El Estado español puede convertirse en el basurero del sur de Francia si continúa el trasiego de camiones que atraviesan la muga, entre ellas la de Irun en Gipuzkoa, con residuos urbanos no tratados -algunos peligrosos- procedentes de municipios galos para ser enterrados en vertederos del Estado español, especialmente de Aragón. Y aunque los datos son estimativos, los controles aleatorios de las fuerzas de seguridad arrojan este resultado: uno de cada tres camiones interceptados en la frontera transporta residuos ilegales.

Para intentar que eso no se produzca o, al menos, se reduzca, la Guardia Civil y la Gendarmería francesa pusieron en marcha en 2022 la operación conjunta Augias para el control transfronterizo del tráfico de residuos, con especial incidencia en Irun. De ella ha hablado con EFE el comandante Carlos Astráin, de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona, quien recuerda que el objetivo de este dispositivo es obtener información que, finalmente, acaba en la apertura de investigaciones más concretas.

Ya ha habido algunas, como la denominada Poubelle de la que el pasado mes informó la Guardia Civil y que supuso la desarticulación de una organización criminal que habría ingresado 16 millones de euros desde 2020 después de que empresas de recogida de residuos francesas contrataran sus servicios para deshacerse de ellos y enterrarlos en un vertedero de Zaragoza.

Un goloso negocio

¿Por qué es un goloso negocio llevar a los vertederos del Estado español la basura -sin tratar ni separar- que arrojan los franceses en los contenedores de sus municipios de la zona de Burdeos, la Costa Azul o Iparralde? La explicación es sencilla. En Francia la gestión de una tonelada de residuos de origen urbano, es decir, su tratamiento y eliminación, cuesta 250 euros, incluidos 50 euros por impuestos. Al otro lado de la muga, el coste por lo mismo, incluidos impuestos, es de 40 euros. Por eso, a los grupos organizados, que han visto un filón en esta actividad ilícita, les salen muy bien las cuentas, que son estas: un camión que transporte 20 toneladas de residuos pagaría en Francia 5.000 euros por gestionarlos, incluidos impuestos (20 toneladas por 250 euros cada una). En España, el coste sería de unos 800 (20 toneladas por 40 euros cada una).

La resta es fácil. Y si se descuenta el coste del combustible y el salario del conductor, los investigadores calculan que las organizaciones criminales pueden obtener un beneficio por camión de algo más de 3.000 euros. Si entran entre 10 y 20 vehículos diarios, el beneficio oscilaría entre 30.000 y 60.000 euros al día.

Es un cálculo a la baja. Porque, como explica Astráin, en los controles llevados a cabo en el operativo Augias por la Gendarmería y la Guardia Civil -se realizan varias veces al año durante tres días-, de cada 120 camiones interceptados por los agentes, entre 35 y 45 fueron denunciados por llevar residuos sin tratar. La zona con más afluencia de camiones es Irun, según se ha constatado en esos controles.

Camuflados tras una primera capa de residuos "legales"

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, del modus operandi detectado se desprende la existencia de empresas de ambos lados de la muga - radicadas en Catalunya y Aragón sobre todo, en el caso del Estado español- interrelacionadas para llevar a cabo esta actividad ilícita con métodos de apariencia legal.

En el caso del Estado francés son empresas concesionarias para la recogida de basuras domésticas que, en connivencia con otras españolas, trasladan hasta nuestro país los residuos urbanos sin gestionarlos antes, de tal manera que puede encontrarse entre ellos de todo, desde botes de pintura, pilas, disolventes, productos de la limpieza, etc... Algunos muy tóxicos.

Astráin recuerda a EFE que las legislaciones española y europea prohíben la entrada de residuos de este tipo desde otros países, bajo el principio de que cada país debe hacerse cargo de los suyos.

Sí pueden entrar los ya tratados, por lo que las organizaciones criminales simulan que lo están y aportan la documentación correspondiente.

Y para que todo parezca legal y puedan superar los controles si son interceptados, las primeras capas de la carga son residuos no peligrosos, como papel o cartón, que se transportan como si estuvieran clasificados y, por tanto, pueden enterrarse en un vertedero español. En otras ocasiones, son residuos de obras. Sin embargo, bajo esas capas se ocultan los residuos urbanos sin tratar.

De todos modos, si son descubiertos, es la comunidad autónoma correspondiente la que tiene que imponer la correspondiente sanción administrativa. Pero esa multa, aunque cuantiosa, no enturbia este lucrativo negocio, ya en manos de grupos criminales.

Problema medioambiental y fiscal

Para el Estado español, esta actividad supone un problema medioambiental de primer orden. Enterrar toneladas de residuos sin tratar, como ocurre en el vertedero de Zaragoza, puede provocar daños muy importantes en los ecosistemas y en la salud de la población próxima a esas instalaciones. Ya hay ejemplos de esos daños en la salud que actividades similares provocaron en Italia.

Para el Estado francés, el problema es fiscal, por la gran cantidad de euros que dejan de ingresar sus arcas al eludir esas empresas el pago de los impuestos.

La Guardia Civil, y en concreto el Seprona, ha incluido la lucha contra el tráfico de residuos entre sus prioridades, como también lo ha hecho la Gendarmería francesa.

Porque los delitos contra el medio ambiente, entre ellos el tráfico de residuos, ya es la cuarta actividad delictiva más importante en el mundo tras el narcotráfico, la trata de seres humanos y la falsificación.

Solo en la Unión Europea, según estudios recientes, el tráfico ilícito de residuos genera anualmente ingresos de entre 4.000 y 15.000 millones de euros.