Cinco acusados de una estafa piramidal en Irun se enfrentan a 42 años de cárcel
La Fiscalía de Gipuzkoa sostiene que los procesados captaron más de 1,6 millones de euros prometiendo grandes beneficios a amigos y allegados y los afectados reclaman cerca de 845.000 euros
Cinco personas, cuatro hombres y una mujer, se enfrentan a una petición conjunta de 42 años de prisión por su presunta participación en una estafa piramidal que habría afectado a una decena de personas en Gipuzkoa entre 2011 y 2015. Según la Fiscalía, los acusados aprovechaban la confianza de amigos y conocidos para captar dinero con la promesa de obtener importantes beneficios mediante inversiones financieras.
El principal acusado, un ingeniero informático, habría recibido 1.605.900 euros. Las acusaciones sostienen que los supuestos beneficios que percibían los inversores procedían en realidad de devoluciones parciales de su propio dinero. Los perjudicados reclaman cerca de 845.000 euros.
Más de un millón de euros de un matrimonio donostiarra
Entre las principales víctimas figura un matrimonio de Donostia que llegó a aportar 1.030.940 euros en aproximadamente un año. La pareja habría sido convencida para invertir en una supuesta operación financiera vinculada a un banco de Londres, con promesas de rentabilidad fija y sin riesgo.
Los inversores recibieron parte del dinero durante los primeros meses, pero la situación cambió en 2015, cuando solicitaron recuperar sus ahorros para afrontar el tratamiento médico de un familiar y el principal acusado no pudo devolverlos.
También figuran entre los afectados una empleada del hogar que habría perdido 50.000 euros destinados a comprar una vivienda para ella y su hijo, así como un profesor de tenis relacionado con los hijos de los procesados.
La Fiscalía pide hasta diez años de cárcel
La Fiscalía solicita ocho años de prisión por estafa hiperagravada y otros dos por integración en grupo criminal para el matrimonio señalado como principal impulsor de la trama y para el administrador de una asesoría que presuntamente daba apariencia de legalidad a las inversiones.
Para los otros dos acusados, hermanos del administrador, reclama seis años de cárcel para cada uno por ambos delitos. Además, las acusaciones piden que los cinco procesados devuelvan el dinero reclamado por los perjudicados.
El caso, investigado inicialmente en Irun y conocido públicamente en 2016, ha sido juzgado en la Audiencia de Gipuzkoa. Los acusados niegan los hechos y aseguran que desconocían cualquier actividad ilícita. Ahora, corresponde al tribunal determinar las responsabilidades penales y económicas.
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