"La Zona de Bajas Emisiones afectará a menos del 15% del parque móvil, es una oportunidad para hacer una ciudad para las personas"
El Ayuntamiento de Irun ha abierto en Txanaleta el nuevo punto informativo de la Zona de Bajas Emisiones para aclarar las exenciones vecinales ante su implantación en 2028.
Sergio Javier, delegado de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Irun, en los estudios de la Cadena SER
El Ayuntamiento de Irun ha puesto en marcha un punto de información presencial en la Plaza Txanaleta dedicado en exclusiva a resolver las dudas de la ciudadanía sobre la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Este servicio, que permanecerá activo hasta finales de septiembre, funciona en horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, ampliando su atención las tardes de los miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 horas. El delegado de Movilidad, Sergio Javier, ha concretado en Radio Irun que este espacio busca ofrecer respuestas directas y personalizadas antes de la entrada en vigor de las restricciones, prevista de forma aproximada para la primavera de 2028. El periodo oficial de exposición pública y recogida de alegaciones se encuentra abierto y los interesados podrán registrar sus propuestas técnicas a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) o del registro electrónico municipal hasta el próximo 6 de agosto.
Un calendario escalonado con treinta exenciones para adaptar el centro urbano
La futura ordenanza reguladora, aprobada inicialmente el pasado mes de mayo con los votos de PSE-EE y PNV, la abstención de EH Bildu y el rechazo de Elkarrekin Irun y el Partido Popular, delimita un perímetro restringido de 0,76 kilómetros cuadrados en el centro urbano, lo que representa el 1,8% del total del término municipal. El calendario de implantación se ejecutará de manera progresiva y no será hasta el año 2030 cuando comience la segunda fase, momento en el que se aplicarán las limitaciones de acceso a los vehículos que posean el distintivo ambiental B de la Dirección General de Tráfico (DGT). Las estimaciones técnicas del proyecto apuntan a que, de cara al año 2030, "la combinación de estas medidas permitirá disminuir las emisiones de dióxido de carbono en un 20% y reducir los desplazamientos en vehículo privado en un 25% dentro del entorno afectado", según explica el responsable de Movilidad.
El documento contempla alrededor de una treintena de exenciones específicas y regímenes transitorios diseñados para flexibilizar la normativa ante las diferentes casuísticas vecinales y profesionales. Las personas que se encuentren empadronadas dentro del perímetro acotado antes de la entrada en vigor de la ordenanza dispondrán de "una autorización permanente que les permitirá acceder a sus residencias con independencia del distintivo ambiental de su automóvil". Una protección similar se aplicará a los propietarios de plazas de garaje situadas en el interior de la ZBE antes de la primavera de 2028, mientras que aquellos ciudadanos que se empadronen o adquieran un estacionamiento con posterioridad contarán con un régimen transitorio "para facilitar su adaptación hasta la llegada de la segunda fase".
Las excepciones también amparan los casos de movilidad reducida, la atención a personas dependientes a cargo y las necesidades específicas del sector comercial y hostelero local. Tras mantener diversos encuentros con estos grupos de interés, el área de Movilidad estimó técnicamente viable "declarar exento el acceso a los aparcamientos subterráneos de Luis Mariano y San Juan", por lo que cualquier conductor podrá estacionar en ellos con independencia de la etiqueta de su vehículo. Para los transportistas y gremios profesionales autónomos, Sergio Javier explica que se va a habilitar un sistema de "declaración responsable única" que se tramitará al inicio del proceso, una única vez, y "les eximirá de solicitar permisos continuos para sus labores" de reparto o reparaciones de urgencia en el centro. Asimismo, las visitas médicas o farmacéuticas de urgencia que se realicen con turismos sin distintivo dispondrán de un margen de 48 horas posteriores al acceso para justificar la entrada sin recibir sanción.
Seguridad jurídica y la búsqueda de infraestructuras de circunvalación exteriores
El retraso en el cronograma de tramitación de la ZBE en Irun respecto a otras localidades responde, según ha detallado el delegado, a la "necesidad de dotar al texto de una mayor seguridad jurídica tras analizar los fallos de procedimiento administrativo que motivaron la anulación de ordenanzas similares en otros municipios del Estado". Sergio Javier ha precisado que el área ha evitado licitar el equipamiento tecnológico de control de matrículas de forma simultánea a la redacción de la norma, cumpliendo así con las últimas sentencias judiciales que exigen disponer de una aprobación definitiva previa. El ejecutivo local prevé adjudicar estos sistemas a finales de año tras ratificar el documento en el Pleno, adquiriendo el compromiso de "diseñar una tramitación telemática ágil y simplificada para el ciudadano" mediante una plataforma de pocos pasos.
El diagnóstico municipal elaborado en el año 2023 sitúa el porcentaje de vehículos empadronados en Irun que carecen de distintivo ambiental entre el 14% y el 15% del parque móvil total, una cifra que "disminuirá notablemente al restar a los residentes del centro amparados por las exenciones automáticas". El delegado de Movilidad ha remarcado que el propósito de la intervención se centra en "disminuir el tráfico de paso que utiliza el núcleo urbano" para desplazarse entre barrios, dando continuidad a las peatonalizaciones ya consolidadas en el entorno de la biblioteca de la calle San Marcial, la Plaza San Juan, la calle Berrotarán o Fueros. Las previsiones del área asocian la eficacia a largo plazo de estas restricciones a la ejecución de proyectos de infraestructura viaria supramunicipales que permitan desviar el flujo automovilístico hacia el exterior.
La posición fronteriza de Irun y la saturación estacional de la variante norte han motivado que el Ayuntamiento mantenga sus reivindicaciones ante la Diputación Foral de Gipuzkoa para agilizar el desarrollo de la Ronda Sur. El acuerdo institucional alcanzado en 2024 contempla la creación de un nuevo vial que enlazará la zona sur de la ciudad con la autopista, configurando "un anillo de circulación" que conecte con la variante norte a la altura de Artía y que no imposibilita una futura prolongación hasta el barrio de Behobia. El ejecutivo municipal sostiene que la disponibilidad de esta alternativa de trazado exterior resultará "clave para absorber la circulación desplazada y garantizar la fluidez del tráfico" una vez que se activen las cámaras de control de la ZBE en el centro urbano.
El debate político y la reforma pendiente del servicio de autobús urbano
El diálogo con el resto de formaciones de la corporación municipal se reactivará una vez concluya el plazo de presentación de alegaciones en el mes de agosto y se completen los preceptivos informes de contraste de los técnicos de la administración. Desde la delegación de Movilidad se ha mostrado una "disposición favorable a estudiar con rigor todas las aportaciones recibidas que cuenten con el parabién jurídico", asumiendo que las propuestas de los partidos políticos y colectivos vecinales pueden contribuir "a enriquecer la norma final y a detectar casuísticas particulares desatendidas". El Gobierno local ha reconocido que la mayor parte de los grupos caminan en una dirección compartida orientada a recuperar el espacio para el peatón.
Las demandas relativas a la creación de aparcamientos disuasorios más allá de las plazas existentes en Ficoba y la modernización de la red de transporte público forman parte de la agenda de negociación de los próximos meses. El consistorio acaba de adjudicar un contrato transitorio de 20 meses a una nueva empresa operadora para la gestión de Irun Bus, una licitación excepcional vinculada a las labores de preparación de las nuevas cocheras municipales. Esta adjudicación contempla la puesta en servicio de la nueva línea L5, que se encargará de conectar de manera regular los puntos de Mendibil y Elizatxo con el centro de la ciudad en San Juan y el recinto ferial de Ficoba, enlazando de forma directa el aparcamiento disuasorio de la entrada de la localidad con el perímetro de exclusión de la Zona de Bajas Emisiones.
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