Los trabajadores de Txinzer señalan a Laborda y Enparan: "Si ellos quieren, mañana el conflicto se ha arreglado"
La huelga en Servicios de Txingudi supera las 70 jornadas con las posturas totalmente enfrentadas por la valoración de puestos de trabajo. Mientras el comité de empresa denuncia que la dirección pretende devaluar los salarios de los grupos más bajos, aseguran que la solución solo depende de la voluntad política de la alcaldesa de Irun y el alcalde de Hondarribia para aprobar una partida de 350.000 euros.
Concentración de la plantilla de Txingudiko Zerbitzuak en la plaza San Juan de Irun (foto: Komite Txingudiko Zerbitzuak)
El conflicto laboral en Txinzer ha encallado en un análisis técnico de las funciones de la plantilla. Según ha explicado la presidenta del comité, Alaitz Egiazabal, en Radio Irun, la propuesta de la gerencia resulta "insuficiente" para los trabajadores, ya que concluye que el 35% de la plantilla (especialmente en los grupos 3, 4 y 5) está cobrando por encima de su valor. La dirección propone una valoración que reduciría el peso de puestos con salarios de 28.000 euros hasta los 26.000, bajo el argumento de que "factores como la autonomía o la iniciativa deben ir ligados estrictamente a la titulación académica". Desde el comité rechazan de plano esta visión, defendiendo que un oficial de segunda desempeña funciones que requieren una responsabilidad que "no puede ser ignorada por su nivel de estudios".
Una brecha salarial de hasta 5.000 euros
La comparativa con el Ayuntamiento de Irun sigue siendo el eje central de las reivindicaciones. El comité ha presentado una actualización de la valoración de puestos utilizando los mismos baremos que el consistorio irunés, lo que evidencia que "un operario de Servicios de Txingudi llega a cobrar hasta 5.000 euros menos que su homólogo municipal". Esta diferencia resulta "especialmente sangrante" para la plantilla si se tiene en cuenta que los trabajadores de Txinzer lidian con condiciones de toxicidad y penosidad que no existen en otros puestos. Además, denuncian que "esta precariedad solo afecta a la escala media y baja", ya que los altos cargos de la empresa (grupos 1 y 2) tienen condiciones incluso mejores que las de los técnicos del ayuntamiento.
La llave está en la voluntad política
Tras la reunión mantenida el pasado jueves con Cristina Laborda e Igor Enparan, presidenta y vicepresidente, el comité tiene claro que la gerencia y la presidencia se están "pasando la pelota". Los trabajadores insisten en que la aplicación de su propuesta de valoración tendría un coste de poco más de 350.000 euros, lo que no supone ni el 1% del presupuesto anual de Txinzer. En un ejercicio de flexibilidad para facilitar el acuerdo, la plantilla se ha mostrado "abierta a negociar los plazos de aplicación de esta subida", permitiendo que el impacto económico se distribuya en el tiempo si eso facilita el encaje presupuestario.
Para la representación social, tras 72 días de huelga, ya no hay excusas técnicas: aseguran que existen mecanismos legales para modificar las partidas y que el informe técnico que avale la equiparación podría estar listo "mañana mismo". Todo queda, por tanto, a expensas de que los alcaldes de Irun y Hondarribia den el paso definitivo para dignificar el trabajo de los operarios y poner fin al conflicto.
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