Renfe y Wagons Lits deberán indemnizar a la familia de un trabajador de Irun fallecido por amianto
El TSJPV revoca un fallo anterior de un juzgado de San Sebastián que a su vez dejó sin efecto una resolución de la Seguridad Social
- DIARIOVASCO.COM
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado a Renfe Operadora y Wagons Lits a pagar un recargo del 50 % de las prestaciones de la Seguridad Social a la familia de un trabajador de Irun muerto a consecuencia de la exposición al amianto. Según informó ayer en un comunicado la asociación de víctimas de amianto de Euskadi, Asviamie, la sentencia revoca un fallo anterior de un juzgado de San Sebastián que a su vez dejó sin efecto una resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), que impuso a estas dos empresas el citado recargo, ya que había reconocido el carácter profesional del mesotelioma pleural que causó su muerte.
La sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de San Sebastián estableció que no se había podido acreditar el origen de la enfermedad que padeció el trabajador, por lo que anuló la resolución de la Seguridad Social.
Según señaló Aviasmie en un comunicado, la víctima, fontanero de profesión, había trabajado expuesto al amianto cuando reparaba tuberías y depósitos de agua en los trenes de Irun entre los años 1982 y 1994. El trabajador padeció un mesotelioma pleural, dolencia que le causó la muerte en agosto de 2013. En el fallo, el TSJPV se alinea con el dictamen de la Seguridad Social, revoca la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de San Sebastián y establece la obligatoriedad de pagar el citado recargo porque las empresas mencionadas no adoptaron las medidas de seguridad y prevención contra el amianto necesarias.
Aviasmie denunció además la actitud del Juzgado de lo Social número 4 de San Sebastián, al que acusan de dictar «reiteradamente» sentencias «contrarias a la legislación», que trata de «eximir las responsabilidades de las empresas infractoras y generar mayor sufrimiento y gastos a las víctimas del amianto».
Por su parte, un trabajador que padece un cáncer pulmonar por la inhalación de humos metálicos mientras desempeñaba su labor en una fundición, reclama unos 198.000 euros a las dos empresas, al estimar que no velaron por garantizar la seguridad en su puesto.
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