Noticia publicada en Diario Vasco sección Más Actualidad Sociedad, el miércoles día 30 de Mayo de 2012.

VIVIENDA

Arranca la reforma que dejará decidir a los alcaldes vascos cuánta VPO se edifica

Los cambios de la «obsoleta» Ley vasca del Suelo llegan cuando cajas y bancos cierran el 'grifo' a la vivienda 

30.05.12 - 02:19 - 

JAVIER MUÑOZ | SAN SEBASTIÁN.

Pisos de VPO construidos en Muliate (Hondarribia), de los que quedan 25 para alquiler que se sortearán el próximo 26 de junio. :: DE LA HERA

Los grupos del PSE y PP, que suman mayoría en el Parlamento Vasco, respaldarán hoy la toma en consideración de una proposición de ley socialista para reformar de la Ley vasca del Suelo, norma aprobada en 2006 -un año antes del estallido de la 'burbuja inmobiliaria'- y que, entre otros muchos aspectos, define las reservas obligatorias para las viviendas protegidas: 75% cuando se trate de terrenos urbanizables (las afueras de los municipios) y 40% cuando sean urbanos (centro). Si los cambios salen adelante en la Cámara de Vitoria, y suponiendo que haya financiación -hoy bloqueada por la obligación que tienen bancos y cajas de provisionar cualquier préstamo al 'ladrillo', sea bueno o malo-, los alcaldes podrán modificar en el futuro los porcentajes para adaptarlos a los intereses de sus municipios.

El Gobierno de Patxi López, que es el que impulsa la reforma, ha asegurado que la flexibilidad solo se concedería a los ayuntamientos para hacer viables económicamente las operaciones de rehabilitación de los barrios degradados en áreas urbanas, que tienen costes elevados (realojos, etc.). Tales operaciones son la opción de futuro para la construcción residencial, una vez que parece periclitada la política de levantar sin cesar barriadas de nueva planta.

También con el propósito de ayudar a la rehabilitación, la reforma de la Ley del Suelo permite a los ayuntamientos rebajar a los promotores las plusvalías urbanísticas; es decir, los alcaldes podrán recortar la cesión obligatoria de una parte de los terrenos donde esté previsto edificar viviendas (asciende al 15%, pero el recorte podría llegar hasta el 5%).

Norma obsoleta

El Ejecutivo de Vitoria quiere aprovechar la ocasión para agilizar los procedimientos administrativos, que en su opinión son lentos. Todas esas modificaciones, solicitadas por los promotores en los debates del Pacto Social por la Vivienda, responden a un objetivo anunciado por el PSE: reforzar el poder municipal en materia urbanística y actualizar una normativa autonómica que fue concebida en la legislatura pasada, en un contexto económico diferente, por el departamento de Vivienda que entonces dirigía Javier Madrazo. Su sucesor en el cargo, Iñaki Arriola, ya advirtió al poco de llegar al cargo que la Ley del Suelo de 2006 enseguida se quedó «obsoleta» a causa de la crisis, una situación que se ha agravado hasta niveles que algunos creían imposibles cuando los socialistas desembarcaron en el Gobierno de Vitoria.

Por ello, sobre las modificaciones que se someten a debate en el Parlamento Vasco planea la incertidumbre del sector financiero, que tiene la llave de la política de vivienda. De momento, bancos y cajas van a cortar el grifo tanto a las viviendas de protección oficial (VPO) en promoción y compra como a la construcción de pisos de alquiler social. Esas entidades no solo llevan tiempo reduciendo la financiación al 'ladrillo', tanto del sector libre como de calificación pública, y tratando de limpiar sus balances todo lo que pueden. Como ahora les exigen cubrirse frente a cualquier préstamo a la vivienda, harán oídos sordos a las nuevas demandas de préstamos para el mercado protegido.

Ese es el telón de fondo de la reforma. La consejería de Arriola sostiene que no quiere dar libertad a los alcaldes con las reservas de suelo protegido y las cesiones obligatorias para que aprueben una mera rebaja de las mismas, sino para adaptarse a la crisis. Según la proposición de ley enviada al Parlamento Vasco, se trata de distinguir entre «regeneración de lo edificado y urbanizado de las simples actuaciones de nueva urbanización, al constituir dos realidades diferentes y que, como tales, precisan de distinto tratamiento».

En teoría, la toma en consideración de la proposición de ley está asegurada hoy en el Parlamento al tener el apoyo de PSE y PP; no obstante este último grupo no descarta presentar enmiendas durante la tramitación del texto. El PNV ha señalado que todavía está valorando el documento.