Nuevo varapalo para el Gobierno francés y la Prefectura de Pau: el Consejo de Estado ha ratificado la prohibición de vigilar con drones la frontera entre Irun, Urruña y Hendaia para perseguir a migrantes. Al menos a la vista de cómo lo quería hacer el Ejecutivo francés, que acaba de ver este martes cómo el tribunal supremo contencioso-administrativo rechaza su intento de salvar los planes. Sin éxito: no queda acreditado el incremento de flujos migratorios que justifique estos medios complementarios, y la tecnología de drones era, más allá de sus fines, invasiva con la intimidad de miles de vecinos de Iparralde.

Un día antes de que concluyera la orden de la prefectura, suspendida tras la decisión del Tribunal Administrativo de Pau hace 20 días, el Consejo de Estado ha atendido las razones de tras asociaciones de la zona y ha denegado el recurso del Ministerio del Interior francés. La orden datada el 28 de junio permitía que un dron sobrevolara un área entre Hendaia y Urruña; una zona de forma trapezoidal entre el puente de Behobia, el casco urbano de Urruña, Aire Leku y Endarlatsa.

Planes que indignaron a asociaciones en defensa de los derechos de personas migrantes, que entendían que era convertir a estas personas objeto de caza, y a asociaciones de vecinos que se asustaron de los usos indebidos que puede tener un dron sobrevolando decenas de domicilios particulares a lo largo de un área de 22 kilómetros cuadrados.

En su defensa, la Prefectura reconocía los problemas que tiene para controlar la frontera, que lleva a cerrar puentes peatonales como el Avenida, para escándalo de la zona. París considera necesarios 35 agentes en el paso fronterizo cuando cuenta con unos 20, según explicó el jefe de Gabinete de la Prefectura, Vincent Bernard-Lafoucrière, al diario Sud Ouest hace unas semanas. Entonces denunció que los abogados que recurrían la orden lo hacían impulsados por “motivaciones políticas” y justificó la necesidad de “medios técnicos” que apoyaran la labor de los agentes en una zona rural.

Pese a reconocer que emplear drones puede atentar derechos y libertades, consideraba que podrían hacerlo tras haber establecido “un marco de uso de las imágenes muy estricto para los agentes”.

El órgano supremo ha rechazado los argumentos del Ejecutivo galo: ni existe un incremento de flujos migratorios en la frontera que pudiera avalar la implantación de medidas nuevas y novedosas como los drones; y la invasión de la privacidad de un “altísimo número de personas”, en referencia a los vecinos, tampoco queda justificado.

Los abogados de Pau y Baiona presentaron uno de los recursos ahora atendidos. Consideran que el fallo del Consejo de Estado demuestra cómo “un ataque tan grave contra las libertades fundamentales de todos no puede llevarse a cabo con total impunidad, sin ninguna justificación válida, con el pretexto de controlar los cruces fronterizos irregulares”.

La asociación se ha mostrado “encantada con esta gran victoria”, que han calificado de “inédita en Francia en lo que se refiere al uso de drones”.