Loza pide a Urkullu un 'plan de país' sobre la inmigración
El delegado del Gobierno lo propuso en su primera cita con el lehendakari porque «el desafío es lo suficientemente trascendental para implicar a todos»
El desafío que está suponiendo no solo la llegada de migrantes a Euskadi que han cruzado en patera el Estrecho, sino la integración en general del fenómeno migratorio, ha llevado al delegado del Gobierno a trasladar al lehendakari la propuesta de un 'plan de país' que coordine la actuación de las distintas administraciones con competencias en la materia y los recursos disponibles. Según ha podido saber este periódico, la petición tuvo lugar el pasado 4 de julio, cuando Jesús Loza mantuvo su primera reunión en el cargo con Iñigo Urkullu. Y supondría estrechar la cooperación entre el Ejecutivo vasco y el central, que tiene la responsabilidad sobre Extranjería.
Para situar la iniciativa, las fuentes consultadas ponen como ejemplo y eventual precedente el Primer Plan integral contra la pobreza en Euskadi (1988), que estableció el primer programa de rentas mínimas y que incluía a todas las instituciones y agentes sociales. Jesús Loza parte de la tesis de que el problema trasciende en el tiempo al presente e incluso al futuro más cercano y de que se trata de un desafío lo suficientemente trascendental para la sociedad vasca en el que se debe involucrar a todos los actores concernidos. El delegado del Gobierno cree preciso que la cooperación sea interinstitucional e interdepartamental.
En su encuentro con Urkullu, quien se habría mostrado receptivo a la propuesta, Loza no prejuzgó en qué formato debe estar presente el Estado -no participa hoy en la mesa de coordinación existente-, pero sí incidió en la colaboración entre gobiernos. A su juicio, la cuestión no es tanto quién tiene la competencia para gestionar los recursos para atender a los migrantes en tránsito y el resto de las cuestiones vinculadas a la inmigración, sino cómo se coordinan todos los implicados para mejorar el trabajo.
La eficacia de esa coordinación en la asistencia a los subsaharianos que intentan pasar a Francia desde Gipuzkoa está detrás de la controversia abierta en los últimos días entre el alcalde de Irun, el socialista José Antonio Santano, y el Gobierno Vasco. Mientras Santano ha acusado al Ejecutivo de Urkullu de falta de liderazgo, el aludido, a través de una carta de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, le ha recordado que se trata de una competencia del Gobierno central y de los municipios, y que a pesar de ello desde Lakua se ha realizado un importante trabajo.
Fuentes municipales señalaron ayer que el alcalde irunés, que al parecer no había recibido todavía la misiva y se había enterado de su contenido por su publicación en este periódico, se ha mostrado extrañado por «la virulencia de la respuesta» de Artolazabal. En la carta, además de recomendarle que evitara ese tipo de comentarios, la consejera de Empleo y Políticas Sociales dejaba constancia de una ausencia de comunicación por parte del Gobierno español, que no notifica al vasco las circunstancias, fechas o número de personas que son dirigidas desde el sur peninsular a Euskadi.
Las mismas fuentes recordaban ayer que el Ayuntamiento de Irun ha solicitado ya la mesa interinstitucional vasca cuente también con una representación del Estado. «Tiene que haber un plan compartido, porque la situación ahora está controlada, pero en cualquier momento puede aumentar notablemente el número de migrantes que están esperando a pasar la frontera», explicaron.
La mesa de Gipuzkoa
La mesa interinstitucional que coordina la atención a los inmigrantes estudiará soluciones técnicas para atender a estas personas más allá de los cinco días de estancia máxima establecidos hasta ahora en los recursos de acogida habilitados en San Sebastián e Irun, que en ocasiones cuentan con plazas libres, según se acordó ayer en el encuentro que mantuvo ayer en Donostia la 'mesa guipuzcoana' con representantes del Gobierno Vasco, Diputación, los ayuntamientos de Irun y San Sebastián y organizaciones sociales como la Red de Acogida de la capital donostiarra y SOS Racismo. La intención es mejorar la «coordinación» y atender algunas de las reivindicaciones planteadas por estos colectivos, a quienes se ha propuesto entrar en la mesa.
La viceconsejera de Asuntos Sociales, Lide Amilibia, explicó que también se va a constituir «una mesa pequeñita de trabajo para ver cómo vamos a poder llevar adelante la vuelta de esas personas que puedan necesitar más tiempo en Euskadi para restablecer sus contactos».
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