Los trabajadores durante su protesta por el Paseo de Colón. / ELA
Los trabajadores de CAF se manifestaron ayer por las calles de Irun para denunciar la situación de los compañeros de fábrica a los que a lo largo de estos años se les han detectado enfermedades relacionadas con el amianto. Según datos aportados por la central sindical, son 81 trabajadores de CAF (35 en Beasain, 45 en Zaragoza y 1 en Irun) los que han fallecido como consecuencia de haber inhalado amianto en sus puestos de trabajo y a los que oficialmente se les ha reconocido que la causa de su muerte fue el haber manipulado amianto. Con esta manifestación, que recorrió las calles de Irun, quisieron “manifestar nuestro malestar por la actitud de las empresas implicadas, al obstaculizar las peticiones de los enfermos y fallecidos cuando reivindican sus derechos legítimos, como son las indemnizaciones correspondientes y el recargo de prestaciones. Queremos también denunciar a la administración por su actitud obstruccionista a la hora de compensar a las víctimas y dificultar la creación de un fondo de compensación económica como existe en varios países de Europa. Aunque parece que después de mucha pelea esta petición histórica empieza a ser realidad, está tardando el reconocimiento de las instituciones a las miles de víctimas del amianto”.
La manifestación terminó con la lectura del siguiente comunicado:
“Queremos mencionar que las y los compañeros de CAF Zaragoza y Beasain están realizando la misma protesta. Desde que empezó este año, en Beasain han muerto 4 compañeros como consecuencia de haber trabajado con amianto, y a otros tantos se les ha detectado la enfermedad. Solo en el País Vasco se estima que unos 25 mil trabajadores estuvieron en contacto con esta sustancia cancerígena, cuyo uso no sería prohibido en España hasta 2002. En lo que va de año ya han muerto catorce trabajadores vascos por culpa de esa sustancia, mientras que durante 2017 hubo 22 fallecidos. Un año antes se habían producido otros 29 decesos. Desde 1993 a 2018 se recoge que han muerto 1505 personas por este motivo. El goteo es imparable y este año hemos empezado fuerte. Además, no están todos, así de claro. Son la punta del iceberg, y lo saben. Las administraciones públicas, los empresarios y las mutuas esconden su impacto real, porque quedarían desnudos ante el horror y el drama, Y lo grave es que se sabe, pero se consiente la ocultación. De hecho, la OIT (Organización Iternacional del Trabajo) llama este año a utilizar los mecanismos existentes para contabilizar el daño de una forma real.
Pero, ¿cuánto tiempo hace falta para que este tsunami de dolor, horror y drama salte a nuestras conciencias y actuemos de una manera real para conseguir que las persones estemos por delante de los negocios y de las ganancias? Es una vergüenza que perdura en 2018, sin que se pongan en marcha las medidas adecuadas para que la seguridad y la salud de las personas estén por delante de los intereses económicos. Es triste, pero es así. Quienes nos deben defender, quienes nos gobiernan, no lo hacen en la defensa de todos, sino que ante tanto drama miran para otro lado en defensa de los intereses de los bolsillos de unos pocos.
En octubre de 2017, el Congreso aprobó por fin una Proposición de Ley que, entre otras cosas, contempla la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Como en tantos otros asuntos, las iniciativas políticas llegan con retraso. Francia, Bélgica y Holanda aprobaron medidas para compensar a los afectados hace años. Mientras se tramita la ley las víctimas siguen recorriendo un camino largo y tortuoso para que se les reconozca el origen de sus enfermedades. Mutualidades, Seguridad Social e Inspección de Trabajo se convierten en obstáculos, a veces insalvables, para probar que las empresas incumplieron normas de seguridad higiene en el trabajo que estaban vigentes y cuya ausencia provocó enfermedad y muerte. Además, como hemos podido leer estos últimos días, también las empresas se convierten en obstáculos condenándonos a juicios interminables…
Pero todo esto no es nuevo tampoco en CAF, llevamos años trabajando y exigiendo medidas tanto a la dirección como a las instituciones públicas. Por ese motivo y a raíz del trabajo realizado por la parte social hoy en día tenemos identificados, los puestos, los años, los pedidos, y los trabajadores y trabajadoras que estuvieron en contacto con este producto. Actualmente CAF reconoce que 550 compañeros y compañeras en Beasain y 50 en Irun han podido estar en contacto con el amianto en su puesto de trabajo. Por eso hoy queremos dar un paso hacia adelante y hacer una petición directa a CAF: basta de juicios y papeleos eternos que se les obligan a recorrer a los afectados y sus familiares, hasta el punto de que algunos fallecen en el camino, basta ya. Pedimos que desde el momento en el que a un compañero o compañera que figure en esa macabra lista se le detecte una enfermedad derivada del amianto, se considere como una enfermedad profesional, se le reconozca el daño causado por trabajar con amianto y se le indemnice, sin necesidad de iniciar ningún trámite judicial.
Esto viene a recoger lo que la caja de compensación debería de estar haciendo desde hace tiempo, pero entendemos que CAF debe asumir este compromiso hasta que esta petición social al fin vea la luz”.