VIVIENDA
Notarios vascos se niegan a subastar pisos sin límite de precio, para proteger al desahuciado
Piden un cambio legislativo para impedir adjudicaciones de viviendas «por un euro». El Colegio de Notarios de Euskadi ha constatado un incremento de estas subastas extrajudiciales por la crisis y el colapso de los juzgados
28.02.12 - 02:34 -
Cada día que pasa seis familias vascas tienen que abandonar sus hogares por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. La situación precaria en la que viven estas personas se ve agudizada porque en muchos casos, además de perder la vivienda, deben de continuar pagando la deuda contraída con el banco. Cuando el piso se subasta por la vía judicial -la más habitual-, existe un límite mínimo de adjudicación, lo que hace que el pago de esa deuda para el desahuciado no se dispare. Si la subasta se realiza ante notario, la cosa cambia. La ley permite que, si en los dos primeros encantes no se resuelve, a la tercera subasta el piso acabe adjudicado o en manos del banco por un valor irrisorio, que puede ser incluso «de un euro». Esta situación deja al desahuciado con una deuda a sus espaldas de casi el 100% de la vivienda. Ante tal indefensión, notarios vascos se han negado a participar en subastas en esas condiciones, para proteger los derechos de las personas desahuciadas.
Así lo confirma el decano del Colegio Notarial del País Vasco, Manuel López Pardiñas. Según asegura, las subastas extrajudiciales que llevan a cabo los notarios «se han incrementado en los últimos meses» a causa de la crisis y del colapso de estos procedimientos de desahucio en los juzgados. No obstante, este mecanismo cada vez más usado por los bancos sigue representando un porcentaje muy pequeño del total de subastas.
Desde el Colegio Notarial del País Vasco, solicitan al Gobierno del Estado un cambio legislativo que impida adjudicaciones de pisos en estas subastas por debajo del 60% de su valor de tasación. Asimismo, recomiendan a los colegiados que no participen en aquellas subastas de pisos que puedan realizarse en esas condiciones para proteger «el derecho a la vivienda» de las personas inmersas en estos procesos.
El gesto de los notarios vascos con los desahuciados se une a otros que se están llevando a cabo en los últimos tiempos. El Gobierno Vasco, por ejemplo, trabaja en un programa de mediación entre banco y cliente, que minimice el coste social de los desahucios. Asimismo, en Gipuzkoa y Álava, los grupos junteros están de acuerdo en que el impuesto de plusvalía, en casos de desahucios, deje de recaer en el expropietario tras la subasta del piso. A ellos se suma el código de buenas prácticas que impulsa el Gobierno del Estado, en el que invita a las entidades financieras a aceptar de forma voluntaria la dación en pago para cancelar las hipotecas de las personas más desfavorecidas. A estas iniciativas se une la postura de los notarios vascos.
Con garantías legales
Entre las ocupaciones de estos profesionales se encuentra la de realizar subastas extrajudiciales de pisos de personas que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas. Para autorizar esta opción, previamente debe contemplarse por las partes en la escritura del préstamo hipotecario, algo que se hace habitualmente. «En principio, la subasta extrajudicial aporta ventajas de agilidad y ahorro de costo, lo que es bueno para el deudor porque al final los costos de la ejecución los soporta el deudor», asegura el decano de los notarios.
Se trata de un proceso «con todas las garantía legales» que, en lugar de acabar con una ejecución en el juzgado, termina con una subasta del bien en una notaría.
Hasta el año pasado, la regulación básica de las subastas judiciales y las extrajudiciales coincidían. Se limitaba el precio del valor del piso en las primeras (100%) y segundas (75%) subastas y, de no ser adjudicada la vivienda, se permitía realizar la adjudicación en tercera subasta sin fijar un límite mínimo de precio del piso. «Podría darse el caso de que se quedaran con la vivienda por un euro», añade López Pardiñas.
Esta situación cambió el año pasado con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Según explica López Pardiñas, «el legislador entendió que no podía ser que el acreedor se pudiera quedar con un inmueble por un euro, sin un valor mínimo. Y decidió modificar la ley». Eso sí, la reforma legal se concretó en las subastas de ámbito judicial, en donde se estableció un límite mínimo del 60% del valor del piso en los terceros encantes de una vivienda. «Pero se 'olvidó' de modificarlo en la subasta extrajudicial, donde la ley sigue sin prever un porcentaje mínimo», añade.
«Nos preocupa»
Los notarios vascos no entienden que la reforma no haya llegado también a las subastas notariales y ya le han transmitido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, su necesidad de cambiar la ley hipotecaria. «Es un tema que nos preocupa. No nos parece muy lógico que si en el ámbito judicial existe ese límite no lo haya en las subastas extrajudiciales. Por eso vamos a solicitar del Gobierno que se lleve a cabo esa modificación legal, que lo diga expresamente para que no haya dudas», añade el decano.
La situación así lo aconseja. Hasta hace pocos años apenas se realizaban subastas extrajudiciales. Pero su cifra se ha visto incrementada en los últimos tiempos.
El aumento de impagos de hipotecas y la consiguiente carga de trabajo en los juzgados ha provocado que cada vez más bancos estén optando por acudir a las subastas extrajudiciales. «Cuando se acude a este procedimiento es porque previamente hay un acuerdo con el deudor», matiza el decano. De hecho, a López Pardiñas no le consta que ningún banco se haya adjudicado una vivienda en tercera subasta por un euro. Eso sí, el decano de los notarios vascos confirma la existencia de notarios que se han negado a participar en subastas en las que no se limita el valor mínimo de adjudicación del piso.
Desde el Colegio recomiendan a los notarios que se nieguen a participar en subastas de pisos sin límites mínimos de precio. «Es decir, que apliquen el mismo mínimo legal del 60% del valor del piso que está previsto para la subasta judicial -en tercer encante- o que se nieguen a hacerlo». Además, el Consejo General del Notariado aprobará en breve una recomendación dirigida a todos los notarios en este mismo sentido. «Es una postura que está fundada en el derecho constitucional a la protección y la tutela del derecho a la vivienda, pero somos conscientes de que sería conveniente una norma legal», reitera el decano de los notarios vascos.
El Gobierno tiene intención de dar toda la fortaleza legal posible al código de buenas prácticas bancarias sobre desahucios que, pese a ser voluntario, será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como anexo a un decreto-ley. Además, según fuentes del Ministerio de Economía, los bancos tendrán que reconocer si se adhieren o no a este código, que incluye la dación en pago de la vivienda. Para regular este asunto, Economía acometerá una doble vía. Por un lado llevará al Consejo de Ministros, probablemente el viernes, un decreto-ley en el que se definirá qué colectivos son considerados como de «riesgo de exclusión social» y que podrán beneficiar de la dación en pago. En el decreto-ley se incluirá una rebaja en los intereses de demora para los pagos que las familias no puedan afrontar, así como una reforma de todos los procedimientos de ejecución. Además, Economía publicará como anexo un código que incluirá las medidas voluntarias para la banca, entre ellas la dación en pago.
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