El Estado confirma la cesión de Emigración al Ayuntamiento
El delegado de Gobierno, Jesús Loza, confirmó el traslado del INSS a un local municipal para la posterior entrega del inmueble al consistorio
La cesión al Ayuntamiento del conocido como edificio de Emigración, en el barrio de San Miguel, parece afrontar su recta final tras un proceso de altibajos en las negociaciones que se ha prolongado durante más de una década.
Las gestiones del Ayuntamiento con el Gobierno central, propietario del inmueble, comenzaron hace doce años. El consistorio quería convertirlo en el primer centro cívico de la ciudad, pero las reticencias del Estado a cederlo gratuitamente demoraron el proceso hasta acabar aletargándolo.
Llegó 2013 y el alcalde, José Antonio Santano, tratando de reactivarlo, moduló la propuesta para solicitar la cesión gratuita a la ciudad de la planta baja para destinarla a un espacio social para el barrio, especialmente para los mayores.
Para entonces, la situación del inmueble empezaba a ser deplorable. El consistorio protestó varias veces por el estado de la fachada, requirió que se reparara la barandilla exterior, solicitó que se actuara por la caída de los baldosines que recubren el exterior (y se colocó la malla verde), advirtió del deterioro de la cubierta... Finalmente, en 2015 el Gobierno central redactó un proyecto de rehabilitación que no llegó a ejecutar porque en 2017, ante la enésima solicitud municipal, accedió a cederlo a coste cero porque el Ayuntamiento se mostró dispuesto a asumir las reparaciones. El compromiso recogía también condiciones de uso: por un lado, apartamentos en alquiler destinados a jóvenes en la parte alta; por otro, un centro social para el barrio en 600 m2 de la planta baja. Todo ello respetando siempre el local de Lanbide.
Últimos escollos
A finales del pasado año, el Instituto Nacional de la Seguridad Social anunció la adquisición de un local en la plaza Azpiazu para trasladar allí las dependencias que se encuentran en Emigración. El tiempo necesario para adecuarlas y equiparlas iba para largo, «tres años», cifraba ayer Santano. Sin sacar la oficina del INSS de allí, el Estado no quería ceder el edificio, cuyo estado rozaba ya para entonces lo inadmisible.
Esa «situación de bloqueo» a la que aludió Santano es la que el delegado de Gobierno, Jesús Loza, se encontró cuando accedió al cargo en junio. «Afortunadamente hemos podido resolver el problema y alcanzar un acuerdo que se podrá materializar en muy pocos meses». Loza detalló que «tiene que ir al Consejo de Ministros, pero ya es sólo cuestión de seguir la tramitación; el desbloqueo está hecho».
La clave para desatascar la operación ha estado en encontrar una salida eventual para las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El Ayuntamiento, tras acordarlo con la Mancomunidad, ha ofrecido un local de la calle Juncal. La Seguridad Social ha aceptado. «La Junta de Gobierno aprobará la cesión el miércoles que viene», anunciaba ayer Santano, y ya será cuestión de semanas que el INSS se traslade allí. «Hay que agradecer al Ayuntamiento que ponga ese local a disposición de la Seguridad Social», valoró Loza. El alcalde, por su parte, destacó que, «aunque nunca estuvo en duda, queda garantizado que los servicios que la Seguridad Social presta en Irun se seguirán prestando en la ciudad».
Primeras obras en 2019
El final de este tortuoso camino no es sino el comienzo de otro que, en principio, se espera más sencillo. «Tenemos el proyecto de rehabilitación que hizo el Estado y hemos planteado incorporar al presupuesto 500.000 euros para una primera actuación», acondicionar la fachada y la cubierta, «que puede ser inminente». El proyecto del centro social para el barrio «podría elaborarse en 2019 y a finales de año o principios del siguiente, empezar la obra». En el caso de los apartamentos para jóvenes, «queremos cerrar el principio de acuerdo que tenemos con el Gobierno Vasco y que puedan empezar a construir en 2020».
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