Noticia publicada en Diario Vasco sección Economía, el domingo día 22 de Enero de 2012.
ECONOMÍA
Los ayuntamientos claman flexibilidad a la Diputación
Piden devolver en varios años la deuda del Fondo Foral de Financiación Municipal. Los gobiernos de Donostia, Irun, Elgoibar y Albiztur advierten de que una devolución en un solo año puede tener consecuencias serias en los servicios al ciudadano
22.01.12 - 02:32 -
Los alcaldes de Gipuzkoa se ven con el agua al cuello. El anuncio de la Diputación de que tendrán que devolver en torno a un 12,7% (el dato definitivo se conocerá en pocas semanas) de lo que el Gobierno foral les adelantó el año pasado del Fondo Foral de Financiación Municipal (Fofin) ha sido un mazazo y ha llenado de preocupación a la mayor parte de los gobiernos locales. Porque la nueva cifra supone un 54% más de lo que la propia Diputación les vaticinó en octubre. No es 'pecata minuta'. El Fofin es un pilar básico de las cuentas municipales. Como norma general, representa entre el 40% y el 45% de los ingresos de cada ayuntamiento. En cifras absolutas, los municipios contaban con devolver 34 millones, situación que ya les traía de cabeza, pero la cifra se ha disparado a casi 52.
Así que los ayuntamientos guipuzcoanos se preparan para un 2012 de órdago. Porque a esos 52 millones se suman los 99 que están devolviendo por el mismo concepto en 2009, año en el que también saltaron por los aires todas las previsiones de recaudación. En este caso lo están haciendo en tres plazos (2011, 2012 y 2013), a razón de 33 por ejercicio, por lo que este año deben reingresar a la Diputación un total de 85 millones. Una circunstancia que «puede llevar al colapso» a varios ayuntamientos que no tienen posibilidad de hacer frente a su compromiso en un solo pago, coinciden varios alcaldes.
Así funciona el sistema. Gobierno Vasco y diputaciones hacen unas previsiones de recaudación para el año y anticipan a los ayuntamientos su parte de la tarta. Si luego se recauda más, estos reciben como extra su parte proporcional. Pero si no se cumplen las expectativas, toca devolver en consecuencia. Ningún alcalde cuestiona que debe devolver ese dinero, aunque muchos se preguntan cómo las instituciones superiores pueden haber errado tanto (1.020 millones en Euskadi, un 8,1% menos de lo previsto, y 344 en Gipuzkoa, un 8,7%).
El debate es cómo realizar el pago. La posición mayoritaria es pedir a la Diputación una devolución a plazos, tal y como se acordó en 2009, cuando gobernaban PNV y Hamaikabat. Pero el Gobierno foral de Bildu se niega por el momento. Alega que esta fórmula le supone asumir unos intereses a los que no está dispuesto a hacer frente. Lo más que ofrece es cobrar la mitad de la deuda en febrero y el resto a lo largo del año. El problema de la Diputación es que también anda justa de recursos para afrontar sus obligaciones: cae la recaudación, no hay remanente y no tiene posibilidad de endeudamiento.
No se trata de una confrontación partidaria, como demuestra que el primero que ha levantado la voz en público ha sido el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre (Bildu), quien ha advertido de que «peleará» para que «esa devolución sea plurianual» y no en un año como «exige» la Hacienda foral. La capital debe devolver más de 23 millones.
Su delegado de Hacienda, Jabier Vitoria, va más allá y carga contra el modelo vigente. «El gasto corriente debe estar supeditado al ingreso corriente y no a la expectativa de ingresos», remarca. Añade que los ayuntamientos «requieren de una autonomía financiera que el sistema actual de financiación, con la política de riesgo compartido, no garantiza». El responsable de las finanzas donostiarras concluye que «el sistema de financiación municipal debe ser revisado de forma urgente» y advierte de que «este modelo no es el de Bildu. Los Ayuntamientos tienen mayoría de edad suficiente para no tener que andar tutelados».
Diez años de plazo en España
El alcalde de Irun, José Antonio Santano (PSE), advierte por su parte de que «los ayuntamientos somos la institución que menos margen de maniobra tenemos a la hora de ajustar el presupuesto, ya que el gasto corriente se lleva entre un 75% y un 80%». «El esfuerzo que llevamos haciendo los tres últimos años en Irun es brutal: la inversión ha caído un 42% desde 2008, hemos recortado un 15% el gasto corriente y un 7% el de personal, y no hemos pedido un solo créditos en tres años para reducir el endeudamiento», señala. Santano recuerda que en el resto del Estado, el Gobierno central ha concedido diez años a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para devolver su deuda. «No sé si diez o tres, pero aquí también necesitamos algún desahogo», insiste. La localidad fronteriza debe devolver más de siete millones.
Su homólogo en Elgoibar, Alfredo Etxeberria (PNV), critica la «falta de información y comunicación» por parte de la Diputación. «Hasta esta semana, no habíamos tenido ninguna noticia de Hacienda desde octubre», afirma. «Si por ellos fuera, seguiríamos dando por válidas sus previsiones de entonces en cuanto al cierre de 2011 y las expectativas para este año, que ya han quedado obsoletas. Somos responsables y estamos al tanto de la recaudación por otras vías para no andar a ciegas, pero es preocupante que Hacienda, encargada de la tutela financiera de los ayuntamientos, no hable con nosotros ni una sola vez en los tres meses finales del año, los más importantes porque hay que diseñar los presupuestos».
Etxeberria compara el modo de actuar del actual Gobierno foral con el anterior, que «ejercía de forma real la tutela que le corresponde y nos mantenía informados en todo momento de la evolución de la economía, los ingresos y las perspectivas».
Si la situación es complicada para los ayuntamientos medianos y grandes, no lo es menos para los pequeños. Albiztur, donde gobierna una plataforma vecinal que concurrió bajo las siglas de Aralar pero que agrupa a vecinos independientes de diferentes tendencias políticas, debe devolver 'solo' 50.000 euros.
10%-15% del presupuesto
Una cantidad nada desdeñable, puesto que supone el 14% del presupuesto municipal. Un porcentaje que se sitúa en la media, ya que el peso de las devoluciones a realizar este año representan en general entre un 10% y un 15% de los presupuestos de los ayuntamientos. Su alcalde, Gregorio Iraola, asume con resignación que «si se ha recaudado menos, habrá que devolver. Así lo dicta la norma». Huyendo de posibles polémicas, prefiere no valorar qué sistema de devolución puede ser el más adecuado, aunque remarca que si la Diputación opta por modelos 'a la carta', «no puede haber medidas que acaben siendo discriminatorias con quienes han gestionado de forma eficiente, porque se beneficiaría al que no ha gestionado bien».
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