El Pleno de Irun aprueba la subida del 1,5% en el IBI y del 1% en la viñeta
Sólo el PP apoyó la propuesta del Gobierno socialista, pero fue suficiente dado que aunque el PNV votó en contra, Elkarrekin y EH Bildu se abstuvieron
La Corporación municipal de Irun celebró ayer una sesión plenaria que fue de todo menos típica. Para empezar, por primera vez, se admitió el voto delegado de un concejal, concejala en este caso, en un compañero de grupo. Fue con motivo del permiso de maternidad de la edil socialista Mónica Martínez y fue el portavoz del grupo, Miguel Ángel Páez, quien ejerció su representación en las votaciones. Un hecho sin precedentes que, según se dijo ayer, no recoge el Reglamento Orgánico Municipal pero está garantizado por la ley.
El Pleno tuvo una nada habitual duración superior a las seis horas y también fue para destacar la diversidad de combinaciones en las votaciones. Mociones de los grupos al margen, se sometieron a la consideración del Pleno ocho dictámenes y cuatro enmiendas (el resto se incorporaron sin votación o se retiraron) y sólo tres veces coincidió el reparto; el resto fueron diferentes.
Y eso que ayer casi todos los puntos y todas las enmiendas tenían que ver con los impuestos y las tasas para 2020. La propuesta del Gobierno para los tributos planteaba un 1,5% de incremento en el IBI «después de cinco años de congelación» y un 1% en la viñeta (2% para turismos y motos con más caballos fiscales). Para el resto de gravámenes (construcciones y obras, IAE y Plusvalías) se proponía congelación. A ese punto de partida que explicó el delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, se le hicieron un total de 26 enmiendas desde los grupos en una parte de la sesión que recordó por momentos a un pleno presupuestario pero que fue mucho más caótica.
Debate y acuerdos
Por distintos motivos, pero fundamentalmente porque no se encontraban dentro del marco legal que establece la correspondiente norma foral, se retiraron 4 enmiendas de Elkarrekin Podemos-IU, 7 de EH Bildu y 1 de EAJ-PNV. Se rechazaron por votación otras cuatro (3 jeltzales y 1 de Bildu) y se incorporaron diez (6 de Elkarrekin, 2 de Bildu y las 2 del PP). Esas correcciones (algunas retocadas para poder tener encaje en la mencionada norma foral) básicamente ampliaban los rangos de las bonificaciones en distintos campos, con una excepción, el recargo del 50% a viviendas vacías que se plantea no para 2020 sino para el 21. «Necesitamos que el Gobierno Vasco apruebe el decreto que marque las condiciones para que una vivienda se considere vacía, detallando lo que apunta la ley», explicó Páez. Ya no hay tiempo para redactar el reglamento fiscal y que entre en vigor el 1 de enero «que es la fecha en la que entran vigor los impuestos, por lo que habrá que esperar al 1 de enero de 2021».
No fue suficiente para Elkarrekin Podemos-IU, el proponente, que justificó que aunque en principio pensaba apoyar el dictamen, finalmente pasaba a la abstención por ese motivo. La misma opción eligió EH Bildu, en su caso, coincidiendo con el Gobierno en la necesidad de «actualizar los impuestos para seguir prestando servicio público» desde el consistorio y advirtiendo que dado que la norma foral dejaba fuera la mayoría de sus medidas compensatorias para los que están en peor situación las llevarán a debate a las Juntas Generales. Así, sólo el PP, al que se habían aceptado sus dos enmiendas, sumó su voto a los de Socialistas de Irun para aprobar el dictamen.
El PNV votó en contra y aunque no hizo intervención para explicar su postura, era fácil contextualizarla en el debate de sus enmiendas, especialmente en las relativas a congelar el tipo del IBI (estimando que la revalorización catastral actualizará el recibo con valores del IPC) y subir «el 0,5%, conforme al IPC», en la viñeta, con un punto extra para los vehículos de mayor motor. Ninguna de las dos próspero. De hecho, sólo la segunda tuvo algún apoyo fuera del grupo jeltzale. Fue de los tres ediles de Bildu y, con la abstención de Elkarrekin y PP, eso se tradujo en un empate a 10 con los socialistas, insuficiente para que se aprobara.
El debate entre el delegado de Hacienda y el jeltzale José Corchón fue áspero. Más allá de la discrepancia técnica sobre si el IBI ha estado congelado 5 años o ha subido por la revalorización catastral, Corchón insinuó que el año pasado el Gobierno congeló los impuestos en una medida electoralista. Páez, por su parte, le afeó que sus enmiendas se habían presentado fuera de plazo, la víspera por la tarde, sin opción de que los técnicos elaborarán un informe y negó los cálculos jeltzales. Tras la sesión, Páez valoraba que «con quienes han hecho el trabajo a tiempo y han hecho propuestas razonables, hemos tenido capacidad y tiempo de acordar. Iban en la línea de nuestra idea: una subida general ayudando a ciertos colectivos con mejoras en las bonificaciones fiscales», destacó.
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