Irun exigirá al Gobierno de España por "imperativo ético" la anulación de los honores oficiales a Melitón Manzanas a petición de la Egiari Zor Fundazioa
A propuesta de la Fundación Egiari Zor, el Pleno de Irun ha instado al Gobierno de España a retirar de inmediato todos los honores oficiales al franquista Melitón Manzanas.
Pilar Garaialde Salsamendi, de la Egiari Zor Fundazioa, durante el pleno de Irun de mayo
El Pleno del Ayuntamiento de Irun aprobó, en su última sesión ordinaria del pasado viernes, una moción impulsada por la Fundación Egiari Zor que solicita formalmente al Gobierno de España la anulación y retirada de todas las condecoraciones, medallas y honores oficiales que ostenta actualmente Melitón Manzanas González. El texto reclama al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que inicie los trámites oportunos al amparo de la legislación vigente para decretar la cancelación de estas distinciones en los registros oficiales, así como la eliminación de cualquier mención honorífica en los boletines institucionales. La iniciativa salió adelante con el respaldo de una amplia mayoría de la corporación local, sumando un total de 21 votos a favor procedentes de las filas del PSE-EE, EH Bildu, EAJ-PNV y Elkarrekin Irun, frente a los dos votos en contra de los representantes del Partido Popular.
El engranaje del sistema represivo de la dictadura
La exposición de motivos de la propuesta aprobada en el consistorio irundarra recuerda que Melitón Manzanas ejerció como jefe de la Brigada Político-Social de Gipuzkoa durante la dictadura franquista, una trayectoria documentada en diversos informes judiciales y testimonios que constatan la práctica de torturas, detenciones ilegales y vulneraciones graves de los derechos humanos. La portavoz de la Fundación Egiari Zor, Pilar Garaialde, defendió ante la cámara que este policía "no representó un exceso individual, sino el engranaje visible de un sistema que normalizó la tortura para destruir la disidencia política, sindical y cultural". Asimismo, la representante de la entidad social expuso que "decenas de personas sufrieron el sadismo y la violencia en los interrogatorios dirigidos por Manzanas", señalando que al menos dos de ellas fallecieron en comisaría a consecuencia de las secuelas de estos métodos coercitivos.
Desde la perspectiva técnica y jurídica, el texto de la moción fundamenta la petición en los dictámenes de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a las administraciones públicas a revisar y revocar cualquier distinción o título nobiliario que suponga la exaltación de la sublevación militar, la guerra civil o la represión dictatorial. Pilar Garaialde comparó esta solicitud con los expedientes de revocación ya iniciados por el Ministerio del Interior en casos similares, como el del comisario Antonio González Pacheco. De igual forma, la promotora de la iniciativa aludió a la ley estatal de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, cuyo articulado prohíbe expresamente la concesión de condecoraciones a personas con trayectorias contrarias a los derechos humanos, para calificar de contradicción democrática el mantenimiento de estos honores.
El debate de las fuerzas políticas en el consistorio
El debate plenario permitió a los diferentes grupos municipales fijar sus posiciones respecto a la figura de Melitón Manzanas, asesinado por ETA en el año 1968. Desde el grupo municipal del PSE-EE, la portavoz Nuria Alzaga remarcó que "no existe ninguna duda sobre la condición de victimario de Manzanas dentro del sistema de persecución franquista", defendiendo la necesidad de mirar al pasado de forma crítica para "evitar la impunidad de figuras vinculadas al miedo y a la eliminación de la pluralidad política". No obstante, la representante socialista precisó que reconocer la complejidad histórica implica asumir que fue asesinado por una organización terrorista y que "nadie tenía derecho a quitarle la vida", argumentando que condenar el franquismo no debe llevar a justificar la violencia. En términos similares, el portavoz de EAJ-PNV, Gorka Álvarez, recordó que el derecho a la vida constituye" un principio humano universal, inviolable e inalienable".
Por parte de EH Bildu, el portavoz Gorka Berasategui incidió en que "el único mérito del entonces jefe policial consistió en maltratar sistemáticamente a las personas que luchaban contra el régimen general franquista", por lo que urgió al Estado a aplicar las leyes que impiden distinguir a quienes vulneraron los derechos fundamentales. La portavoz de Elkarrekin Irun, Thania Pazos, enmarcó el voto favorable de su coalición en una "exigencia de reparación y dignidad hacia las víctimas", asegurando que las instituciones públicas tienen la "responsabilidad ética" de retirar unos símbolos y reconocimientos colonizados por el pasado represivo que no encajan en una sociedad democrática actual.
El voto disconforme provino de las filas del Partido Popular. La concejala Carlota Sanz justificó su rechazo explicando que, si bien comparten "la idoneidad de retirar las medallas al mérito policial otorgadas en 1968 por el régimen dictatorial", la moción actual plantea también revocar la Gran Cruz de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo concedida en el año 2001. La representante popular argumentó que anular esta distinción póstuma equivaldría a aceptar de forma implícita el relato de la organización terrorista, sugiriendo la existencia de crímenes justificables en función del historial penal o político del afectado, lo que a su juicio debilitaría el principio de que el terrorismo carece de cualquier tipo de legitimación.
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