La plataforma Stop Desahucios ha acusado a la Diputación de Gipuzkoa de no enviar al Gobierno central los datos necesarios para que los municipios declarados con mercado de vivienda tensionado puedan limitar los alquileres, acusación que ha rechazado la institución foral, que asegura haberlos remitido a finales de enero pasado.

La portavoz foral, Irune Berasaluze, ha hecho unas declaraciones a los medios informativos para puntualizar que el Gobierno guipuzcoano sí ha hecho su trabajo nada más concluir una concentración desarrollada por activistas antidesahucios este martes delante del palacio de la Diputación en Donostia.

En la protesta, la portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, que ha comparecido junto a miembros de las asociaciones Inquilinos Azora y Alokairu Benta Berri, ha acusado a la Diputación de "negligencia e irresponsabilidad" por "no haber enviado aún" los datos del catastro y de Hacienda al Ministerio de Vivienda para que éste confeccione y publique "los índices de precios de referencia" de los precios de alquiler del territorio.

Sin ellos y su inclusión en el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda (Serpavi), los ayuntamientos de Irun, Errenteria, Lasarte-Oria y Zumaia, cuyas correspondientes declaraciones de zonas con mercado residencial tensionado se publicaron en el BOE el 30 de enero y el 30 de abril pasados, "no pueden intervenir" y limitar "los abusivos y especulativos" precios de los alquileres, ha asegurado García, que ha advertido de que lo mismo podría ocurrir en los próximos cuando se hagan oficiales las declaraciones de Donostia, Hernani, Astigarraga o Tolosa.

La portavoz de Stop Desahucios ha calificado de "llamativo" que en dicho sistema estatal figure ya dicha información referida a Catalunya o Nafarroa pero "no los de Euskadi y sus territorios".

García ha instado a la Diputación guipuzcoana a "enviar urgentemente" los datos fiscales al Ministerio porque la demora "beneficia a los grandes tenedores, bancos, fondos de inversión e inmobiliarias", así como a los propietarios particulares, que "han convertido" el mercado residencial en "un negocio especulativo que es necesario intervenir".

Datos remitidos en enero al Eustat

En declaraciones a los medios en el interior del Palacio Foral, la portavoz Irune Berasaluze ha dicho que "no es verdad" y "no hay irresponsabilidad" porque tal información fue enviada por el pasado 23 de enero al Instituto Vasco de Estadística (Eustat), dado que así fue "acordado".

Berasaluze ha explicado que fue "una labor muy complicada técnicamente" porque el sistema de funcionamiento de la agencia tributaria española y el de la Hacienda guipuzcoana "no son el mismo y hubo que adecuarlo, para poder cruzar los datos fiscales y conseguir esos índices", pero ese trabajo se hizo y concluyó en enero pasado, tal como anunció la diputada de Hacienda, Itziar Agirre, en una comparecencia en las Juntas Generales en febrero.

Aunque ha dicho desconocer con precisión cómo está ahora este asunto, sí ha avanzado que la previsión era que "a finales de abril el Eustat iba a estar en disposición de remitirlos al Ministerio de Vivienda".

Preguntada Rosa García sobre las afirmaciones de la Diputación, se ha limitado a preguntar: ¿Es tan difícil pasar estos datos en el siglo XXI de la inteligencia artificial? o ¿hay gato encerrado?".