Aprobada de forma inicial la Zona de Bajas Emisiones de Irun con el voto en contra de PP y Elkarrekin Irun
El Pleno de Irun aprueba inicialmente la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones con el respaldo del Gobierno local, la abstención de EH Bildu y el rechazo de Elkarrekin Irun y el Grupo Municipal Popular.
Confluencia de la calle Cipriano larrañaga, Juan de la Cruz, Plaza el Ensanche y Zuberoa en el centro de Irun
El Pleno del Ayuntamiento de Irun ha aprobado de manera inicial la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, una medida obligatoria por ley para los municipios de más de 50.000 habitantes que busca reducir las emisiones derivadas de la movilidad urbana. La iniciativa ha salido adelante gracias al respaldo de los partidos que integran el equipo de gobierno, PSE-EE y EAJ-PNV, frente al rechazo frontal del Partido Popular y Elkarrekin Irun, que han votado en contra. Por su parte, la formación EH Bildu ha optado por la abstención en esta primera fase, abriendo un escenario de negociación.
El debate ha reflejado las posturas encontradas de las diferentes fuerzas políticas en torno a la necesidad, el diseño y la oportunidad de implementar estas restricciones en la ciudad. Desde el equipo de gobierno se ha defendido la obligatoriedad legal y el carácter laxo de la norma propuesta, mientras que la oposición ha coincidido en señalar la falta de infraestructuras alternativas y el descontento generado en el tejido económico y comercial local.
Argumentos de los grupos municipales
El delegado de Desarrollo Sostenible, Borja Olazabal, ha abierto el debate enmarcando la propuesta en “el estricto cumplimiento del marco regulatorio estatal”, argumentando que “la normativa responde a la obligatoriedad dictada por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética”. El representante socialista ha subrayado que “la ciudad lleva más de una década trazando un camino hacia la sostenibilidad y la peatonalización”, y ha destacado que el texto presentado está muy trabajado tanto técnica como políticamente, habiéndose aceptado en torno al 75% de las aportaciones y exenciones sugeridas por la ciudadanía en las sesiones de participación.
En el turno de la oposición, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Iñigo Manrique, ha justificado su voto en contra afirmando que “se está creando un problema donde no lo había, ya que no existen datos de contaminación que avalen la medida en el municipio”. Manrique ha advertido que la Zona de Bajas Emisiones se convertirá en “un nuevo costurón que fracturará la ciudad física y socialmente, complicando el tráfico, penalizando a los vecinos con menos recursos” que no pueden renovar su vehículo y dividiendo a los irundarras en función de la etiqueta de su coche.
Por parte de Elkarrekin Irun, David Nuño ha argumentado el rechazo de su coalición censurando una gestión que ha calificado de “profundamente errónea, improvisada y alejada de la ciudadanía”. Nuño ha criticado la falta de transparencia, las contradicciones constantes del Gobierno municipal y un modelo participativo en el que, según sus palabras, “se ha informado tarde y mal con documentos técnicos incomprensibles, ignorando las reclamaciones del comercio local y generando una profunda desconfianza social” ante la falta de alternativas de aparcamiento y transporte público.
La portavoz de EH Bildu, Ane Unanue, ha justificado la abstención de su grupo señalando que, “aunque comparten el objetivo de lograr una ciudad más sostenible”, el Ejecutivo local ha entendido la participación como “un mero trámite administrativo”. Unanue ha echado en falta una “planificación de infraestructuras básicas” y ha adelantado una batería de alegaciones destinadas a “rediseñar la zona acotada, crear un plan de aparcamientos disuasorios periféricos y reconvertir las plazas de la OTA para el uso exclusivo de los residentes”.
Gorka Álvarez, en representación del socio de gobierno EAJ-PNV, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población recordando que la aplicación de esta medida “no es un capricho local sino un requerimiento legal puro y duro”. Álvarez ha reconocido la complejidad urbanística de la localidad para la movilidad y la aparente contradicción de “aplicar restricciones teniendo una calidad del aire buena”, pero ha puesto en valor el esfuerzo por “diseñar un perímetro mínimo razonable y una normativa progresiva y lax”a que minimice el quebranto en el día a día de los irundarras.
Cruce de reproches entre el equipo de gobierno y Elkarrekin Irun por la gestión del proyecto
El debate de la ordenanza ha generado momentos de fuerte tensión en las bancadas municipales, especialmente durante el turno de réplica entre el delegado de Desarrollo Sostenible, Borja Olazabal, y el portavoz de Elkarrekin Irun, David Nuño. El representante del equipo de gobierno ha defendido la transparencia del proceso señalando que se viene trabajando en esta medida desde el año 2022 a través de comisiones y mesas de sostenibilidad, por lo que ha tachado de “falsedades” las acusaciones de improvisación y opacidad vertidas por la oposición. Olazabal ha lamentado la actitud del portavoz de la coalición morada, a quien ha afeado “su falta de asistencia a la última mesa de sostenibilidad y de atención en las reuniones técnicas presenciales”, sugiriendo que se priorizan “las dinámicas de redes sociales frente al trabajo institucional”.
La respuesta de David Nuño no se ha hecho esperar y ha exigido “respeto institucional dentro del pleno”, afeando al delegado que utilizara un tono” chulesco” más propio de “una conversación de bar de madrugada”. El portavoz de Elkarrekin Irun ha justificado su ausencia en los últimos foros locales por “motivos de conciliación familiar”, recordando al concejal socialista que pronto conocerá esa realidad. Nuño ha insistido en que su grupo “no se inventa nada” y que el malestar social de los colectivos de comerciantes, hosteleros y asociaciones vecinales “es una realidad evidente que el Gobierno municipal se resiste a escuchar”.
La voz ciudadana alerta del impacto económico y la falta de alternativas reales en la movilidad
La sesión plenaria ha contado con la intervención del ciudadano y actor irundarra Javier Tolosa Etxepare, quien ha tomado la palabra para canalizar la incertidumbre y el descontento frente a las restricciones propuestas. Tolosa ha argumentado que “el verdadero problema no es el objetivo medioambiental, sino un relato institucional que no se corresponde con la realidad diaria”, dado que los propios datos municipales confirman que la calidad del aire en Irun es buena. En su discurso, ha censurado que las medidas se centren en castigar con cámaras y multas a los trabajadores con menos recursos que no pueden permitirse adquirir un vehículo eléctrico, lo que a su juicio genera una “discriminación económica contraria a la igualdad constitucional”.
El portavoz vecinal ha cuestionado la idoneidad de aplicar restricciones severas cuando la ciudad “carece de infraestructuras básicas como la Ronda Sur” y dispone de un transporte público cuyas conexiones y frecuencias resultan “insuficientes para el día a día”. Tolosa ha criticado duramente las contradicciones en la tramitación del proyecto y la gestión del proceso participativo, al que ha calificado como “una tomadura de pelo por las constantes idas y venidas en la mesa de decisión”. Asimismo, ha advertido a la corporación de que las previsiones técnicas contemplan que un elevado porcentaje del parque móvil local quedará excluido del centro urbano en los próximos años, transformando una política ecológica en un modelo de control y recaudación elitista.
Plazos de implantación progresiva y exenciones comerciales en el centro urbano
La ordenanza aprobada inicialmente plantea una aplicación dividida en dos fases temporales diferenciadas para suavizar el impacto en la movilidad de la comarca del Bidasoa. El primer periodo se extenderá desde la entrada en vigor de la norma hasta el 31 de diciembre de 2029, mientras que la segunda fase, que endurecerá los requisitos de acceso en función de los distintivos ambientales, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2030. Desde la delegación de Desarrollo Sostenible se ha remarcado que el documento actual es más laxo que el diseño original tras haberse incorporado cerca del 75% de las aportaciones externas y exenciones planteadas por los colectivos locales, incluyendo el acceso libre para situaciones de emergencia ciudadana como la necesidad de acudir a farmacias de guardia o centros sanitarios.
La delimitación de la Zona de Bajas Emisiones se ha diseñado bajo el criterio de establecer el perímetro mínimo razonable y factible para dar estricto cumplimiento a las exigencias de la Ley de Cambio Climático. El texto definitivo de la ordenanza buscará un equilibrio técnico para que el régimen de autorizaciones no suponga un quebranto en la actividad del comercio y la hostelería del centro de Irun. Tras este primer trámite plenario, se abre un plazo reglamentario de alegaciones donde los diferentes grupos políticos y la propia ciudadanía de a pie podrán registrar formalmente sus propuestas de mejora, alternativas de aparcamiento disuasorio o modificaciones en el diseño del perímetro acotado.
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