Repunta la devolución de migrantes en la muga tras endurecer Francia su política migratoria
La Policía gala expulsa al doble de personas que en verano, pero lejos de las cifras de 2018. Asociaciones de uno y otro lado de la frontera se manifiestan contra la «vulneración de derechos» de las personas extranjeras
Francia es desde hace un mes un país más duro con los inmigrantes. El anuncio del Gobierno de Macron de un paquete de medidas estrictas sobre la población extranjera, como la creación de cuotas de inmigrantes legales y restricciones en la atención sanitaria para personas sin papeles, ha tenido una repercusión directa en Gipuzkoa, territorio de paso de los inmigrantes en su camino hacia Europa, con un aumento de devoluciones de migrantes en la frontera por parte de la Policía francesa a la española. Después de un año a la baja, con cifras en verano muy alejadas del volumen alcanzado el año pasado en plena crisis migratoria, este pasado mes de noviembre las devoluciones han vuelto a repuntar. En el último mes, la Gendarmeria ha entregado a la Policía Nacional a 61 personas, el doble que hace cuatro meses, según cifras a las que ha tenido acceso este periódico. Lejos queda, no obstante, las 128 personas devueltas en octubre de 2018. Casi todos vuelven más pronto que tarde a intentar cruzar de nuevo la frontera.
Para las organizaciones sociales que trabajan en la acogida de migrantes en la frontera, hay una causa-efecto clara, si bien oficialmente no se trata de controles migratorios, sino de operaciones de identificación de personas por motivos de seguridad, aunque las entidades sociales hablan de controles «étnicos» contra la inmigración irregular. Francia y España pertenecen al espacio Schengen, por el que en teoría está permitido el libre movimiento de personas entre fronteras, pero el país galo se ampara en un acuerdo bilateral que permite a las cuatro horas de su entrada al país la devolución de inmigrantes sin la documentación en regla.
Esas son las cifras oficiales, las que corresponden a las devoluciones según los acuerdos legales. Las asociaciones que trabajan en la acogida de los migrantes, sin embargo, llevan denunciando la existencia de devoluciones ilegales y aseguran que en estas últimas semanas también han ido en aumento. Se estima que por cada devolución entre policías se podrían producir otras diez de manera extraoficial.
La red de acogida de Irun ha constatado el aumento de personas retornadas de forma ilegal desde Francia, «sin cumplir los procedimientos marcados por la legislación y que garantizan unos derechos mínimos a las personas migrantes», lo que, de entrada, les deja sin acceso al recurso de alojamiento en Irun.
Aunque el volumen de migrantes en tránsito ha bajado, la red ciudadana sigue atendiendo una media de entre 250 y 300 personas al mes en los recursos habilitados por las instituciones y los propios que ellos ofrecen de manera voluntaria. En Irun, se ha habilitado recientemente un local con capacidad para 100 personas en un antiguo concesionario de coches, después de un año acogiendo personas en el albergue de Martindozenea.
Protesta simultánea
El repunte en el número de devoluciones de migrantes en la frontera coincide con un impulso a la movilización social en Francia a favor de los derechos de las personas extranjeras. Ayer mismo, varias asociaciones se manifestaron en el puente de Santiago, que hace de muga con Hendaia, para protestar por la «vulneración de los derechos humanos» de las personas migrantes.
La convocatoria se celebró de forma simultánea en otras cuatro ciudades franceses fronterizas: Briançon y Menton, en la muga con Italia; y Calais y Dunkerke, antes del paso hacia Reino Unido. Amnesty International France, La Cimade, Médicos del Mundo y Médicos sin Fronteras, Secours Catholique y asociaciones locales secundaron el llamamiento, al igual que Ongi Etorri Errefuxiatuak.
Todos reclamaron que Francia constituya una comisión parlamentaria que investigue y proponga soluciones «para poner fin a la violación de los derechos humanos» de las personas migrantes. Así, han citado, el problema de «la ausencia de cualquier dispositivo sanitario y social en las fronteras; o la destrucción de las viviendas precarias de las personas en tránsito -un problema que afecta a las poblaciones asentadas en Calais y Dunkerke, «pero también en el puerto de Bilbao», recordó ayer Ongi Etorri Errefuxiatuak.
También hacen constar los obstáculos a las peticiones de asilo; la situación de desprotección de las personas menores y no acompañadas; devoluciones en caliente; brutalidad, y hostigamiento a las personas solidarias». Catherine Verbruggen, de Ongi Etorri Errefuxiatuak y que acudió a la protesta en Hendaia, recordó que «en el rostro de las personas inmigrantes está marcada nuestra historia. Todos tenemos abuelos, padres, madres o tíos que en algún momento tuvieron que cruzar una frontera».
La respuesta institucional al reto migratorio también sigue tomando forma. El Gobierno Vasco evaluó ayer en Bruselas la iniciativa 'Share', que sugiere un mecanismo para que la distribución de los migrantes sea compartida por los países. Se basa en una fórmula en la que se tenga en cuenta los ingresos fiscales, la población y el índice de desempleo. Gobiernos autonómicos y regiones presentes en la cita de ayer manifestaron su compromiso con la propuesta y acordaron seguir trabajando juntos en un «ejercicio de solidaridad y corresponsabilidad» en la acogida de refugiados.
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