Un 2018 muy convulso en la política local
La ruptura del pacto de Gobierno ha marcado la actividad municipal
La política municipal ha estado marcada este año por la ruptura del pacto de Gobierno entre los Socialistas de Irun y EAJ-PNV. En los meses previos eran perceptibles ciertas fricciones entre ambos socios de Gobierno, pero los acontecimientos que llevaron a su ruptura se desencadenaron el 12 de enero de 2018, cuando el entonces delegado de Urbanismo, Xabier Iridoy, anunciaba un acuerdo para la ordenación del ámbito de Korrokoitz, en la Parte Vieja. Sólo tres horas después, el delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, respondía a esas declaraciones y se refería a la necesidad de contar con los preceptivos informes técnicos antes de dar por buena la nueva ordenación propuesta. A partir de ahí se sucedieron varios cruces de declaraciones entre ambos socios de Gobierno hasta que, el 23 de enero, el alcalde, José Antonio Santano, anunciaba el cese de Iridoy como delegado de Urbanismo alegando «falta de confianza» en su gestión. A raíz del cese, las otras dos delegadas de EAJ-PNV en el Gobierno municipal dimitieron y el pacto se dio por roto.
Pocas semanas después Xabier Iridoy solicitó en el Juzgado de Irun la celebración de un acto de conciliación con el alcalde, exigiéndole que se retractara en sus declaraciones al cesarlo, cuando aludió a la «falta de transparencia y trabajo al margen de la legalidad» del entonces delegado de Urbanismo, y alegando que no había «presentado pruebas» de dichas afirmaciones. El acto de conciliación se celebró en abril y terminó sin acuerdo.
Pocas semanas después se escribía el siguiente capítulo de esta historia con nuevos protagonistas: David Soto y Jokin Melida, portavoces de Sí Se Puede Irun y EH Bildu respectivamente, presentaron en abril una moción en la que solicitaban la creación de una comisión de investigación que analizara lo sucedido en torno a Korrokoitz. El PNV apoyó la propuesta y, con esa nueva correlación de fuerzas que daba a los jeltzales, SPI y EH Bildu mayoría en el Pleno, en junio se puso en marcha la primera comisión de investigación del Ayuntamiento de Irun. Tras varias comparecencias únicamente de representantes políticos, ya que el personal técnico y los promotores privados citados declinaron asistir, la comisión terminó en septiembre con unas conclusiones aprobadas con los votos de SPI, EAJ-PNV y EH Bildu, según las cuales Iridoy «actuó dentro del marco técnico» y el alcalde «no obró de buena fe en sus declaraciones».
Desde entonces, la posibilidad de una moción de censura contra el alcalde, factible con la suma de los votos de SPI, EAJ-PNV y EH Bildu, se ha sugerido varias veces sin llegar a concretarse.
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