Una vivienda de alquiler público en Irun lleva ocupada ilegalmente desde el 24 de agosto de 2020, hace ya casi seis años. Es el caso más antiguo de las once viviendas públicas que permanecen okupadas actualmente en Gipuzkoa. En el conjunto de Euskadi, el expediente más antiguo se sitúa en Barakaldo, donde la ocupación de un piso del parque público del Gobierno Vasco se remonta al 16 de agosto de 2019, hace casi siete años. Son los ejemplos más llamativos de las 49 viviendas públicas que permanecen ocupadas actualmente en Euskadi, según la última documentación remitida por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, al Parlamento Vasco a raíz de una pregunta parlamentaria realizada por el PP.

La respuesta deja ver que el Gobierno Vasco está actuando en una doble vertiente: no solo intentando recuperar las viviendas ya ocupadas, sino también reforzando la prevención para que no entren en nuevas.

Los nuevos datos muestran que el número de viviendas ocupadas ha bajado de 54 a 49 desde la última actualización que dio el consejero Denis Itxaso en septiembre de 2025, cuando explicó que desde 2020 se habían recuperado 94 inmuebles para devolverlos al parque público de alquiler. Esta vez, además, el Parlamento ha recibido un dato nuevo: la fecha exacta desde la que está ocupada cada vivienda, lo que deja claro que algunos casos llevan enquistados casi siete años.

Esas 49 viviendas ilegalmente ocupadas son una parte mínima del parque público de alquiler protegido de Euskadi, que suma 30.074 viviendas en total, según los últimos datos del Gobierno Vasco. De ellas, 17 pertenecen al parque que gestiona Alokabide, 14 al programa Bizigune y las 18 restantes son del parque propio del Gobierno Vasco.

Desde 2022 se han protegido 1.826 viviendas con 2.437 sistemas de seguridad, entre puertas antiintrusión y alarmas

En Gipuzkoa hay once viviendas ocupadas. La más antigua, la de Alokabide en Irun, desde agosto de 2020. Le siguen una en Tolosa, desde mayo de 2023, y otra en Andoain, desde junio de 2024. El resto de casos son más recientes: cuatro de finales de 2024 (tres en Donostia y una en Hernani) y cinco de 2025 (Errenteria, dos en Arrasate, Pasaia, Soraluze y una tercera vivienda en Donostia).

Puertas antiintrusión

Ese esfuerzo por prevenir también se nota en otro dato: desde 2022, el Gobierno Vasco ha protegido 1.826 viviendas con 2.437 sistemas de seguridad, entre ellos 1.626 puertas y pantallas antiintrusión y 811 alarmas. Las cifras muestran que muchas viviendas tienen doble protección.

Solo en lo que va de 2026 se han protegido 450 viviendas más, 142 de ellas en Gipuzkoa. En Araba, Álava suma 985 viviendas protegidas; Gipuzkoa, 410, y Bizkaia, 431.

Los datos también dejan ver el amplio dispositivo que Alokabide tiene desplegado para proteger el parque público. Su contrato incluye el suministro, instalación, alquiler mensual y retirada de puertas antiintrusión, además de pantallas metálicas para ventanas o balcones, alarmas, cepos para garajes, tapiado de inmuebles, actuaciones urgentes las 24 horas, intervenciones en fin de semana y copias de llaves. Entre los precios: 55 euros al mes por el alquiler de una puerta antiintrusión, 70 euros por instalarla, 40 euros por desmontarla, y un suplemento de 110 euros por actuaciones urgentes o fuera de horario.

Según los precios recogidos en el contrato, mantener una puerta antiintrusión durante seis meses cuesta al menos 440 euros —70 euros de instalación, 55 euros mensuales de alquiler y 40 euros de retirada—, una cifra que se eleva a 770 euros si la protección se mantiene durante un año. 

A ese importe, según explica Itxaso, pueden añadirse otros conceptos, como pantallas metálicas, alarmas, tapiados o actuaciones urgentes, por lo que el coste final de cada expediente depende del dispositivo desplegado y del tiempo que permanezca instalado.

Los garajes de Arrasate

Los datos aportados por el consejero también permiten ver la presión que sufre el parque público. Entre 2023 y el pasado 22 de mayo, el servicio de atención de Alokabide recibió 513 avisos por indicios o riesgo de ocupación ilegal. No todos se consuman. Entre ellos hay también garajes, trasteros y zonas comunes. Gasteiz concentra 216 avisos, muy por delante de Bilbao, con 67.

Gipuzkoa es el territorio con menos casos. Llama la atención el de Arrasate, con 28 avisos en los últimos cuatro años, más incluso que Donostia (20). Y sorprende que la mayoría sean plazas de garaje, 14 en total, además de 10 viviendas y 4 trasteros. También destacan Eibar, con diez avisos; Irun, con ocho; Beasain, con siete; Tolosa y Hernani, con seis cada uno; Andoain y Bergara, con cinco, y Pasaia, con cuatro.

Alokabide ha gastado más de 13.400 euros en IBI y tasas de basura de estas viviendas okupadas

La respuesta parlamentaria también recoge los gastos que asume Alokabide por las viviendas ocupadas de su parque: 8.946,83 euros en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y 4.454,48 euros en tasas de basura. Más de 13.400 en estos inmuebles.

En el caso de Bizigune —el programa que gestiona vivienda vacía cedida por propietarios particulares al Ejecutivo para alquilar—, el Gobierno aclara que el IBI no supone un coste añadido al sistema público, porque corresponde a los propietarios de las viviendas cedidas, mientras que las tasas de basura, según el municipio, pueden pagarlas los propios ocupantes al darse de alta en el servicio.