Irun define el mapa de su Zona de Bajas Emisiones mientras la oposición exige aparcamientos disuasorios y más autobús
Los portavoces municipales debaten las fases y exenciones de la futura ordenanza de movilidad tras recibir el primer aval del Pleno para restringir el tráfico en el centro.
La ordenanza de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha superado su aprobación inicial en el Pleno de Irun, abriendo un periodo de exposición pública para la recogida de aportaciones. El texto regulador salió adelante gracias al respaldo de los socios del Gobierno Municipal, PSE-EE y PNV, frente a la abstención de EH Bildu y el voto en contra de Elkarrekin Irun y el Partido Popular. El documento técnico establece la delimitación del área restringida en el centro urbano y fija el inicio de las sanciones económicas para la primavera de 2028, aplicando un calendario escalonado que eximirá a los vehículos con etiqueta B hasta el año 2030.
El ejecutivo defiende el cumplimiento legal y la flexibilidad de los plazos
El equipo de gobierno ha justificado la delimitación del mapa y la estructura de la ordenanza basándose en la obligación dictada por la Ley Estatal de Cambio Climático para municipios de más de 50.000 habitantes. El delegado de Desarrollo Sostenible, Borja Olazabal, ha explicado que "el diseño es heredero de los procesos de peatonalización previos en el Paseo Colón o la Plaza San Juan", y que los plazos propuestos otorgan "un margen temporal razonable para la adaptación de la ciudadanía". Desde el grupo socialista se ha descartado la realización de una consulta popular por tratarse de un imperativo legal, remarcando que el documento definitivo nace con "más de una treintena de exenciones específicas para residentes, comerciantes y colectivos vulnerables".
La formación jeltzale ha hecho hincapié en la "configuración geográfica de la localidad", argumentando que la falta de un ensanche tradicional ha obligado a realizar "un encaje técnico complejo para no perjudicar la actividad económica del núcleo urbano". El portavoz del PNV, Gorka Alvarez, ha recordado que las mediciones oficiales sitúan la calidad del aire de Irun en niveles óptimos durante casi todo el año, por lo que la medida responde "estrictamente a la adaptación normativa". El representante nacionalista ha calificado la propuesta como "una de las más laxas del entorno" y ha invitado a las asociaciones vecinales y sectoriales a presentar alegaciones técnicas para mejorar la redacción del texto articulado.
La oposición reclama el refuerzo del transporte y advierte del impacto periférico
La necesidad de acompañar las restricciones de tráfico con alternativas viables de movilidad ha concentrado las principales demandas de la oposición durante este primer trámite. Desde EH Bildu se ha condicionado la eficacia de la ZBE a "una reordenación profunda del espacio público que evite el aislamiento del centro respecto a los barrios limítrofes". Oihana Briones ha reclamado "la creación urgente de aparcamientos disuasorios en los accesos de la ciudad", la reserva de plazas de la OTA para residentes de las zonas afectadas y "una mejora de las frecuencias de las líneas de autobús urbano" para evitar que la periferia absorba el tráfico expulsado.
Por su parte, Elkarrekin Irun ha centrado sus críticas en "la falta de ambición ambiental global del proyecto", señalando el riesgo de generar un efecto frontera que sature de vehículos calles transitadas de San Miguel o Anaka. La portavoz, Thania Pazos, ha denunciado "la escasez de procesos de participación ciudadana previos con los vecindarios situados fuera del perímetro acotado" y ha anunciado enmiendas encaminadas a "blindar la gratuidad del transporte colectivo". En una línea similar de rechazo, el Partido Popular ha censurado "la vertiente sancionadora de la ordenanza", cuyas multas alcanzan los 200 euros. Iñigo Manrique ha calificado el sistema de "discriminatorio para las familias con rentas bajas" que no pueden renovar su vehículo y ha instado al Gobierno local a "flexibilizar la burocracia exigida a los transportistas".
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