Considerada la esclavitud del siglo XXI, la trata de personas con fines de explotación sexual es una expresión descarnada de la violencia contra las mujeres, una realidad latente en Gipuzkoa. “La sociedad no sé si es consciente de la cantidad de prostitución que hay en Irun, en Behobia. Es una barbaridad”. Margarita Díaz es la coordinadora nacional de la ONG Fiet Gratia, una organización que ayuda a mujeres prostituidas, y que desde su implantación en Gipuzkoa hace un año ha atendido a medio millar de personas, “prácticamente la mayoría víctimas de explotación sexual”.

Esta entidad social asistió en Bizkaia a trece víctimas de trata que vivían hacinadas en una buhardilla entre restos de comida y que fueron liberadas por la Guardia Civil en una operación desarrollada en marzo. El grupo criminal realizaba la captación de las mujeres en países de Sudamérica, principalmente Paraguay y Colombia, aprovechando su situación de vulnerabilidad, necesidad y pobreza que tenían en sus países de origen.

Díaz asegura que se trata de una realidad también presente en Gipuzkoa, y detalla las penosas condiciones en las que se desarrolla el trabajo de mujeres que ejercen la prostitución en el paso fronterizo. “Pagan a los proxenetas hasta el 60% de sus ingresos. Muchas viven amenazadas y son víctimas de robos. La mayoría atraviesan procesos migratorios complejos y no tienen padrón”, explica la portavoz.

Su testimonio, que nace de su experiencia a pie de calle, tiene su correlación con los asuntos que llegan a los tribunales, donde el mes pasado se juzgó a una banda acusada de obligar a prostituirse a siete mujeres venezolanas 24 horas al día en distintos pisos de Donostia.

“La sociedad no sé si es consciente de la cantidad de prostitución que hay en Irun, en Behobia. Es una barbaridad”

Margarita Díaz - Coordinadora nacional de la ONG Fiet Gratia, organización que ayuda a mujeres prostituídas

El escrito de la Fiscalía ofrece algunos detalles del drama, similar al vivido en Bizkaia. "La presión que ejercían los procesados sobre las mujeres; el control emocional; la dependencia generada; el hecho de ser extranjeras carentes de recursos económicos, la ausencia de apoyo de terceras personas y el miedo a que revelaran a sus familias a qué se dedicaban ellas en España". Son algunos de los términos del texto del Ministerio Público. Todo ello, junto al temor a "represalias físicas", llevó a las víctimas a obedecer y a aceptar las “indignas condiciones".

Un defecto de forma durante la instrucción del caso abocó al tribunal a invalidar los dos últimos años de diligencias, lo que ha conllevado una rebaja sustancial de las penas por estos hechos. Pese a ello, hay seis condenados por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Cuatro de ellos, además, por uno o dos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Casos que tratan de seguir de cerca los cuerpos policiales.

Víctimas liberadas

La Ertzaintza cuenta con un grupo de trabajo "estable" de agentes con especialización y formación en la trata con fines de explotación sexual para luchar contra "esta forma degradante y extrema de violencia contra las mujeres". La creencia general es que se trata de un fenómeno endémico de otros países más pobres o menos desarrollados, algo que desmienten los datos. La Ertzaintza ha detenido o investigado en la última década en Euskadi -entre 2010 y 2022- a 72 personas en operaciones policiales contra la explotación sexual. Durante este tiempo se ha liberado a 65 víctimas, 63 mujeres y 2 hombres. En los casos investigados hubo captación, transporte y traslado de personas recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción con el fin de su explotación sexual en prostíbulos, pisos particulares, y en menor medida, la calle.

Aunque es complejo saberlo, se calcula que cerca de 1.100 mujeres ejercen la prostitución en 120 lugares diferentes de la Comunidad Autónoma Vasca, según los últimos datos del Departamento Vasco de Seguridad. Parece, en todo caso, una aproximación somera de la realidad. Otro estudio publicado en 2019 sitúa la cifra entre 1.968 y 2.292 mujeres, según el trabajo elaborado por la socióloga Carmen Meneses, por encargo de la Mesa contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, que coordina Emakunde.

En este órgano interinstitucional están representados los departamentos de Políticas Sociales y Seguridad, la Ertzaintza, las diputaciones forales, la Fiscalía, la Delegación del Gobierno estatal, y organizaciones como Cáritas, CEAR Euskadi, Médicos del Mundo, Comisión Anti-Sida, Cruz Roja, Gizarterako, Askabide, Oblatas y Accem.

Según el trabajo elaborado, se estima que son víctimas de trata con fines de explotación sexual entre el 10 y 15%, lo que elevaría el número de afectadas a 300. Se aproxima esta cifra las 286 personas identificadas el año pasado en Euskadi en riesgo de explotación sexual, según el último informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio de Interior.

Un fenómeno delictivo de primera magnitud

Según este informe, la sexual es la forma más común de explotación que existe en la actualidad (59%), seguida del trabajo forzado (34%). Un fenómeno delictivo de primera magnitud que atenta contra los derechos fundamentales de las personas, “en su mayoría, mujeres y niñas". Un infierno del que no es fácil salir, pero es posible, como dice la ONG Fiet Gratia. “Aquella mujer que quiera dejarlo, tiene oportunidad de hacerlo. Hay recursos y casas de acogida”, explica Díaz.

"Aquella mujer que quiera dejarlo, tiene oportunidad de hacerlo. Hay recursos y casas de acogida"

Esta ONG lleva tres años implantada en Euskadi, y hace un año abrió una unidad de detección y asistencia en Gipuzkoa. Cuenta con un equipo de ocho personas -dos en plantilla, una de ellas trabajadora social-, con voluntarios en el territorio que se desplazan a algunos de los focos más calientes de la prostitución, tanto en clubs como en pisos, en Donostia e Irun.

La ONG trabaja en red con otras entidades, y presta servicio de atención psicológica, asesoramiento jurídico, así como derivaciones médicas, con test de VIH, revisiones ginecológicas o pruebas de embarazo.

“Lo más importante es que existe un equipo multidisciplinar de profesionales que ayudan a estas mujeres a restaurar sus vidas”, señala la portavoz. Así lo han hecho con las trece víctimas de la red criminal detenida en Bizkaia. Las mujeres estaban confinadas en una casa del barrio bilbaíno de Zorrotza, donde vivían en condiciones infrahumanas e insalubres, hacinadas entre restos de comida y suciedad.

Sólo podían salir una hora al día, se las controlaba por un circuito cerrado de televisión y eran obligadas a aceptar clientes las 24 horas del día, los siete días de la semana. Ayudar a estas mujeres a transitar un nuevo camino es lo que hace Fiet Gratia: darles herramientas para que puedan empoderarse, rompan con el ciclo de vulnerabilidad, y logren finalmente una inserción sociolaboral. “Mientras estas mujeres están en el recurso, si se demuestra que son víctimas de trata o de explotación sexual, los abogados, por derecho, se encargan de tramitar su documentación”, explica Díaz.