Arranca el juicio por el fraude en la Hacienda de Irun
El exdirector José María Bravo se enfrenta a 30 años de cárcel acusado de un fraude fiscal que acarreó pérdidas millonarias a las arcas forales
El juicio por el presunto fraude de la Hacienda foral de Irun arranca esta mañana en la sección primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, en Donostia, con la declaración de los acusados, José María Bravo, exdirector de oficina irundarra del Fisco guipuzcoano; su mujer, María Rosa Cobos; y su socio Pedro María Atristain.
Bravo se enfrenta a un petición de pena de 30 años de cárcel, hecha por la Diputación Foral y las Juntas Generales que se han presentado como acusación particular. Además en las últimas horas las instituciones guipuzcoanas han declarado su intención de seguir adelante con la acusación rechazando un pacto entre acusado y Fiscalía que hubiera conllevado una reducción importante en la petición de pena.
La Fiscalía de Gipuzkoa pide para Bravo penas que suman 24 años y 3 meses de cárcel por diferentes delitos de malversación, prevaricación, estafa, usurpación, receptación e insolvencia punible. Además, solicita para el exdirector de la Oficina de la Hacienda foral en Irún, acusado de apropiarse de unos dos millones de euros mediante el cobro de deudas tributarias a contribuyentes morosos que, luego, no eran ingresadas en Hacienda foral, una multa de dos millones de euros, por delitos presuntamente cometidos entre 1990 y 2004.
La Fiscalía reclama, además, 10 años y un mes de prisión para Cobos, esposa de Bravo, que trabajó en la Diputación guipuzcoana entre 1985 y 1994 y, posteriormente, en el Ayuntamiento de Errenteria y que se considera colaboradora de Bravo, por malversación, receptación e insolvencia punible, además de nueve años de inhabilitación absoluta y una multa de dos millones de euros.
Para el acusado, Pedro María Atristain, socio de José María Bravo en varias empresas, el ministerio público solicita una pena de un año y medio de cárcel por un delito de receptación.
Por otro lado, Bravo y Cobos deberán restituir o indemnizar a la Hacienda foral por vía de responsabilidad civil, con cantidades que suman casi dos millones de euros. Asimismo, el exdirector de la Hacienda de Irún tendrá que indemnizar a la institución foral, por las cantidades no cobradas, a consecuencia de resoluciones de insolvencia o prescripción no ajustadas a derecho, en 244.963,76 euros más intereses.
Además, la Fiscalía demanda que José María Bravo y su esposa indemnicen a la Hacienda de Guipúzcoa con 1,9 millones de euros más los intereses por las cantidades que entregaron al principal acusado una treintena de contribuyentes a los que aseguraban así saldaban sus deudas con el Fisco guipuzcoano.
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