogida, Martindozenea ha eliminado uno de los requisitos de admisión, el que impedía acceder al recurso a los migrantes que llevasen más de 30 días de estancia en el Estado. Ahora tan solo tendrán que presentar el documento de expulsión que todos reciben por parte de la Policía Nacional a su llegada al sur de la península, aunque el tiempo máximo de estancia sigue siendo de cinco días en el albergue. «Unos 15 chicos se han quedado fuera del centro hoy, así que esas medidas siguen siendo insuficientes», afirma Aranguren.
El centro, que cuenta con 60 plazas, ofrecía hasta ahora asistencia para pernoctar y durante las tres comidas del día. El resto de horas, los migrantes se quedaban sin un lugar donde poder estar. El Gobierno Vasco decidió atender a las demandas de la Red de Acogida y del propio Ayuntamiento y decidió ampliar la asistencia en Martindozenea durante las 24 horas.
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