El Ayuntamiento de Irun llevará al pleno de octubre la solicitud de declarar como zona tensionada la totalidad de la ciudad fronteriza que propone un Plan de Vivienda a tres años vista que contempla la construcción de 1.000 viviendas públicas.

El consistorio irundarra ha concluido la elaboración de la documentación necesaria para la solicitar la declaración del municipio como zona tensionada, que ha sido presentada ya al consejo de administración de la Sociedad Pública de Vivienda de Irun (IRUNVI) y que está integrada por un diagnóstico de la situación, un plan de vivienda y una memoria justificativa.

La petición se debatirá y aprobará en el próximo pleno municipal de octubre para su remisión al Gobierno Vasco, que deberá exponerlo al público en caso de estimar adecuada tramitar la declaración, ha informado el consistorio irundarra en un comunicado.

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha señalado que se trata del plan "más ambicioso puesto" en marcha desde el Ayuntamiento en el ámbito de la vivienda, "ya que en los últimos 20 años se ha construido un total de 978 viviendas públicas y esta iniciativa contempla el inicio de la construcción de 1.000 en los próximos tres años".

"Esta declaración permitirá abordar el problema de la vivienda de manera integral, algo a lo que llegaremos gracias a la colaboración institucional con el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco", ha precisado.

Desde el pasado mes de marzo, el Ayuntamiento ha trabajado en la elaboración de un "diagnóstico detallado" de la situación y los datos certifican que la ciudad cumple los criterios legales requeridos para delimitar al término municipal de Irun como zona tensionada.

El diagnóstico

 Entre 2015 y 2023 el precio del metro cuadrado en Irun se ha incrementado en un 42%, al pasar de 2.863 a 4.100 euros.

En el cuarto trimestre de 2023, el precio medio de los pisos usados fue de 330.000 euros y de la vivienda libre de 411.000 euros, unos incrementos que van en consonancia con los del conjunto del área de Donostialdea-Bajo Bidasoa donde se registró una subida en la vivienda de segunda mano de un 32% y de 50% en la libre entre 2015 y 2022.

El diagnóstico "confirma" un "especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población residente", señala el Ayuntamiento.

El plan de vivienda

Con estos datos como base, se ha elaborado el Plan de Vivienda de Irun para los próximos tres años que ha servido al Ayuntamiento para "ordenar y estructurar" acciones que ya desarrollaba desde años atrás así como para "identificar medidas adicionales, ajustadas al contexto actual".

El plan ha sido contrastado con el Departamento vasco de Vivienda, que es el que tiene las competencias sustanciales en esta materia.

El reconocimiento de Irun como zona tensionada supondrá la aplicación de las modificaciones realizadas en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con el objetivo de moderar el crecimiento de los precios de alquiler en el parque de vivienda libre.

El Plan de Vivienda se estructura en torno al fomento del alquiler asequible para incrementar la oferta de vivienda para lo cual está prevista la construcción de 1.000 viviendas de protección pública en diferentes zonas.

Asimismo contempla el fomento de programas de intermediación en el mercado del alquiler, actuaciones sobre el parque edificado como la rehabilitación y regeneración urbanas, un sistema de prestaciones de ayudas al alquiler y protección de colectivos vulnerables, a través de un dispositivo de ayudas y prestaciones, muchas de ellas ya vigentes.