Ayuntamiento de Irun. / Oihana Sánchez
Los socialistas de Irun han presentado una moción sobre la situación de Catalunya para el pleno ordinario del mes de septiembre, que tendrá lugar este miércoles. Ante la crisis institucional, apoyan que “haya una salida política basada en el diálogo, la negociación y el pacto”. Piden igualmente “que se garantice la seguridad y libertad de todos los ciudadanos catalanes y de sus representantes políticos, especialmente de sus alcaldes”. Rechazan“cualquier iniciativa unilateral e ilegal” y defienden “que para cambiar las leyes es necesario hacerlo dentro de las instituciones y de la democracia”.
Miguel Ángel Páez, portavoz del grupo municipal Socialistas de Irun, asegura que “los socialistas de Irun estamos preocupados ante las situaciones a las que estamos asistiendo en Catalunya por el referéndum ilegal convocado para el próximo domingo, 1 de octubre. Es alarmante que, además de la fractura social que se está produciendo, alcaldes y concejales elegidos democráticamente por sus ciudadanos y contrarios a la celebración del referéndum, estén siendo señalados con el dedo, insultados y amenazados. Creemos firmemente que solo con el diálogo, la negociación y el pacto habrá una salida a esta crisis institucional en Catalunya”.
Este es el texto de la moción:
“El 1 de octubre el gobierno catalán pretende convocar un referéndum sobre la independencia fuera de la ley y sin garantías democráticas. La sociedad catalana ha sido y sigue siendo una sociedad responsable, profundamente democrática y abierta al diálogo.
La unidad del pueblo de Catalunya con este simulacro de referéndum, unilateral e ilegal, puede dividir a la sociedad catalana sin resolver ningún problema. Una cuestión tan compleja, tan trascendental y con tantas consecuencias no se puede decidir en un día, evitando la deliberación y el esfuerzo de consensuar, que es la mayor expresión de la democracia. Una ley aprobada con prisas, con el único apoyo de la mayoría independentista en el Parlament de Catalunya, a pocos días de la celebración del referéndum, no puede ser el instrumento para tomar una decisión que pretende acabar con más de cinco siglos de relación entre Catalunya y España.
El simulacro de referéndum que se pretende convocar no será efectivo ni vinculante, ni tendrá suficientes garantías democráticas, ni tampoco tendrá ningún reconocimiento internacional. No está amparado ni en la Constitución, ni en el Estatut d’Autonomia de Catalunya, ni en el Derecho Internacional, como así ha dicho la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, el Tribunal Constitucional, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya y los letrados del Parlament de Catalunya.
No tiene ninguna garantía democrática. Con un régimen electoral aprobado por una mayoría inferior a los dos tercios de los miembros del Parlament exigida por el Estatut de Catalunya, sin representación del poder judicial, con un censo no oficial, con interventores que solo defienden una de las opciones, con unas mesas compuestas por personas voluntarias que defienden una opción determinada, o sin exigencia de quórum mínimo de participación, entre otras deficiencias. No aceptamos la disyuntiva “o independencia o seguir como hasta ahora”. Queremos renovar el acuerdo para fortalecer la autonomía de Catalunya, mejorar su financiación y reconocer el carácter plurinacional de España en el marco de un Estado federal. Un acuerdo que sea sometido a referéndum para saber si los catalanes y las catalanas y el conjunto de españoles lo dan por bueno.
El Gobierno de la Generalitat y las formaciones políticas y las entidades que lo apoyan, los que impulsan el referéndum ilegal del 1 de octubre, las movilizaciones que la acompañan y la desobediencia a las leyes, a la justicia y a los fundamentos y valores de las democracias europeas han elegido un camino extremista y de radicalización al que pretenden arrastrar a toda Catalunya. Para ello y para difuminar las responsabilidades del gobierno y ocultar sus debilidades políticas y organizativas, se ha planteado como objetivo traspasar a los ayuntamientos gran parte de los preparativos del referéndum del 1 de octubre y culpabilizar hipócritamente a aquellos ayuntamientos que han decidido cumplir la ley. Actitud que no equivale a dar ningún tipo de apoyo a ningún gobierno ni en Catalunya ni en España.
Consecuencia de esta actitud del gobierno de la Generalitat y de quienes les apoyan, es la situación a la que estamos asistiendo en las últimas semanas, en que alcaldes y concejales, elegidos democráticamente estén siendo presionados, señalados con el dedo, insultados y amenazados. Esta situación, desgraciadamente, nos recuerda a los momentos más duros vividos en Euskadi en defensa de la democracia y la libertad.
Por todo ello, el ayuntamiento pleno acuerda:
1.- Apoyar una salida política basada en el diálogo, la negociación y el pacto que supere la actual crisis institucional en Catalunya.
2.- Garantizar la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos de Catalunya y de sus representantes elegidos democráticamente que gobiernan con rigor y responsabilidad los municipios al servicio de la ciudadanía.
3.- Rechazar cualquier iniciativa unilateral e ilegal, porque estamos convencidos de que así no se soluciona el problema, sino que se agrava. Apoyamos que vale la pena luchar dentro de las instituciones y la democracia para cambiar las leyes”.