VIVIENDA
El Gobierno dará ventajas fiscales para que la Banca suavice los desahucios a los parados
De Guindos invita a las entidades a aceptar la dación en pago para cancelar la hipoteca de las personas más desfavorecidas
23.02.12 - 03:37 -
JULIO DÍAZ DE ALDA | MADRID.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explica su propuesta de dación en pago en un hemiciclo casi vacío. :: EFE
LAS REACCIONES
LUIS DE GUINDOS MINISTRO DE ECONOMÍA
«Es una medida de excepción porque perder la vivienda cuando se está en paro es tremendo»
VALERIANO GÓMEZDIPUTADO DEL PSOE
«Deben alargarse los plazos de las ejecuciones hipotecarias y reducirse los intereses de demora»
El Gobierno da un paso al frente y abre, por fin, la 'caja de los truenos' del mercado hipotecario: la dación en pago. La entrega de la vivienda como forma de saldar toda la deuda pendiente ha sido una de las grandes reivindicaciones del Movimiento 15M. El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicó ayer en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo prepara una batería de medidas -algunas legislativas- para tratar de dulcificar la pérdida del piso a aquellas personas más desfavorecidas. En realidad se trata de una mera invitación a cajas y bancos para que se acojan a un Código de Buenas Prácticas con el que el Ejecutivo intentará que los inmuebles adjudicados se subasten siempre al mejor precio posible y que el desamparo de los embargados sea algo más llevadero, incluso a través de periodos de 'gracia' durante los cuales poder vivir de alquiler en la finca ya perdida.
Para atraer a las entidades financieras a este programa, De Guindos les ha prometido ventajas fiscales. La Confederación de Cajas de Ahorros (CECA) mostró su «disposición a colaborar» con el Gobierno pero dejó claro que la dación en pago «ya existe» en España. En efecto, queda recogida en la Ley Hipotecaria, pero nadie la utiliza por que conlleva siempre unos intereses muy altos o un volumen de dinero prestado muy bajo. El propio De Guindos reconoció este contratiempo: «cuidado, no es la solución mágica». Y explicó que su estrategia se refiere única y exclusivamente a las familias en condiciones más penosas. «Es una medida de excepción, pero para los que la vivienda es su único activo pedirles más es excesivo», dijo.
Umbral de pobreza
«Si perder el empleo es una situación tremenda, perder la vivienda cuando se está en paro es algo tremendo», reconoció el ministro. De Guindos explicó que lo primero que hará el Gobierno es definir lo que llamó «el umbral de exclusión social», que lo conformarán aquellas familias con todos sus miembros en paro (con unos ingresos aún por determinar) cuya vivienda objeto de ejecución hipotecaria sea la primera y única. Ellos son los destinatarios únicos de esta propuesta.
Para evitar fraudes o picarescas, el ministro aclaró que se prestará especial atención a la hora de conceder este estatus. Además, añadió, se promoverá la mejora de los procesos de ejecución de las garantías hipotecarias mediante el impulso a las operaciones extrajudiciales, la creación de una base de datos nacional o la posibilidad de que las ventas se hagan 'on line'. Algo que requerirá la colaboración del Ministerio de Justicia. Al tiempo, el Ejecutivo tratará de atenuar los intereses moratorios en los que, señaló el Ministerio de Economía, «hay margen claro para la moderación».
El Código de Buenas Prácticas será el caballo de batalla de esta operación. La adhesión de las entidades financieras se hará pública, dándoles así a quienes se animen un halo de 'colaboradores' sociales. Su contenido, una vez más, estará pensado para quienes no superen el umbral de pobreza a definir.
La primera recomendación será la de rebajar los gastos y costas del los procesos de ejecución, para los que se pretende un cambio notable. Y es que Economía quiere que en caso de que se pierda la casa el pago del capital de la hipoteca sea proporcional al número de cuotas ya abonadas o que, alternativamente, se rebaje el capital pendiente en la misma proporción. Y es que el sistema español hace que se paguen en los primeros años muchos más intereses que capital, con lo que si se pierde la casa muchas veces quda por abonar casi todo el principal.
El 'pellizco' a la banca se concretará en la obligación (de quienes acepten el Código) de asumir una parte del riesgo en caso de las garantías de la hipoteca no sean suficientes para cubrir lo que queda por pagar de préstamo. Se trata de fijar un mecanismo de co-participación cuando haya habido una tasación deficiente o el valor del inmueble haya caído a plomo.
Sobre la dación en pago, Economía pretende que la familia afectada pueda permanecer en el piso en régimen de alquiler (pagando una renta al banco) durante un periodo de dos años, prorrogable en algunas circunstancias. El incentivo, añadió el Ministerio, sería la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las eventuales pérdidas en las que hubiera incurrido el banco o caja en cuestión.
«Una medida de voluntad». Así es como la Asociación de Consumidores de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ve la propuesta del Gobierno de permitir la dación en pago de la vivienda a las familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro. «Puede resultar un fracaso por las condiciones draconianas que se imponen», dijo el presidente de la organización, Manuel Pardos. A su juicio, no servirá para evitar que los desahucios alcancen cifras «escalofriantes» durante 2012, ya que existen más de 160.000 familias españolas inmersas en procesos de ejecución hipotecaria.
Manuel Pardos consideró que el ministro «se ha acogido a las recomendaciones de la banca» y pidió que se aplique la moratoria de tres años, que la asociación viene reivindicando desde el año pasado. En este sentido, reclamó al Gobierno Rajoy que regule estas medidas de lucha contra los embargos mediante un real decreto que «podría aprobar este viernes» en el Consejo de Ministros, «tal y como ha hecho con las demás medidas económicas».
«Falsas expectativas»
Por su parte, el PSOE acusó al ministro de Economía de generar «falsas expectativas» en un momento en el que los embargos han superado ya los 100.000 anuales. A juicio del diputado Valeriano Gómez, un código de buenas prácticas «solo incluye recomendaciones y no obligaciones». Por ello, el extitular de Trabajo en el último Gabinete de Zapatero demandó una legislación que «alargue los plazos de las ejecuciones hipotecarias y reduzca los intereses de demora».
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