Jokin Melida y David Soto sostienen la moción que llevarán al pleno de la semana que viene. / SPI
Sí se Puede Irun y EH Bildu han registrado esta mañana una moción para el pleno de la próxima semana en el Ayuntamiento de Irun para constituir una comisión de investigación que aclare lo ocurrido en torno a Korrokoitz, el cese de Xabier Iridoy como delegado de Urbanismo y Vivienda y las acusaciones vertidas por el alcalde de Irun contra su persona aludiendo que había trabajado con falta de transparencia y al margen de la legalidad.
“Necesitamos saber si todo esto ha sido parte del teatro político que se tienen montado tanto el PNV como Partido Socialista en relación a la búsqueda del rédito electoral o son ciertas las acusaciones vertidas por el alcalde, José Antonio Santano. Y en caso de no ser ciertas las acusaciones qué responsabilidad deberá asumir José Antonio Santano por una actitud tan reprochable”, ha asegurado el portavoz de SPI, David Soto.
Las dos formaciones cuentan ahora mismo con 8 votos (5 concejales de SPI y 3 concejales de EH Bildu), por lo que necesitarían sumar como mínimo al PNV para que la moción fuera aprobada o bien que el Partido Socialista se abstuviera en la votación.
“En política no todo vale. Si en el Ayuntamiento de Irun ha habido algún caso de corrupción o ilegalidad el alcalde está obligado a dar información sobre ello. Si el alcalde ha mentido y el anterior delegado de Urbanismo y Vivienda ha trabajado en el marco legal, se tendrá que explicar a la ciudadanía y se tendrán que explicar igualmente las razones por las que se han vertido esas acusaciones”, ha señalado por su parte el portavoz de EH Bildu, Jokin Melida.
Características de la comisión de investigación
SPI y EH Bildu han detallado también cómo funcionaría esa comisión de investigación y con qué plazos trabajaría. Cada grupo municipal tendría una persona titular y otra suplente, ambas con voz pero con un único voto por grupo municipal, siendo ese voto ponderado (en caso de no ser posible este sistema se iría a un voto por cada grupo municipal). La presidiría un concejal que no perteneciera ni al Partido Socialista ni al PNV. Serían sesiones públicas, abiertas tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación, reuniéndose cada 15 días. La primera de esas sesiones debería producirse no más tarde de 20 días naturales desde la aprobación en el pleno. Los grupos podrían solicitar la documentación que consideraran necesaria y la comparecencia de cualquier persona que consideraran oportuna. Esta comisión de investigación terminaría con un informe en el que se recogieran las conclusiones de la misma y que tendría que elevarse a pleno para su debate y aprobación.