VIVIENDA
El nuevo plan de mediación al alquiler movilizará 3.000 pisos vacíos en 2 años
Arranca en marzo y ofrecerá viviendas entre 400 y 650 euros al mes para rentas medias. El Gobierno Vasco paga los seguros de impago y de daños a los propietarios que se acojan al plan, que funcionará paralelo a Bizigune
27.02.12 - 03:32 -
Más facilidades. En el País Vasco se calculan 75.000 pisos vacíos a los que se pretende dar cabida en el mercado protegido de alquiler. :: LUSA
En tiempos de estrecheces, nuevas ideas. El Gobierno Vasco quiere dar una nueva vuelta de tuerca a la solución al problema de la vivienda en Euskadi con el fomento del alquiler como bandera. Para ello se ha propuesto movilizar 3.000 viviendas libres vacías en los próximos dos años -se calcula que en el País Vasco hay 75.000- para destinarlas a un nuevo programa de alquiler al que también podrán acceder las rentas medias -hasta 39.000 euros anuales-. No en vano, estos hogares se quedaban fuera del mercado protegido de alquiler, al superar los ingresos requeridos, pero también del mercado libre por la carestía de los alquileres y la dificultad de acceder a un préstamo para comprar una vivienda.
Si hasta ahora el programa Bizigune movilizaba vivienda libre vacía y estaba destinado a hogares con ingresos bajos -de 3.000 hasta 22.000 euros anuales-, a partir de finales del mes que viene entrará en vigor un nuevo programa destinado a personas de ingresos medios, que ofrecerá alquileres entre 450 y 650 euros, precios «muy inferiores» al mercado libre actual.
El Gobierno Vasco se ocupará de intermediar entre los propietarios y los inquilinos. A los primeros les garantizará el cobro de las rentas y el arreglo de los desperfectos mediante seguros, mientras que a los inquilinos les asegura una renta mensual que no supere el 30% de sus ingresos brutos anuales. Para articular el programa de intermediación, se creará una red de agentes colaboradores que estará formada principalmente por agentes inmobiliarios.
El Departamento de Vivienda que dirige Iñaki Arriola lleva tiempo trabajando en este programa, que convivirá junto a Bizigune. Eso sí, el nuevo plan destinado a las rentas medias tendrá un coste menor para las arcas públicas. No en vano, los 5.000 euros que por vivienda y año supone el programa Bizigune a la Administración son a todas luces insostenibles en una situación de crisis como la actual. Hasta la fecha, Bizigune ha movilizado ya 4.850 viviendas vacías para inquilinos, a quienes el Gobierno Vasco subvenciona el alquiler para que no supere el 30% de sus ingresos. El nuevo programa, en cambio, supondrá un coste de 200 euros por vivienda y año al Gobierno Vasco, que corresponde al pago de los seguros. La diferencia con el coste de Bizigune es abismal.
En la actualidad, en el Departamento de Vivienda terminan los flecos finales del programa. En las últimas semanas se ha adjudicado a dos empresas aseguradoras el contrato de los seguros que darán cobertura a los posibles impagos de los inquilinos -que ha recaído en Mapfre- y a los desperfectos que se ocasionen en la vivienda -Seguros Bilbao- . El coste de adjudicación de ambos contratos asciende a 521.981 euros para los próximos dos años. «El concurso no ha supuesto un ahorro de coste porque en un principio se habían previsto 750.000 euros en esta partida», aseguran desde el Gobierno Vasco.
Hasta el 30% de ingresos
El nuevo programa ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) estará abierto a hogares con rentas entre 7.000 y 39.000 euros anuales, por lo que podrán acceder personas que antes se quedaban fuera de Bizigune por superar los ingresos.
Los solicitantes deberán estar inscritos en Etxebide. Entre los requisitos que se exigen figura que no podrán ser propietarios de una vivienda en los dos años anteriores a la adjudicación de la vivienda y deberán tener al menos un año de empadronamiento en Euskadi.
Gracias a la entrada en el programa, estas personas se podrán beneficiar de alquileres a precios máximo fijados por el Gobierno Vasco, que garantizará «precios más bajos y competitivos que en el mercado libre». En cualquier caso, nunca soprepasará el 30% de los ingresos brutos anuales.
Los precios máximos del programa tienen como referencia la situación del arrendamiento libre en cada localidad. Los alquileres máximos serán los de las capitales: en Donostia 650 euros, y en Vitoria y Bilbao 600. El resto de municipios se han agrupado en tres categorías de 550 euros (Irun, Eibar, Tolosa, Lasarte-Oria, Errenteria, Zarautz...), 475 (Aretxabaleta, Azpeitia, Bergara, Oñati, Villabona...) y 400 euros (poblaciones pequeñas).
Garantías ante el impago
Los propietarios de pisos que deseen participar en este programa tendrán que admitir esos precios máximos fijados por el Gobierno Vasco que, a todas luces, son inferiores a los que actualmente existen en el mercado libre. A cambio, estos propietarios verán garantizado el cobro de la totalidad de las mensualidades y el arreglo de cualquier desperfecto gracias a la contratación de dos pólizas de seguros, cuyo coste correrá a cargo del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco.
Eso sí, las viviendas que aspiren a participar en el programa deberán «reunir las condiciones esenciales de habitabilidad y estar equipadas con muebles en cocinas y baños», según reza el borrador del decreto que se aprobará en las próximas semanas.
Agentes de intermediación
De poner en relación a propietarios e inquilinos se ocupará una red de agentes colaboradores en la intermediación, que mantendrán informado al Gobierno Vasco de cada operación. En esta red ya han anunciado su participación los agentes de la propiedad inmobiliaria APIS, aunque también otros profesionales inmobiliarios con experiencias mínima de cinco años en el sector y sociedades públicas de vivienda podrán actuar como agentes colaboradores. En este sentido, Sestao Berri y Donostiako Etxegintza ya han anunciado sus intenciones de participar, según señalan desde el Gobierno Vasco.
Las funciones de estos agentes serán las de buscar y captar viviendas libres susceptibles de entrar a formar parte en el programa, actuar como intermediario en la firma de los contratos de arrendamiento y velar por el mantenimiento en buen estado de las viviendas. Además, se ocupará de seleccionar al inquilino de las listas de Etxebide y de enseñar el inmueble a las personas elegidas para vivir en él.
Con cada intermediación, los mediadores deberán informar debidamente al Gobierno Vasco. Las retribuciones de los agentes colaboradores correrán a cargo de los propietarios de la vivienda que se alquile.
El nuevo programa estará listo a finales de marzo. Solo faltan los último flecos, tras lo que se producirá la aprobación del decreto por parte del Consejo de Gobierno Vasco.
La doble crisis económica que padece el ámbito de la construcción de viviendas ha provocado que el Gobierno Vasco cambie sus previsiones y sus planes para potenciar el arrendamiento. Si antes de la crisis ya era complicado obtener recursos para la promoción de nuevas viviendas de protección oficial destinadas al alquiler, la coyuntura actual ha espantado a cualquier inversor.
Por este motivo, el Departamento de Vivienda ha cambiado su estrategia para impulsar el mercado de alquiler. Y se va a centrar en dinamizar el mercado de vivienda libre con alquileres «tutelados». Lo hará a través del programa Bizigune, que subvenciona la cuota mensual de alquiler, y del nuevo programa de intermediación, que garantiza mediante seguros los pagos y el arreglo de los desperfectos. «Estamos sustituyendo vivienda de nueva construcción con estos programas de intermediación», aseguran fuentes del Gobierno Vasco.
De hecho, el nuevo programa ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) se concibió en un principio con el objetivo de llegar a movilizar 2.000 vivienda libres en los dos próximos años. La coyuntura actual de falta de nuevas promociones de VPO de alquiler hace que se suba el listón y los recursos hasta las 3.000. Por cada piso que se alquile, al Gobierno Vasco le cuesta 200 euros de los seguros por impagos y desperfectos de este programa, destinado a rentas anuales de hasta 39.000 euros.
Además, ha ampliado el objetivo de viviendas libres que hasta ahora pretendía movilizar con el programa Bizigune, destinado a los hogares con ingresos de hasta 22.000 euros. Si hasta ahora el objetivo era llegar en dos años a las 5.000 viviendas movilizadas -en la actualidad ya son 4.850-, ahora se destinarán recursos para llegar a las 6.000.
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