Noticia publicada en Diario Vasco sección Bidasoa,el miércoles día 31 de Mayo de 2017.

Stop Desahucios Bidasoa aprecia mejoras pero pide un Plan de Vivienda Municipal «ajustado a las necesidades sociales»

Representantes de Stop Desahucios, en la plaza San Juan. / F. DE LA HERA

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• La plataforma plantea «a los gestores municipales que el alquiler social sea una medida prioritaria»

• I.M.
 
• IRUN

31 mayo 201700:08

Stop Desahucios Bidasoa ha comparecido esta semana para, en primer lugar, «agradecer a los gestores municipales que hayan utilizado el poder político en beneficio de las personas que han enfrentado situaciones de empobrecimiento sobrevenido». La plataforma, en la voz de sus miembros Ramón Muñoz y Bibi Liras, recordó que las mociones que ha ido presentando «en Irun y Hondarribia desde 2012 «para evitar desahucios y ofrecer alternativas a las familias desahuciadas de sus legitimas viviendas están dando frutos». Destacó especialmente que los «gestores municipales» se sensibilizaran en los casos de dos familias que «Kutxabank había condenado a deudas perpetuas además dejarles sin un techo».

Con todo, las ejecuciones hipotecarias «se están frenando, gracias a la lucha de las abogadas de las PAHs», pero crecen «exponencialmente los desahucios de alquiler. Las causas siguen siendo las mismas: pérdida de empleo, precariedad y salarios de miseria y suspensiones cautelares y cortes unilaterales de la RGI por parte del Gobierno Vasco».

El Ayuntamiento cifró en «400 las familias de Irun que percibieron ayudas al alquiler, 250 euros al mes para importes que son más del doble de esa cantidad. En situaciones inevitables de desahucio, se gestionaron plazas hoteleras a 30 euros diarios por pernocta, sin alimentación incluida». SDB requiere «a los gestores municipales que el alquiler social se plantee como medida prioritaria, solicitando al Gobierno Vasco viviendas de Alokabide (inexistentes hoy), instando a los bancos a poner a disposición de las familias sus viviendas vacías e insistiendo para que cumplan el Código de Buenas Prácticas Bancarias». También plantea que la Hacienda municipal devuelva el IBI cobrado de más por errores catastrales y que el Ayuntamiento se posicione ante las suspensiones cautelares y extinciones en la RGI. «Ante esta situación, el Consistorio no puede quedarse asumiendo los costes (con AES y Ayudas Especiales) sin decir nada».