VIVIENDA
«Nos van a desahuciar dentro de diez días»
Una vecina de Zumarraga lucha contra el desalojo de su piso
02.03.12 - 02:10 -
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Cuando recibió la notificación, a Soraya Miguel Solano se le cayó el mundo encima. El mensaje era claro, mucho más que los papeles repletos de cláusulas y asteriscos que había firmado años antes, cuando el banco le prestó sin problemas 180.000 euros para comprar un piso en Zumarraga. Ahora, el banco le da tres semanas para desalojar su vivienda. Esta vez no hay letra pequeña. No quedan opciones.
Sucedió el pasado 21 de febrero. Desde entonces Soraya, de 36 años de edad, vive sin fuerzas en un estado de constante mudanza hacia ninguna parte. El plazo se cumple el próximo día 12 y no sabe muy bien dónde vivirá a partir de ese momento. «Tengo amigos que nos ayudan, creo que no me dejarán en la calle», contesta. Es lo mismo que les dice a sus hijos de 10 y 8 años. «Se han dado cuenta de que nos van a echar de casa y me preguntan a dónde vamos a ir».
Para explicar lo que le ocurre hay que remontarse a días más o menos felices. Soraya dejó en 2001 su trabajo en una peluquería para atender a su hijo recién nacido. Podía permitírselo porque el sueldo que ganaba su marido como escolta daba para eso y para mantener a la niña que nació dos años más tarde. Poco más se puede pedir a la vida, además del piso que habían comprado por 180.000 euros, obras incluidas. Y además del crédito por el mismo importe que les concedió el banco a cambio de 800 euros mensuales. Hasta ahora todo perfecto, letra pequeña aparte.
Pero hay momentos en los que la vida se tuerce porque no hay manera de impedirlo, como bien saben tantos millones de existencias. En la cresta de la ola, el matrimonio decidió seguir la senda de los emprendedores y en 2004 abrió un comercio de calzados que terminó su andadura cuando comenzaron a sentirse los efectos de la crisis económica.
Negociaciones
A partir de ese instante, y por razones que solo pueden explicar sus protagonistas, el futuro se nubló para Soraya. En 2008 se separó de su marido y presentó contra él una demanda por violencia física y psicológica. El resultado, según la mujer, fue que a su ya expareja «le apartaron de sus funciones profesionales».
Sucedió así que el paso que dio Soraya para denunciar maltratos, una iniciativa altamente recomendada por instituciones y organismos en defensa de los derechos de las mujeres, atrajo sobre ella una serie de malas consecuencias. La primera, y fundamental para completar esta historia, fue que el exmarido se negó a pagar a su exesposa su parte de la hipoteca del piso.
Privada de esta fuente de sustento y en situación de desempleo, Soraya empezó a limpiar casas y se apuntó a un curso municipal de pintura. Durante una temporada cobró el paro, pero los ingresos a través de esta vía se acabaron. En la actualidad percibe 600 euros mensuales del padre de sus hijos. «Le han embargado la nómina», explica.
Con una hipoteca de 800 euros al mes, unos ingresos de 600 euros y dos niños que mantener no hace falta saber mucho de aritmética para averiguar que algo no cuadra. Consciente de lo que se avecinaba, Soraya trató de negociar con su banco en varias ocasiones. La primera vez acudió a la entidad acompañada por una abogada para explicar que ella no podía pagar la hipoteca entera y pedir que reclamaran la mitad a su exmarido, que era el que se negaba a hacerlo. «Pedí que me rebajaran la cuota a la parte que a mí me tocaba, pero ellos no lo aceptaron».
La segunda vez obtuvo la misma respuesta aunque de forma diferente. «No me atendieron, solo pude hablar con la secretaria de fuera», afirma Soraya. Y en una tercera ocasión su abogada logró obtener audiencia con el banco para tratar de negociar una reducción de la cuota o una cesión del piso en alquiler.
La respuesta a todos sus intentos ha sido la notificación que recibió el 21 de febrero. Desde entonces el piso de Soraya está cada vez más vacío; poco a poco va apilando sus enseres en cajas que almacena en el garaje que le ha dejado un amigo, pero ve próximo el momento en el que no tenga un lugar físico donde guardar los muebles. «Desde que recibí el aviso estoy como loca recogiendo», dice.
Si las matemáticas no fallan, lo que raras veces ocurre en el sector financiero, Soraya deberá 90.000 euros el día en que el banco se haga cargo de su vivienda «por la mitad de su valor». Fue algo de lo que se dio cuenta tras leer la letra pequeña y recordar que cuanto había pagado hasta ese momento eran los intereses del crédito. «El préstamo estaba sin tocar y nos faltaban dos años para empezar a amortizar el piso».
Sin fuerzas
Lo más difícil es contar todo esto a los niños. «Se lo he tenido que decir porque me han visto recogiendo cosas y se han dado cuenta», afirma Soraya, que explica que esa misma mañana ha tenido que escribir una nota para que su hijo la lleve a la profesora. No parece una anécdota demasiado especial, pero las palabras cambian de forma cuando la madre empieza a llorar y se transforma en una mujer desbordada por los acontecimientos. «No tengo fuerzas para ir a hablar con la maestra», se lamenta.
Por débil que sea la esperanza, Soraya aún no la ha perdido. Mientras embala sus pertenencias aguarda la respuesta del ayuntamiento, al que se ha dirigido para que le proporcione una vivienda social. También ha acudido al Gobierno Vasco para solicitar una ayuda económica, pero los días avanzan y la respuesta no llega. «Hasta ahora nadie me ha respondido», afirma Soraya, que insiste en que ella «ha cumplido con todos los pagos» y el que no lo ha hecho ha sido su exmarido.
No del todo ajenos a lo que ocurre, los dos hijos se hacen una composición de lugar. En un intento de responder a sus preguntas, Soraya se ha visto obligada a contarles el principal motivo del desahucio. «Saben que si nos echan de aquí es porque su padre no paga lo que tiene que pagar y que yo sí lo he hecho. Lo que nos reclaman es la parte de él». Lo que los niños desconocen es la fecha exacta en la que se verán obligados a salir literalmente a la calle. «Ese día no estarán en casa. No lo están pasando nada bien», asegura su madre.
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