SPI y Bildu afirman que el remanente de 2017 se debe a la incapacidad de gestión del Gobierno local
Acusan al alcalde y su equipo de un «juego de números» para ocultar que el remanente real es de 26 millones de euros
Los portavoces de Sí se Puede Irun, David Soto, y EH Bildu, Jokin Melida, comparecieron juntos ayer para explicar la lectura que ambos grupos realizan del remanente presupuestario que la semana pasada anunció el Gobierno municipal «defendiendo su gestión con actitud grandilocuente», valoró Soto. «Los grupos aquí presentes lo que vemos es una incapacidad notoria, partidas que no se han gestionado y una falta de previsión».
Compararon las liquidaciones de los ejercicios 2016 y 2017 para reflejar bajadas en los porcentajes de ejecución de algunas partidas de gasto: «Inversiones reales, del 50,32% al 32,64%; transferencias de capital, del 42,41% al 16,96%; gasto corriente (donde figuran los servicios por áreas), del 87,07% al 84,64%». El total de ejecución en 2016 fue del «78,36% y en 2017, del 70,94%».
Más allá de resaltar desviaciones, también a la baja en la ejecución de ingresos, lo que ambos ediles subrayaron fue que «lo no ejecutado es dinero presupuestado que no ha revertido en mejorar las condiciones de vida durante el año. Como consecuencia, tras la gestión que el Gobierno local ha realizado del presupuesto, lo que aparece como remanente son 26 millones».
«Juego de números»
Esos 26 millones que citaban Soto y Melida están muy lejos de los 6 que cantó el Gobierno «como superávit, además, comparándolo con una empresa o un hogar. No tiene nada que ver. En un Ayuntamiento, todo euro no gastado y disponible a final de año, es dinero que no revierte en la ciudadanía», recriminó el portavoz de SPI.
La diferencia entre el remanente que presentó el delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, y al que se referían ayer los dos ediles de la oposición encuentra su razón de ser en lo que Soto llamó «un juego de números». A esos 26 millones, el Gobierno le restó 20 bajo el epígrafe de 'incorporación de remanente' que contabiliza «dinero de partidas que están pendientes de ejecución, no han terminado de ser ejecutadas o se prevén ejecutar en el marco del presupuesto de 2017. Esto se hace en otros Ayuntamientos, pero ninguno del entorno de Gipuzkoa hace una incorporación tan abultada», dijo Soto. «Es un tercio del presupuesto. Dinero no utilizado para lo que se previó, pendiente de ejecución o directamente guardado en el cajón».
Melida explicó que no son ajenos «a la lógica presupuestaria, ajustada al año natural. Cuando ciertos proyectos se adjudican en mayo o junio, es posible que a 31 de diciembre no hayan concluido y haya que continuarlos en el siguiente ejercicio. Eso lo entendemos». Puso el foco en que hay mucho ahorro derivado de «licitaciones que se adjudican muy por debajo del precio. Eso repercute en las condiciones laborales, con empresas que ganan concursos por no ajustarse al convenio de Gipuzkoa sino al del Estado. Es inadmisible».
Ahora queda ver en qué propone el Gobierno gastar ese remanente «si es que lo gasta. Hablan de precaución, pero su gestión denota falta de previsión o de ideas», achacó David Soto. Recordó que hay «compromisos desde el Pleno de presupuestos (temas energéticos, huertas ecológicas...). El delegado aún no ha contactado con nosotros. Veremos qué pasará».
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