El movimiento pensionista vasco denuncia el bloqueo de su ILP tras reunir más de 145.000 firmas
Sole Aguirre, portavoz de Txingudiko Pensionistas, acusa al Gobierno Vasco de vulnerar la democracia participativa y alerta del aumento de la brecha de género y la precariedad entre las personas mayores.
El lunes pasado se cumplieron ocho años desde que miles de pensionistas salieran a las calles en 2018 para decir “basta” a los recortes y a la subida del 0,25 % de las pensiones. Ocho años después, el movimiento pensionista de Euskal Herria sigue movilizado y denunciando una situación que, lejos de resolverse, consideran cada vez más preocupante.
Así lo ha expresado Sole Aguirre, representante de Txingudiko Pensionistas, en una entrevista en Radio Irun, donde ha calificado de “vergonzoso” el bloqueo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el movimiento pensionista. La propuesta, que reclamaba la equiparación de las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional, logró reunir más de 145.000 firmas, superando ampliamente el umbral exigido por la ley.
“El problema no es que nos hayan dicho que no a la ley; el problema es que no nos han dejado ni presentarla ni defenderla”, ha denunciado Aguirre. Según explica, la ILP ni siquiera ha llegado a debatirse en el Parlamento Vasco, lo que considera una contradicción flagrante con los discursos oficiales sobre gobernanza cooperativa y democracia participativa.
La portavoz pensionista también ha criticado el trato recibido durante las movilizaciones, especialmente el pasado 15 de diciembre en Gasteiz, cuando las puertas del Parlamento permanecieron cerradas mientras cientos de pensionistas se concentraban para pedir ser escuchados. “Cerrar una puerta a un colectivo que representa casi el 25 % de la ciudadanía es muy fuerte”, ha señalado.
Uno de los ejes centrales de la denuncia es la brecha de género en las pensiones. En la Comunidad Autónoma Vasca, cerca del 32 % de las personas pensionistas cobra menos que el salario mínimo, y de ese porcentaje, más del 66 % son mujeres. En total, alrededor de 220.000 personas tienen dificultades para acceder a condiciones de vida dignas. “Cuando hablamos de porcentajes parece menos grave, pero cuando dices 220.000 personas, estamos hablando de una realidad social enorme”, ha subrayado Aguirre.
El movimiento pensionista también alerta sobre la brecha digital, que dificulta el acceso de muchas personas mayores a sus derechos. “Nos piden hacerlo todo online y muchos pensionistas no saben manejar un ordenador o un móvil. Eso nos deja en clara desventaja”, ha explicado, reclamando más apoyo desde los servicios sociales y la administración.
Además, Aguirre ha mostrado su preocupación por el impulso de los planes de pensiones privados, advirtiendo de que trasladan recursos fuera de la Seguridad Social y quedan en manos de entidades financieras cuyo objetivo es el beneficio. “Que les garanticen por escrito que van a recuperar su dinero”, ha advertido.
Pese a las dificultades, el movimiento pensionista mantiene su capacidad de movilización y recuerda que su principal fuerza es el voto. Entre las próximas acciones, han anunciado su apoyo a las movilizaciones del 17 de marzo para reclamar la subida del salario mínimo, entendiendo que la lucha por pensiones dignas y salarios dignos es una causa común.
“Solo pedimos poder vivir con tranquilidad, sin tener que elegir entre encender la calefacción o comprar medicación”, ha concluido Aguirre, insistiendo en que la defensa de lo público y la solidaridad intergeneracional son claves para el futuro de la sociedad.
