El Pleno de Irun confirma que el nuevo parque de Palmera se llamará Nagore Laffage
Los corporativos también adjudicaron el contrato de las nuevas marquesinas y aprobaron cuatro de las seis mociones políticas debatidas en una sesión que duró casi seis horas
Poco merece rescatarse de la sesión plenaria que la Corporación municipal celebró ayer. Lo mejor, sin duda alguna, la unanimidad con la que todos los grupos políticos aprobaron definitivamente que el parque del interior de la glorieta Juan Vollmer, cuya obra ya ha comenzado, se denomine Nagore Laffage Casasola. En julio se cumplirán 11 años desde que la joven irundarra fuera asesinada por Diego Yllanes.
La propuesta nació del colectivo Erretxinduak, que recogió 3.600 firmas que apoyaran la petición. Los grupos municipales la abrazaron de inmediato y, tras haber recorrido el proceso de tramitación en los últimos tres meses, el Pleno le dio ayer la confirmación definitiva a una sola voz.
Fue en una sesión que duró seis horas, pero que no tuvo mucha cosa relevante más. Se adjudicó el contrato de nuevas marquesinas, postes de parada y mupis de la ciudad a cambio de su explotación publicitaria. Dado que los pliegos se aprobaron por unanimidad y la oferta elegida derivaba del procedimiento técnico de la Mesa de Contratación, fue poco más que un trámite.
Muchas mociones
La parte del Orden del Día para asuntos de gestión no era extensa. Daciones de cuenta, los dos asuntos referidos y otros dos, más técnicos, relativo uno a la actualización del Inventario Municipal de Bienes y Derechos y el otro, a una modificación en la norma que regula la gestión de los apartamentos para mayores de Lekaenea. Hubo, en total, seis intervenciones y no se alcanzó la media hora. Así, a las diez de la mañana comenzó el debate sobre las mociones, que no acabó hasta pasadas las 14.30 (ruegos y preguntas alargaron la sesión otra hora más). Hay que reconocer que en el día de ayer las mociones de los grupos eran, al menos, sobre asuntos locales. Eso no justifica las más de sesenta intervenciones que se sucedieron durante 4 horas y media con tan escaso bagaje práctico y, por momentos, tan bajo nivel.
La primera discusión fue sobre el Plan Gipuzkoa Babestu 20_30. PSE y Bildu llevaron un texto pactado sobre la inaplicación foral del documento, «preocupados» por el efecto en el parque comarcal de bomberos, «que muchos días está por debajo no ya del ratio adecuado, sino del mínimo». Pese a que el PNV presentó un texto alternativo y alegó que dos tercios de las peticiones del texto inicial «se acordaron ayer en una reunión entre Diputación y bomberos», se aprobó la moción de socialistas y abertzales. A propuesta de SPI se aprobó otra para que el código ético incorpore una prohibición de contar con familiares de cargos electos para cargos de confianza.
SPI y Bildu pidieron en otra moción que el Ayuntamiento cumpla las peticiones de Harrera Sarea, la plataforma ciudadana que colabora en la acogida a migrantes en tránsito. En este debate, de más de una hora, se elevó el tono y aparecieron expresiones poco afortunadas para lo que debe ser la confrontación de ideas en el marco institucional. Los proponentes y PNV aprobaron el texto, pero de la trifulca se desprendió que si los puentes están rotos entre Gobierno y Harrera Sarea, se repararán por la vía del diálogo y no por la de la moción sobrevenida.
Dos mociones relacionadas con Vía Irun (una de SPI sobre alargar el proceso de participación; otra del PNV sobre el anteproyecto de estación) quedaron sobre la mesa. Ambas discusiones sumaron más de hora y media y dejaron algunas posturas algo más cercanas y algunos conceptos bastante más claros.
La última moción, de EH Bildu, se refirió a la gestión que el Gobierno ha hecho del valor patrimonial de Ikust-Alaia con motivo de las obras para afianzar la estructura y garantizar accesibilidad. La oposición se mostró preocupada por el trato que está recibiendo el patrimonio municipal de esa villa y aunque el Gobierno propuso una reunión para aclararlo todo, SPI, PNV, Bildu y PP aprobaron la moción que requería entregar a los grupos y a la ciudadanía el informe previo sobre el valor histórico y patrimonial de la finca y de todos sus elementos.
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