El Ayuntamiento de Donostia ha recibido hoy la orden del Gobierno Vasco de iniciar el procedimiento para la declaración de Donostia como zona de mercado residencial tensionado, orden esta de la que se dará la oportuna información pública en el Boletín Oficial del País Vasco.

A partir de la notificación, el departamento de Vivienda y Agenda Urbana abre un plazo de 20 días hábiles para que el Ayuntamiento de Donostia "presente cuantas alegaciones y documentación que considere oportunas"

La solicitud fue registrada por el Consistorio de Donostia el 8 de noviembre de 2024, adjuntando como documentación el diagnóstico de la vivienda en la ciudad, su Plan de Vivienda y la necesaria memoria justificativa.

Esta noticia llega el mismo día en el que se ha conocido que el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha iniciado el procedimiento de declaración del municipio de Irun como zona de mercado residencial tensionado.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este miércoles la orden del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en la que se recoge el inicio del proceso para declarar zona tensionada a la ciudad fronteriza a petición del Ayuntamiento irundarra.

También en este caso se abre un plazo de 20 días hábiles de exposición pública de los estudios y la memoria que justifican el procedimiento para que las personas interesadas presenten alegaciones consideren convenientes.

Una lista que crece

Irun se convierte en el segundo municipio guipuzcoano en el que ha dado comienzo este trámite que permitirá topar los alquileres después de Errenteria, el pasado junio.

El pasado 17 de febrero el BOPV publicó el inicio del procedimiento de Barakaldo y el 14 de ese mes el del distrito 2 de Galdakao.

Itxaso, avanzó la pasada semana que se espera también para este mes la publicación del inicio del proceso en Zumaia y Lasarte-Oria, ya que se ha iniciado el de Donostia.

Con la declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado, el Ayuntamiento podría activar los instrumentos legales recogidos en la Ley por el Derecho a la Vivienda, como la contención y bajada de los precios de los alquileres, los beneficios fiscales o los controles a los propietarios con cinco o más viviendas.