ECONOMÍA
El Gobierno Vasco no logra el apoyo de las diputaciones para el 'céntimo sanitario'
Las instituciones vascas confían en cumplir su previsión de ingresos aunque haya recesión. Gipuzkoa es «reacia» a subir los impuestos indirectos y Álava espera que no haga falta encarecer la gasolina si la reforma fiscal sirve para mejorar la recaudación
15.02.12 - 02:19 -
Los diputados generales Garitano, De Andrés y Bilbao son recibidos por el consejero vasco de Economía, Carlos Aguirre, antes del Consejo Vasco de Finanzas de ayer. :: I. AIZPURU
La propuesta del Gobierno Vasco de implantar en Euskadi el llamado 'céntimo sanitario' -un recargo adicional por esa cuantía en el precio de los carburantes destinado a financiar los gastos de la Sanidad y que ya aplican varias comunidades autónomas- no tuvo ayer buena acogida entre las diputaciones. Pero tampoco concitó un rechazo absoluto.
El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano (Bildu), se mostró «reacio» a subir los impuestos indirectos, aquellos que, como el IVA o los especiales sobre los carburantes, afectan a todos los ciudadanos por igual independientemente de su nivel de renta. Su homólogo en Araba, Javier De Andrés (PP), tampoco se mostró partidario de estrujar más los bolsillos de los contribuyentes. Más aún cuando expresó su confianza en que las reformas fiscales que han entrado en vigor este año en los tres territorios vascos, unido a las políticas de control del gasto, surtirán efecto y permitirán incrementar la recaudación hasta el punto de hacer innecesarias medidas adicionales como la señalada.
En todo caso, ambos dirigentes dejaron abierta la posibilidad de que la propuesta pueda estudiarse en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), en el que Gobierno Vasco y diputaciones tratan de consensuar la política tributaria. Quien no dio su opinión fue el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao (PNV), quien se la reservó hasta una comparecencia que dará hoy en Bilbao.
Y es que la incertidumbre económica es tan elevada que cualquier dirigente institucional se cuida mucho de rechazar de plano cualquier idea que pueda servir para mejorar el estado de las maltrechas cuentas públicas, aunque vaya en contra de su ideario político y económico. Nadie quiere pillarse los dedos y tener que desdecirse dentro de unos meses de lo asegurado hoy.
Las posturas públicas en torno al 'céntimo sanitario' fue lo más destacado del encuentro que mantuvieron ayer los diputados generales con representantes del Gobierno Vasco, encabezados por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre (PSE) en el tradicional Consejo Vasco de Finanzas (CVF) de febrero, que sirve para cerrar los datos de recaudación del año anterior por parte de las diputaciones y aprobar los flujos compensatorios entre territorios.
Como estaba ya anunciado, las diputaciones recaudaron en 2011 mil millones de euros menos de lo previsto. Frente a una estimación inicial de 12.500 millones, los ingresos por impuestos se quedaron finalmente en 11.480 millones, lo que sitúa la recaudación en niveles de 2005.
Confianza en las reformas
A pesar del error mayúsculo cometido el año pasado, de que la economía vasca tiene ya un pie en la recesión, y de que pese a la complicada situación económica la previsión para este año establece unos ingresos de 12.116 millones (600 más que en 2011), los protagonistas del encuentro rehusaron modificar esa estimación.
Todo lo contrario. Aguirre y De Andrés coincidieron en su optimismo de cara al efecto que tendrán las subidas de impuestos que han entrado en vigor este año en Gipuzkoa, Araba y Bizkaia. Ambos confiaron en que el incremento de la recaudación como consecuencia de la mayor presión tributaria sobre los contribuyentes compense en buena parte los efectos negativos de la debilidad económica.
El consejero recordó en este punto que este año ha desaparecido la deducción de 400 euros en el IRPF, que han subido las retenciones de trabajo y de capital, que se ha recuperado el Impuesto sobre el Patrimonio, que ha desaparecido el descuento del 'gasóleo profesional' para los transportistas, o que se han retocado los impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y Actos Jurídicos Documentados, entre otros cambios.
Además, anunció que las diputaciones tienen pendiente de cobro al menos 550 millones de euros por aplazamientos aprobados el año pasado a ciudadanos y empresas. Como recordó Aguirre, el montante de los aplazamientos es exactamente la mitad de la caída de recaudación sobre las previsiones iniciales.
Es por ello que el consejero consideró preferible «ser escrupuloso» a la hora de fijar escenarios, por lo que las previsiones no se tocarán al menos hasta que se vean los efectos de las recientes subidas de impuestos.
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