El nuevo modelo de financiación de la ayuda a domicilio en Gipuzkoa, que estará sujeto a las mejoras que introduzcan los ayuntamientos, forma parte de las nuevas reglas del juego pactadas entre la Diputación y los municipios para pagar los 414 millones de euros al año que cuestan los servicios sociales a las arcas públicas del territorio.
El acuerdo, sellado con el apoyo del PNV y PSE y el rechazo de EH Bildu, modifica de forma sustancial el esquema hasta ahora en vigor. La pieza clave ha sido el servicio de ayuda domiciliaria, que pasará a pagarse a partes iguales entre la Diputación y los ayuntamientos. Hasta ahora, la institución foral ha venido sufragando el 82% de la factura, y el 18% corría a cargo de los fondos municipales. La entrada en vigor de la Ley vasca de Servicios Sociales, hace ya casi un año, obligó a dejar claras las competencias de cada institución. Y la ayuda domiciliaria, en teoría, corresponde a los ayuntamientos. Por contra, la institución foral debe asumir la gestión de las residencias municipales, lo que le supondrá un coste extra de 7 millones al año.
Pero a la Diputación también le interesa mantener con vida el servicio domiciliario -para evitar más demanda en centros de día y residencias- por lo que sufragará el 50% del gasto. La reducción se hará de forma progresiva. Este año los ayuntamientos recibirán 11 millones de euros; en 2018, 9,6 millones (una cuarta parte se distribuirá entre quienes hayan introducido mejoras) y para 2019 la cantidad se quedará en 8,2 millones.
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