Noticia publicada en Diario Vasco,el sábado día 10 de Abril de 2021.

Stop Desahucios exige un compromiso con las familias de las VPO de Artigalde

M. A. I. irun. Sábado, 10 abril 2021, 00:43

Alokairu, Stop Desahucios e Inquilinos Azora comunicaron ayer que en el mes de julio finalizarán los 15 años de alquiler social para las 33 familias de las VPO de Irun, cuyo propietario es Artigalde 2006 SL, empresa «que puede poner a la venta las viviendas en alquiler protegido, aunque sea a precios tasados», señalan.

Los inquilinos proceden de las listas de Etxebide, como demandantes de una vivienda de alquiler social, «precisamente porque no podían comprar ni acceder a una vivienda de alquiler en el mercado privado. Tenemos conocimiento de que muchas de estas familias, por su situación económica, ahora tampoco van a poder acceder a un préstamo bancario, por lo que acabarán siendo desalojadas de sus viviendas protegidas», añaden los colectivos antidesahucios.

Según explican dichos colectivos, la Ley de Vivienda Vasca (art 65) y el decreto 315/2002 de 30 de diciembre «permiten al Gobierno Vasco ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquirir las viviendas de VPO cuya protección haya finalizado y cuyos inquilinos no puedan comprarlas, aunque sea a precios tasados». Por ello, exigen «el compromiso del Gobierno Vasco referente a la adquisición de las viviendas cuyas familias en situación precaria no pueden acceder a un préstamo hipotecario y tampoco al mercado privado», para que dichas familias «puedan seguir viviendo en ellas en régimen de alquiler protegido, como hasta ahora».

Familias vulnerables

Los colectivos antidesahucios anuncian que no van a permitir «que familias vulnerables de las VPO en régimen de alquiler puedan ser desahuciadas una vez finalizado el periodo de sus alquileres sociales porque la empresa propietaria suba los alquileres a precios de mercado que no puedan pagar», e insisten en la denuncia de que «estas empresas adjudicatarias de las VPO del territorio han disfrutado de la subvención a fondo perdido del 10% del precio de venta de dichas viviendas. La vivienda es un derecho, no un negocio», concluyen.