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San Miguel-Anaka se redefinirá para acabar con la incertidumbre de los propietarios
El Ayuntamiento quiere ofrecer una solución a cada caso particular y anuncia que se tomarán «decisiones inmediatas». No hay demanda para la VPO programada ni capacidad financiera para afrontar las muy requeridas viviendas de alquiler protegido, así que se intentará no prolongar la indefinición
09.02.14 - 00:51 -
El colegio Lekaenea anunció la semana pasada la inversión de un millón de euros que, con financiación en parte del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento va a realizar en este centro que «se consolida en su ubicación actual». Este matiz último, significativo para el futuro del colegio, tenía una trascendencia mayor. El traslado de Lekaenea era una de las piezas del puzzle que componían la operación de reordenación de San Miguel-Anaka. Que el colegio se consolide significa que San Miguel-Anaka se redibujará.
«Trabajamos en varias posibilidades», reconoce el alcalde, José Antonio Santano. «Estamos intentando dar una vuelta al proyecto, pensando, principalmente, en los particulares, vecinos e industrias que llevan más de 15 años con sus propiedades fuera de ordenación, sin poder invertir en ellas. Queremos ofrecer una solución a cada caso, tomar decisiones inmediatamente». Esto no afectará al planeamiento recogido en el Plan General que se espera aprobar definitivamente este año. «Sí tendríamos que modificar el Plan Especial del ámbito», admite el primer edil. «Pero es un procedimiento más sencillo que podemos acometer en cualquier momento».
San Miguel-Anaka ha llevado un proceso muy lento y aunque en la accidentada historia de estas últimas dos décadas ha habido momentos en los que parecía que iba a lanzarse, vuelve a una situación de horizonte difuso. «La realidad -explica Santano-, es que no tenemos demandantes de VPO suficientes como iniciar una operación con 800 viviendas protegidas. La demanda ha caído muchísimo. Por un lado, porque en 10 años hemos construido 700 VPO, pero, sobre todo, porque muchos de los solicitantes no han encontrado en las entidades bancarias financiación para poder adquirir la vivienda». Al último sorteo, en la segunda fase de Oinaurre, se presentaron 759 solicitantes para 124 viviendas. Hasta el momento, se han adjudicado 85 y para las 39 restantes, quedan en la lista de espera 199 solicitantes. Dado que en las últimas operaciones de vivienda pública están pasando de media 5,35 demandantes para cada adjudicación, asignar el conjunto de viviendas de Oinaurre II podría terminar por agotar la demanda.
Estos datos dibujan sólo una parte de la realidad de la VPO en Irun. Al tiempo que los demandantes de la vivienda protegida tradicional han ido reduciéndose, ha crecido a gran velocidad la lista de quienes solicitan alquileres públicos protegidos. Una fórmula que no ha llegado a implantarse en la ciudad y que ya reúne a 1.169 solicitantes.
Replantear el futuro
La nueva realidad de la VPO manda, pero si financiar esta operación con viviendas públicas en venta era ya todo un reto que planteó numerosas dudas a la Corporación, qué decir de hacerlo con alquiler protegido. Los técnicos municipales estiman que la construcción de unos cuarenta pisos se eleva hasta unos cuatro millones de euros. Sacar adelante un 25% de la promoción pública prevista para dedicarla al alquiler, 200 viviendas, necesitaría de una inversión aproximada de 20 millones a los que habría que sumar su parte de las cargas y los costes de urbanización del ámbito. Aún más allá, esas cargas y esos costes habría que abonarlos en su totalidad antes siquiera de empezar a excavar para poner los cimientos.
«No hay Ayuntamiento que pueda cargar eso sobre sus espaldas», afirma el alcalde. «Necesitamos la implicación del Gobierno Vasco». Pero no parece estar para muchos excesos. Recientemente reclamaba el consistorio al Ejecutivo de Vitoria el cumplimiento de las obligaciones en materia de vivienda que tenía firmadas con la ciudad y que pasaban por la construcción de VPO de alquiler en Oinaurre y de pisos para jóvenes en Alberto Larzabal, también bajo el formato de alquiler protegido. Si ni siquiera aquello, que estaba rubricado, ha podido afrontar la consejería de Vivienda, no cabe pensar que se vaya a involucrar en una nueva operación que será, además, mucho más costosa.
Por todo ello, la indefinición que dura ya más de 15 años, amenaza con extenderse en el tiempo. «Estamos trabajando en alternativas, pero no podemos permitir que los propietarios de la zona sigan en esta situación que entendemos que es perjudicial para ellos», apunta Santano.
Señalaba que el Gobierno viene hablando de este asunto con el resto de grupos políticos municipales «porque todos éramos conscientes del problema. En lo que se ha podido, ya hemos ido dando pasos para ofrecer soluciones». Citaba como ejemplo el caso del colegio Lekaenea. «Hablamos con ellos y tomamos juntos la decisión de consolidarlo y hacer una gran inversión. Con las empresas de la zona también hemos hablado ya. Con los vecinos lo vamos a hacer inmediatamente, en cuanto tengamos algo concreto que poner sobre la mesa», asegura.
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