EAJ-PNV y PSE chocan en Irun por la licitación del proyecto de Txenperenea y la financiación del traslado desde Plaiaundi
El desacuerdo sobre si licitar primero el proyecto técnico o cerrar antes el acuerdo financiero entre instituciones vuelve a paralizar el histórico traslado de las instalaciones deportivas de Plaiaundi a Txenperenea.
El trasvase de las instalaciones deportivas de Plaiaundi a Txenperenea, un proceso que acumula más de tres décadas de trayectoria en Irun, vuelve a generar discrepancias políticas entre EAJ-PNV y PSE-EE. Las posturas contrapuestas se centran en el orden de los pasos administrativos e institucionales a seguir: mientras los jeltzales acusan a la alcaldesa, Cristina Laborda, de paralizar la licitación del proyecto constructivo preparado por el área municipal de Obras, la formación socialista sostiene que resulta irresponsable redactar dicho proyecto sin asegurar de forma previa la renovación del acuerdo de financiación con el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El PNV exige licitar la redacción del proyecto técnico para poder negociar
Desde la delegación local de EAJ-PNV sostienen que la licitación para la redacción del proyecto constructivo permanece paralizada desde el mes de abril por decisión de la alcaldía, a pesar de contar con los pliegos técnicos redactados por el área municipal de Obras, Mantenimiento e Infraestructuras. Los jeltzales defienden que la concreción técnica del plan resulta indispensable para avanzar en cualquier ámbito institucional.
El grupo municipal jeltzale remarca que la actuación arrastra un retraso continuado y defiende que contar con el documento constructivo es la única vía para definir con precisión la obra civil, las características urbanísticas, el coste global y la planificación temporal de la infraestructura. Según argumentan, sin un proyecto firme sobre el papel no es posible fijar o comprometer aportaciones económicas con el resto de las administraciones involucradas.
El PSE pide confirmar el convenio de 1993 antes de asumir nuevos gastos
Por su parte, los Socialistas de Irun señalan que la prioridad técnica e institucional debe situarse en la actualización y ratificación del Convenio de Cooperación firmado en 1993. Dicho marco regulatorio establecía un reparto de la financiación global asumido en un 50% por la Diputación Foral de Gipuzkoa, un 30% por el Gobierno Vasco y el 20% restante por el propio Consistorio irundarra.
La portavocía del PSE-EE en Irun subraya que el Ayuntamiento ya ha cumplido con sus obligaciones previas y critica los retrasos en las reuniones solicitadas con el Ejecutivo Vasco para rubricar la renovación del acuerdo económico. Desde la formación socialista advierten de que redactar el proyecto constructivo en la situación actual implicaría comprometer recursos públicos municipales en una actuación cuya financiación multiinstitucional aún no está garantizada ni formalizada.
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