El nueve de la calle Korrokoitz no se rinde
A LOS PROPIETARIOS DE ESTE EDIFICIO EN LA PARTE VIEJA DE | IRUN SE LES ACABA EL PLAZO PARA DESALOJARLO ANTES DE SU DERRIBO
UN REPORTAJE DE XABIER SAGARZAZU - Miércoles, 9 de Diciembre de 2015 - Actualizado a las 06:12h
Hace poco más de un mes que dieron la voz de alarma ante su situación y hoy mismo, a los propietarios de las dos viviendas y el local de los que se compone el edificio del número 9 de la calle Korrokoitz, en la Parte Vieja de Irun, se les acaba el plazo para abandonarlo y proceder cuanto antes a su derribo, asumiendo un coste de 32.000 euros, debido al estado de ruina declarado sobre él.
En estas últimas semanas, Mertxe Malles, propietaria de la vivienda del segundo piso (donde vive su hija con sus dos nietos), la pareja formada por Remedios González y José Luis Arias, de 73 y 76 años de edad (propietarios del primero) y Lourdes Alzate, peluquera de 52 años, que lleva “tres meses sin poder trabajar y sin ingreso alguno” después de verse obligada a cerrar su negocio en el bajo del inmueble, han tratado de “buscar una salida digna a través del Ayuntamiento de Irun”.
A esta institución le han pedido que les ofrezca “al menos una indemnización digna por la compra de un solar en el que, en el futuro, se van a vender viviendas a más de 300.000 euros” y, como máxima, que “asuma su responsabilidad sobre la futura construcción del ámbito de Korrokoitz, que sigue pendiente”, obligando a los promotores a realojarles o cuando menos a “asumir el coste del derribo”, explica Asier Martín, hijo de Mertxe Malles, que en nombre de los propietarios ha mantenido varias reuniones “con el alcalde, José Antonio Santano, con el edil de Urbanismo, Xabier Iridoy y con los técnicos municipales”.
“La única oferta firme del Ayuntamiento es de 62.000 euros, que descontando el coste del derribo, se quedaría en 10.000 euros por propietario”, lo que a estos vecinos les parece algo “irrisorio e indignante”.
SOLUCIONES PARCIALES En estas últimas semanas, el Consistorio ha afirmado que iba a buscar una “solución” para estos vecinos a través de los recursos del área de Bienestar Social. “Soluciones parciales e insuficientes a todas luces”, dicen ellos.
Remedios González y José Luis Arias, debido al estado de salud de este último, se han tenido que “buscar un piso de alquiler, de 600 euros, y lo que ha hecho el Ayuntamiento es pedir papeles y papeles, costear los gastos iniciales de inmobiliaria y demás, y ofrecer una ayuda de 200 euros al mes”. “Con los 1.000 euros de pensión entre los dos, tenemos que pagar los otros 400 de alquiler y luego, comida, agua, basuras y resto de gastos”, se lamenta Remedios González.
La hija de Mertxe Malles y sus nietos no piensan abandonar su hogar en el día de hoy y “no saben nada de a cuánto podría ascender la ayuda para el alquiler, en su caso”. Por su parte, la peluquera Lourdes Alzate está “hablando para acceder a las ayudas para alquiler de locales del programa K-Biziak, que ofrecen un 50% el primer año, un 25% el segundo y luego, nada más”, señala. “Me siento desahuciada después de 30 años trabajando” dice Alzate y señala, “aunque sea políticamente incorrecto decirlo”, que de tener “otra nacionalidad, tendría ayudas” y su situación “no sería la que es”.
“No nos vamos a rendir y no descartamos incluso entrar en la vía judicial, pero nos valdría una oferta digna por parte del Ayuntamiento”, concluye Asier Martín
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