Noticia publicada en Diario Vasco,el sábado día 1 de Mayo de 2021.
El Gobierno local saca adelante el convenio con Pasquier Recondo sin apoyos en la oposición
La moción de Ekologistak Martxan pidiendo que el Gobierno Vasco adquiera la parcela y la renaturalice sólo encontró el respaldo de EH Bildu y no se aprobó
El Gobierno de coalición de Socialistas de Irun y Elkarrekin Podemos-IU hizo valer su mayoría para aprobar en la sesión plenaria de ayer el convenio con Pasquier Recondo. El documento apunta la futura ordenación de esta parcela de más de 17.000 m2 ubicada entre el canal de Artia, el río Bidasoa, el polideportivo Azken Portu y las viviendas de Juan Thalamas Labandibar. El esquema es destinar a «espacio público libre 11.000 m2» y a residencial, «con un 40% de VPO» los otros 6.000, detalló el delegado de Urbanismo, Miguel Ángel Páez.
David Nuño, portavoz del otro grupo en el Gobierno, Elkarrekin Podemos-IU, consciente de que tanto entre los trabajadores de Recondo como en grupos ecologistas hay posiciones en contra de la propuesta, se refirió a la «complejidad que tiene gobernar. Nos toca intentar conciliar intereses y, si no se puede, favorecer el interés general». Así, entendiendo que se ha garantizado la continuidad de la empresa en la ciudad (que ya ha realizado las inversiones para trasladar la producción a su planta de Ventas) y que el convenio supone una mejora sustancial respecto a la situación actual, su grupo respalda la propuesta.
Motivos laborales y ecologistas
Antes que los concejales intervino Juan Manuel Pérez, del comité de empresa de Pasquier Recondo, quien presentó los motivos por los que este órgano se opone al acuerdo. Explicó los efectos que el traslado a la planta de Ventas tiene para la plantilla: «empeora condiciones laborales, se deshace de mayores de 57 años y, por no plegarse, hay 4 trabajadores despedidos con la premisa de 'bajo rendimiento'». Sobre la aceptación individual de otros miembros de la plantilla aseguró que «sólo se entiende desde la amenaza de pérdida de empleo».
Bildu manejó esos argumentos por un lado y, por otro, que se trata de «una parcela colindante a una zona protegida. La solución que recoge el convenio hipoteca ese espacio para las generaciones futuras». Por ambas razones, su portavoz, Jokin Melida, pidió que el dictamen quedara sobre la mesa «y que se contemplen la participación y otras alternativas».
El documento aprobado es el pistoletazo de salida de un largo proceso para modificar los usos de la parcela en el Plan General
Precisamente una ordenación diferente defendió Iñigo Manrique (PP): «que esa parcela se convierta en un parque público», aunque no detalló cómo financiar la adquisición de la parcela, cuyo coste se iría a varios millones de euros.
Tampoco estuvo de acuerdo el PNV con el convenio. «Si cuando el Gobierno municipal habla de recuperar la orilla de nuestro río habla de construir 200 viviendas en edificios de 4 y 5 plantas, está lejos de la visión de nuestro grupo», señaló Xabier Iridoy. «Es una pérdida de oportunidad. Se hipoteca el futuro en esta delicada y formidable zona. No es la mejor solución. No mejora la calidad de vida de los irundarras». El portavoz advirtió también que «el resultado de la negociación entre empresa y trabajadores por el traslado no es el deseable y tiene margen de mejora», por lo que pidió, como Bildu, aplazar la votación.
Páez respondió a los grupos de la oposición que «no van al fondo del asunto. Lo que tenemos ahora es una parcela industrial y este convenio permite crear, a futuro, 11.000 m2 de espacios libres donde, si no, lo que hay es una fábrica».
El convenio pretende transformar 17.000 m2 de suelo industrial por 11.000 de espacios libres y 6.000 de residencial
El alcalde, José Antonio Santano, completó las explicaciones recordando que «es el comienzo de un camino largo para modificar el Plan General. Un proceso muy garantista con participación ciudadana, en el que todo se contrastará con la normativa urbanística y medioambiental». Cuando durante ese proceso «empecemos a hablar de cosas concretas, seguro que nos ponemos de acuerdo», auguró. «Tenemos que buscar la mejor solución posible, pero tengamos en cuenta todos que lo más importante es que de verdad sea posible, porque si no», advirtió, «se quedará cómo está, y no habrá opción de renaturalizar los bordes del río y la regata ni de ganar espacios libres». Sobre la cuestión laboral apuntó que el Ayuntamiento buscó «que la actividad siguiera en Irun. La empresa ha invertido en Ventas para trasladar allí la línea de producción de Azken Portu en 2022». Añadió que, aunque haya desacuerdo por parte de algunos trabajadores y del comité, «otros muchos nos han manifestado su acuerdo. Pero en esto, que es un tema interno de empresa, no nos toca entrar», afirmó.
Finalmente, Bildu y PNV votaron en contra, el PP se abstuvo y el Gobierno aprobó el dictamen gracias a su mayoría plenaria.
Moción desestimada
Aprobado el convenio, antes de finalizar se sometió a votación una moción de Ekologistak Martxan, Bidasoaldeko Lagunak y Artiako Lagunak pidiendo al Gobierno Vasco que adquiera «la totalidad de la parcela para su regeneración», incorporándola a los espacios protegidos del Plan de Txingudi. Peio Mindegia (Ekologistak Martxan), que defendió el texto, criticó al Gobierno local por el contenido del convenio y avisó: «no vamos a parar. Traeremos a ecologistas de toda Europa e iremos a los tribunales si hace falta». Pidió aprobar la moción como «una salida políticamente buena que evita un nuevo conflicto en la ciudad». Sin embargo, sólo Bildu apoyó el texto, que decayó con los votos en contra de Socialistas y Podemos-IU y la abstención de PP y PNV.
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