Francia devolvió a 762 migrantes a la Policía en Irun durante el pasado año
El Tribunal de la UE ha fallado esta semana que el país galo no puede usar su control antiterrorista para acelerar la expulsión de personas sin papeles
Octubre fue el mes en el que se registró la cifra más alta de devolución de personas migrantes en la muga entre la Gendarmería y la Policía Nacional. Fueron 128 los extranjeros, la mayoría de países subsaharianos, entregados entre ambas autoridades, lo que se traduce en casi tres personas por día. Desde dicho mes, la cifra oficial ha ido menguando, aunque el resumen del ejercicio no puede considerarse reducido, ya que 2018 concluyó con 762 emigrantes expulsados de Francia a España en la frontera de Irun. Es decir, casi el triple de lo que podría considerarse un curso normal en cuanto a identificación de inmigrantes en situación irregular en esta zona se refiere.
La mayor afluencia se concentró entre los meses de verano y el arranque del otoño. Entre junio y noviembre se realizó casi el 80% del total de devoluciones entre las brigadas de extranjería galas y españolas. Pero el fenómeno no ha desaparecido, ya que aunque las entregas se hayan reducido a menos de la mitad de las registradas en esos picos máximos, el traslado de inmigrantes de un vehículo de la Gendarmería a uno de la Policía Nacional en la zona de Behobia sigue siendo, prácticamente, el pan de cada día. Y quizá esas entregas realizadas de manera oficial, no 'en caliente', repunten en los próximos meses.
La razón no es otra que el tirón de orejas infligido por la Justicia europea a las autoridades galas esta misma semana a través de un fallo que restringe la posibilidad de devolver a personas migrantes de forma inmediata aunque sean identificadas en los controles policiales establecidos de forma excepcional tras los atentados de la sala Bataclán de París en 2015. El Tribunal de Justicia de la UE concluye que «una frontera interior de un Estado miembro en la que se hayan restablecido los controles no puede asimilarse a una frontera exterior en el sentido de la directiva sobre el retorno».
Parte de la argumentación del tribunal se puede aplicar a los casos que hemos denunciado que han sucedido en Irun», explica el presidente de SOS Racismo, Mikel Mazkiaran. El responsable de la ONG argumenta que, según el fallo, «Francia no puede alegar un estado de alarma para justificar que expulsa a unas personas sin unas mínimas garantías», aunque prefiere conservar la prudencia hasta comprobar si este «toque de atención» es atendido por el Gobierno galo. A medida que se acerquen los meses de verano y aumente el tránsito de migrantes por la frontera se podrá comprobar el efecto del fallo europeo.
Aun así, SOS Racismo explica que de este fallo se pueden beneficiar miles de migrantes que son interceptados en la muga y devueltos de forma acelerada a territorio español por la Gendarmería francesa. Según las cifras que maneja la ONG, «no sería descabellado pensar que por cada entrega que se realiza de forma regular entre los cuerpos de seguridad de ambos países, se ejecuten una decena de forma irregular». Es decir, que el pasado año pudieron ser alrededor de 7.000 las personas que fueron expulsadas de Francia de forma extraoficial.
Código de fronteras Schengen
El origen del caso está en un control de identidad realizado en 2016 a un ciudadano marroquí, Abdelaziz Arib, en la proximidad de la frontera terrestre que separa Francia de España. El migrante, que circulaba a bordo de un autobús procedente de Marruecos, fue detenido y el Prefecto del departamento de los Pirineos Orientales adoptó una resolución por la que se le obligaba a abandonar el territorio francés y se ordenaba su internamiento. La detención preventiva fue anulada por el Tribunal de Primera Instancia de Perpiñan. Posteriormente, el Tribunal de Apelación de Montpellier confirmó la decisión y el Prefecto interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Casación francés que es el que elevó la cuestión al TJUE.
Y el Tribunal de Luxemburgo considera que «el propio Código de fronteras Schengen se opone a que una frontera interior en la que hayan restablecido los controles (como en el caso del estado de emergencia en Francia) se asimile a una frontera exterior» y concluye que «la excepción a la aplicación del procedimiento previsto por la Directiva sobre el retorno no tiene por objeto el caso de un nacional de un tercer país (...), aun cuando ese Estado miembro haya restablecido controles en dicha frontera debido a una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior del Estado miembro». Así las cosas, ninguna excepción podría justificar que un extranjero en situación irregular interceptado en Francia sea devuelto de forma acelerada a Euskadi sin pasar por el procedimiento oficial firmado entre los gobiernos francés y español, que permite la entrega en las primeras cuatro horas.
Silencio solidario por los refugiados
Decenas de personas se reunieron ayer en una nueva concentración del Círculo del Silencio en la Plaza Gipuzkoa de San Sebastián para mostrar su solidaridad con los inmigrantes y refugiados que se encuentran en las distintas fronteras del mundo.
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